La huelga de hambre, única opción de los presos políticos saharauis

Cerca de medio centenar de presos políticos saharauis cumplen severas condenas en cárceles marroquíes en duras condiciones, sin respeto a los Derechos Humanos y a más de 1200 kilómetros de su tierra. La represión que padecen, con malos tratos, tortura y situaciones degradantes y humillantes, les lleva a luchar con la única arma que tienen a mano: la huelga de hambre.

Hasta el 31 de octubre de 2018, según datos del Frente Polisario, había en cárceles marroquíes 48 presos políticos saharauis -en otras épocas llegaron al centenar-, con elevadas penas impuestas en juicios denunciados por ausencia de pruebas y sin garantías. Hay nueve reclusos con cadena perpetua, cuatro condenados a treinta años, cinco a veinticinco, dos a veinte, otros dos a quince, seis a diez, y dieciocho  tienen penas de entre tres y seis años. A dos que fueron detenidos este verano, en Dajla y El Aaiún, les impusieron penas de cuatro meses a uno y cinco a otro.

La mayoría de los presos han protagonizado varias huelgas de hambre para denunciar las extremas condiciones de reclusión y ser trasladados a cárceles del Sáhara Occidental. En octubre de este año varios reclusos siguieron sin ingerir alimentos y otros se sumaron a esta medida.

Menos los dos presos detenidos el pasado verano, que se encuentran en la cárcel Negra de El Aaiún, los demás permanecen en prisiones situadas en territorio marroquí, en contra de lo que establece el IV Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en los conflictos armados –ratificado por Marruecos y al que se adhirió el Frente Polisario-, como han denunciado los abogados de los reclusos saharauis y ha expuesto el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela.

De las nueve cadenas perpetuas, ocho corresponden a presos del grupo de Gdeim Izik, el campamento reivindicativo que 20.000 saharauis levantaron a las afueras de El Aaiún, y que fue brutalmente desmantelado por la policía y el ejército marroquí el 8 de noviembre de 2010.

La otra cadena perpetua corresponde al preso  saharaui que más tiempo lleva actualmente en prisión, 14 años: Salek Laasairi, detenido en Tan Tan, sur de Marruecos, en diciembre de 2004, acusado del homicidio de un oficial marroquí. Preso en la cárcel de Ait Melloul, entre abril y mayo de 2014 estuvo 38 días en huelga de hambre en protesta por la violencia carcelaria marroquí.

Recientemente, el preso El Bachir Khadda (condenado a 20 años), del grupo de Gdeim Izik, estuvo 43 días sin ingerir alimentos por los continuos malos tratos que recibe y el aislamiento a que es sometido. Este año protagonizó otra huelga de hambre de 33 días, a la que puso fin ante las promesas de las autoridades marroquíes, como tener asistencia médica, que no llegaron a cumplir.

Un caso de ensañamiento es el que padece Mbarek Daoudi, de 68 años, defensor de los Derechos Humanos y de la autodeterminación del pueblo saharaui, que ha protagonizado varias huelgas de hambre, una de ellas de 51 días entre noviembre y diciembre de 2014. Fue detenido el 28 de septiembre de 2013 en Guelmin, sur de Marruecos, y tiene dos condenas, una de seis meses y otra de cinco años.

Condenado  primero por “poseer un uniforme militar” -estuvo más de 30 años en el ejército marroquí- y después por “posesión de 35 cartuchos para caza” e “intentar fabricar un arma” -la policía encontró en casa de su padre un arma de la guerra contra los franceses de 1936 que perteneció a su bisabuelo-, Daoudi informó a una ONG sobre la localización de una fosa común con restos de saharauis asesinados, y, a partir de ese momento, empezó su persecución y la de su familia, que es acosada continuamente por la policía marroquí: dos hijos fueron condenados a dos años de prisión y otros dos a uno. El padre fue torturado en presencia de un hijo y el hijo en presencia del padre: al final, Mmbarek Daoudi firmó la confesión que le presentaron.

Y como Daoudi, o como Mohamed El Hafed Yazza, en prisión desde febrero de 2008, condenado a 15 años, con graves problemas de salud por las torturas recibidas y a quien se recluyó en una celda con presos comunes marroquíes-, otros presos saharaui recurren a la huelga de hambre para denunciar el estado en que se encuentran, sin que gran parte de la prensa considere que son noticia.

La situación de los presos políticos saharauis ha llevado a intervenir a diversos organismos de la ONU. Si en septiembre de 2012 el relator especial para la tortura Juan Méndez denunció  que los presos saharauis eran víctimas de torturas, en mayo de 2015 el Comité de NNUU contra la Tortura admitió una denuncia del preso Naama Asfari (detenido el 7 de noviembre de 2010 y condenado a 30 años) contra Marruecos.

A partir de ese momento, Asfari fue objeto de más represalias, ante lo que la organización francesa Acción de los Creyentes por la Abolición de la Tortura (ACAT) y el Servicio Internacional de los Derechos Humanos (SIDH) recurrieron ante NNUU, y, en diciembre de 2016,  el Comité contra la Tortura condenó a Marruecos por varias violaciones de la Convención contra la Tortura. A la esposa de Asfari, Claude Mangin, de nacionalidad francesa, se le impide visitar a su marido y ya ha sido expulsada de Marruecos en cuatro ocasiones, la ultima el 16 de abril de 2018.

Recientemente, el Comité contra la Tortura pidió que se pusiese fin al aislamiento en que se encuentra desde hace ocho meses Sidi Abdallahi Abbahah (detenido en noviembre de 2010 y condenado a cadena perpetua) y su liberación. En agosto,  el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas  solicitó  la libertad para el periodista de Equipe Media Mohamed Bambari (detenido el 26 de agosto de 2015 y condenado a seis años), al haber sido encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las denuncias llegaron hace poco a la Cuarta Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU, donde la Asociación de Juristas Canaria (JUPADEHU) expuso que las autoridades marroquíes utilizan las cárceles como un medio más para torturar y reprimir a los saharauis.

También el Parlamento Europeo conoció en noviembre de 2017  la extrema situación de los presos saharauis en las jornadas “Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”. En mayo de 2018, la parlamentaria  Ana Miranda, del BNG, dijo en la Subcomisión para los Derechos Humanos que los presos saharauis son “víctimas de confinamiento en aislamiento, malos tratos y torturas” , y en octubre la diputada Paloma López, de IU, presentó dos preguntas a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre los presos Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial, Mohamed Lamin Haddi y El Bachir Khadda, que se encuentran en la cárcel Tiflet2, donde son “torturados y sometidos a aislamiento continuado entre 22 y 23 horas diarias”.

A las autoridades marroquíes y al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llegan continuamente denuncias de los propios presos saharauis, de sus familias y de sus abogados, como las que ha presentado la letrada francesa Olfa Ouled, pero no han obtenido respuesta alguna.

En las cárceles marroquíes han estado largos periodos de tiempo saharauis como Sidi Mohamed Daddach, que permaneció 25 años, el segundo preso político de África con más estancia en prisión después de Nelson Mandela, que estuvo 27; Mamia Salek, detenida cuando tenía 14 años, pasó 15 recluida; Mohamed Buia Hoseis, liberado después de 11 años sin ser sometido a juicio , o la activista de DDHH Aminetu Haidar, a la que tuvieron 3 años y siete meses con los ojos vendados en un centro secreto.

La situación de los reclusos la ha resumido así el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Elouali Akeik, en declaraciones al Diario de Cádiz: “Y en cuanto a las cárceles, las noticias son catastróficas, de lo peor que te puedes imaginar… Y no sólo a los encarcelados también a las familias se les humilla y se les impiden que visiten a sus hijos o a sus padres”.

Será por todo esto que Por un Sahara libre tituló días pasados: “Marruecos: el lento asesinato de presos políticos saharauis”.

Mientras, el Gobierno de España y el partido en el que se apoya, antes el PP y ahora el PSOE, tan sensibles con otros presos políticos, como los de Venezuela o Cuba, permanecen impasibles y guardan silencio ante lo que ocurre con los presos de la excolonia del Sáhara Occidental, abandonada sin proceder a su descolonización hace 43 años e invadida por Marruecos.

En los territorios del Sáhara ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos saharauis se vulneran continuamente los Derechos Humanos, según organizaciones sociales y medios de información saharauis,