CGT denuncia que el INSS criminaliza el ejercicio del derecho a la Incapacidad Temporal

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha criticado la medida adoptada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y respaldada por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mª Gloria Redondo, consistente en un plan para la elaboración de controles extraordinarios sobre los procesos de Incapacidad Temporal con el objetivo de otorgar más altas médicas y reducir gastos a costa de criminalizar un ejercicio fundamental de las personas trabajadoras.

La organización anarcosindicalista ha tildado esta medida de “perversa” porque con ella no se pretende combatir el supuesto fraude sino ahorrar costes partiendo de una situación de presunción de culpabilidad y poniendo sobre las personas trabajadoras la sospecha de fraude mientras juegan con la salud de quienes pasan por procesos de enfermedad. En este sentido, la CGT ha acusado al Partido Socialista de continuar practicando las mismas políticas antisociales del Partido Popular.

La CGT ha vuelto a insistir que detrás de esta medida solo existe la voluntad real de reducir gastos a costa de las personas más vulnerables. Estas actuaciones también se extenderán  al personal funcionario de las distintas mutuas, endureciéndose aún más los controles en los que no primarán los criterios médicos sino los económicos, es decir, aquellos profesionales de la medicina del INSS que participen en la elaboración de estos controles tendrán que alcanzar una cantidad concreta para cobrar.

Por otra parte, CGT ha manifestado que no existe un problema real de fraude en las bajas por Incapacidad Temporal ya que los datos reflejan otra realidad. En este sentido, se puede afirmar que en el Estado español la mayoría de las personas trabajadoras no solo no abusan de este derecho sino que tres de casa cuatro trabajadores han acudido alguna vez a su empleo estando enfermos. Según la organización anarcosindicalista, en esta situación tiene una gran responsabilidad las Reformas Laborales de PP y PSOE, porque contemplan la posibilidad de despido por acumulación de bajas médicas.

CGT insiste en que con este “nuevo” plan no se pretende solucionar un problema inexistente sino que se busca recortar recursos criminalizando el ejercicio de un derecho fundamental para las trabajadoras y las trabajadoras de este país.