El Tribunal Supremo brasileño rechaza anular imputación a Temer por corrupción
El juez Luis Roberto Barroso indicó que la solicitud de la Policía Federal en contra del presidente de facto es un acto previsto en la ley que no exime a los funcionarios públicos.
El juez Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), rechazo este martes anular el pedido de la Policía Federal para que el presidente de facto Michel Temer sea imputado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.
El magistrado consideró que la imputación es un acto previsto en la ley que “no exime de su incidencia a los ocupantes de los cargos públicos”.
Los abogados del presidente de facto habían pedido la semana pasada al juez Barroso la anulación del pedido de imputación, argumentando que la Policía Federal (PF) no tiene competencias para hacerlo sin la autorización del STF.
La PF investigó durante más de un año si Michel Temer recibió sobornos para emitir un decreto en mayo de 2017 con el objetivo de beneficiar a compañías del sector portuario.
Tras el fallo del juez, la Fiscalía debe decidir si formula una denuncia penal contra el presidente de facto, solicita nuevas investigaciones o pide que el caso sea archivado.
Para que el STF investigue y procese al presidente, según la Constitución, debe contar con la autorización del Congreso. El mandatario de facto ha negado las acusaciones que ha levantado la PF en su contra.
De acuerdo a las investigaciones revelados por medios locales, Temer habría usado empresas ficticias ligadas al coronel João Batista Lima Filho, para recibir sobornos de Rodrimar, una de las compañías beneficiada por el decreto presidencial que extendió el plazo de las concesiones públicas.
Una parte de las coimas habría sido transferida al presidente de facto mediante el pago de reformas inmobiliarias, como una realizada en la casa de su hija Maristela Temer, según el medio O Globo.
Michel Temer fue denunciado en dos ocasiones por la Fiscalía el año pasado por corrupción y formación de organización delictiva.
En ambos casos las acusaciones fueron congeladas por el Congreso hasta que concluya su mandato, el 1 de enero de 2019.