Izquierda Unida denuncia la falta de políticas del PP en la diputación de León para hacer políticas de prevención de la violencia de género y por la igualdad de las mujeres en la zona rural

Para Izquierda Unida los datos son demoledores y vergonzantes: la Diputación provincial de León no está cumpliendo para nada con sus competencias en los municipios para la prevención contra la violencia hacia las mujeres, ni en políticas de igualdad.

En julio de 2018 una mujer fue asesinada a tiros en Astorga, municipio cuya competencia en la intervención en la prevención contra la violencia hacia las mujeres y en políticas de igualdad es de la Diputación. Recientemente, según los datos del ministerio del Interior, de las ocho violaciones, calificadas como agresiones sexuales con penetración, que se han denunciado en la provincia en los últimos meses, seis han ocurrido en municipios de menos de 20.000 habitantes, de las 56 denuncias presentadas contra la libertad e identidad sexual, 35, es decir el 62,5%, han ocurridos en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En 2016 otra mujer fue asesinada en la Virgen del Camino.

Esto indica que son fundamentales políticas de igualdad y prevención de la violencia de género en toda la provincia, pero especialmente en la zona rural.

La Diputación tiene unas competencias en esta materia que tiene que cumplir, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León es clara y contundente en cuanto a las competencias de las administraciones locales o provincia. Según el artículo 6 sobre las Competencias de las Entidades Locales, sin perjuicio de las competencias propias de las Entidades Locales y de su obligación como poderes públicos de luchar contra la violencia de género como lacra social, será, en todo caso, competencia de la Diputación en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes:

a) Aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito instrumentos de planificación contra la Violencia de género, que, en todo caso, deberán guardar la debida coherencia con las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la Comunidad de Castilla y León.

b) Prestar aquellos programas y servicios que les sean propios, conforme a la legislación de régimen local, garantizando su mantenimiento.

c) Colaborar en la gestión de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género establecida en la presente ley.

Este último apartado es el que cumple la Diputación, pero en los otros queda mucho por hacer. El presupuesto que ha dedicado el PP que dirige la Diputación de León para políticas de prevención de la violencia de género y políticas de igualdad es igual a 0 €. La diputación de León solo tiene convenios con las casas de acogida.

Después de un año no ha sido capaz de que funcione de forma eficiente y eficaz el Consejo provincial de la Mujer. Un Consejo Provincial que parece olvidar a las propias organizaciones de mujeres de las zonas rurales, pues espera que las representantes de las organizaciones de mujeres del espacio rural, a quienes se les ha recortado tanto el transporte público, se desplacen a reuniones en León, lo que implica una exigencia enorme de tiempo, esfuerzo personal y coste, en vez de hacer estas reuniones de forma itinerante, lo que permitiría una mayor acercamiento y participación de las organizaciones feministas de las zonas rurales.

Para Izquierda Unida no nos es suficiente la celebración del día 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, con declaraciones, si los otros 364 días de año se deja abandonados a los municipios y a la población de la zona rural en las políticas de igualdad y la prevención de la violencia machista, cuyas dramáticas y duras consecuencias están en los datos estadísticos. Y lo que se está comprobando es que hay una clara ausencia de políticas de igualdad entre hombres y mujeres en las zonas rurales y de intervenciones para la prevención de la violencia machista.

Las declaraciones de lucha contra la violencia de género, tienen que venir acompañadas de presupuestos para la intervención y contratación de personal, por eso reprobamos la labor política del Sr Majo Presidente de la Diputación y del diputado de Asuntos sociales por su escasa e insuficiente labor en este sentido. Y exigimos que en los próximos presupuestos de la Diputación se tengan en cuenta estos programas y se contrate personal que los ejecute y que se llegue a toda la provincia, es en la zona rural donde hay que hacer un mayor esfuerzo pues se ha ido perdiendo tejido asociativo que sensibiliza sobre esta lacra social.