Despedidos los trabajadores que acogieron al barco Aquarius
No podemos olvidar que la crisis migratoria nos ha hecho avanzar hacia una verdadera Política Migratoria Común y empieza adquirir prioridad dentro de las políticas de la Unión Europea. El despido injustificado de los funcionarios interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones afecta a la sostenibilidad de los resultados obtenidos en la política migratoria española.
UN PRIMER GESTO QUE TENEMOS EL DEBER MORAL DE APOYAR
Y es que Aquarius hay más de uno y los que no son Aquarius llegan también todos los días a nuestras costas españolas.
El despido masivo de los trabajadores de la Secretaría de Estado de Migraciones amenaza con colapsar la acogida y atención a personas migrantes
El despido reciente e injustificado, el día 25 de octubre de 2018, de 92 de funcionarios interinos (Grupos A1, A2 y C2) afecta a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y, más especialmente, si se tiene en cuenta que se trata de un colectivo vulnerable. No podemos olvidar, por poner un ejemplo, que el programa de Atención Humanitaria está dirigido a atender el estado de necesidad de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación. No podemos olvidar, por poner otro ejemplo, que las personas reasentadas pertenecen en su mayor parte a familias vulnerables con hijos menores, así como la atención a los menores no acompañados. No podemos olvidar la estación del año en la que estamos, la campaña de frío ya está aquí.
No podemos olvidar que la crisis migratoria nos ha hecho avanzar hacia una verdadera Política Migratoria Común y empieza adquirir prioridad dentro de las políticas de la Unión Europea. El despido injustificado de los funcionarios interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones afecta a la sostenibilidad de los resultados obtenidos en la política migratoria española.
El despido y sustitución de funcionarios es una medida que afecta tanto al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (92 funcionarios interinos) como al Ministerio del Interior (79 funcionarios interinos). Asistimos al descabezamiento masivo de la estructura pública de migraciones, con las graves consecuencias que de ello se deriva. Solo en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la salida de capital humano supone más de un 70 % del personal de la Secretaría de Estado de Migraciones, contando la Unidad de Control, la Unidad de Apoyo, el Área de Fondos Europeos —Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y Fondo Social Europeo (FSE)—, los Centros de Migraciones, el Sistema Nacional de Acogida, el Área de Subvenciones de Asilo y Ayuda Humanitaria y el Área de Integración de Inmigrantes y Retorno.
La selección final de los funcionarios interinos salientes se realizó mediante el sistema de concurso- oposición según la Resolución de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se convoca proceso selectivo. Fue un proceso selectivo específico y exigente. Los requisitos, entre muchos otros, fueron: experiencia en atención al colectivo de inmigrantes y, en especial, en el campo de asilo; experiencia en diseño y elaboración de programas sociales; experiencia en valoración de necesidades sociales; experiencia en gestión de proyectos, gestión de subvenciones y gestión de fondos europeos; formación en atención de necesidades sociales; inglés nivel alto, etc.
La formación de los profesionales que lograron superar dicho proceso selectivo corrió a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, la pagamos todos. Ahora todo lo hecho con dinero público de todos parece tirarse a la papelera. En la semana del 8 de octubre de 2018 se incorporaron funcionarios interinos nuevos sin experiencia en migraciones (Grupo A2) para sustituir a los funcionarios interinos con formación y experiencia, cesados el 25 de octubre de 2018.
De la noche a la mañana, la gestión de los flujos migratorios y el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración para el periodo 2014-2020, cofinanciada por el Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI), por el Fondo Social Europeo (FSE) y por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dejará de ser gestionada por funcionarios con formación, trayectoria y experiencia especializada en el campo de las migraciones, para ser gestionada por funcionarios sin experiencia contrastada en migraciones, procedentes de una bolsa genérica para cualquier tipo de Administración Pública de funcionarios del grupo A2 gestionada por la Delegación del Gobierno.
La sustitución de unos trabajadores cualificados por otros sin experiencia en migraciones lleva a la absurda situación de cesar y desprenderse de empleados públicos válidos, cualificados, formados y comprometidos, que vienen desempeñando su trabajo hace años contribuyendo a prestar, mejorar, elevar la calidad de los servicios públicos y que han contribuido a construir una política migratoria con su esfuerzo diario.
La disminución, en definitiva, de la capacidad de gestión sin tener en cuenta las necesidades crecientes actuales, el colapso y el retroceso en los hitos alcanzados:
Reducción o pérdida de capacidad para atender a las necesidades de los Nacionales de Terceros Países (NTP) y una menor atención de colectivos especialmente vulnerables y temas considerados prioritarios.
Ralentización (o en el peor de los casos, la interrupción) del proceso de mejora en los procesos de gestión en las autoridades y unidades administrativas implicadas en la gestión y ejecución del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo Social Europeo (FSE), así como del proceso de profesionalización.
Retroceso en los hitos alcanzados en la mejora de sistemas de gestión y control, en el desarrollo de planes de acción y en el alcance de los controles operativos sobre el terreno.
Los sueldos y salarios de los 92 funcionarios interinos los paga Europa
La totalidad de las retribuciones devengadas de los puestos de trabajo de los 92 funcionarios despedidos han sido imputadas al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea, con un porcentaje máximo de cofinanciación del 100 % del total de los costes salariales considerados elegibles tras el control administrativo y, en su caso, el control financiero correspondiente.
Lamentablemente, es previsible que España no tenga capacidad para gastar la partida de asistencia técnica del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el período 2014-2020. Por una parte, para hacer frente a las necesidades crecientes actuales en materia migratoria, despide a los funcionarios interinos; por otra parte, previsiblemente como en tantas otras ocasiones, la Administración Pública española tendrá que devolver los fondos a Europa.
Fraude de Ley en la contratación temporal en la Administración Pública
Según declaraciones a Cadena Ser, el Excmo. Sr. Raúl Riesco Roche, Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, asegura que el Ministerio de Trabajo ha enviado más de 50.000 cartas de advertencia a empresas en las que existen “indicios de fraude laboral” para que regularicen la situación de sus trabajadores. “Animo a las empresas a regularizar la situación de sus trabajadores”. “Vemos que en determinadas empresas hay indicios de que se están produciendo determinadas situaciones que son contrarias a la legislación laboral en materia de contratos temporales”.
En cuestión de fraude de ley, no se debería hacer distinciones entre el sector público y el privado. Estas cartas que está enviando a las empresas sobre el fraude en la contratación temporal debería empezar por enviarlas a su propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y después, a todas las Administraciones Públicas, en aras del cumplimiento de la legislación nacional y de la legislación UE sobre trabajo de duración determinada.
El Tribunal Supremo, aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), acaba de declarar nulo el cese por parte de las Administraciones Públicas de funcionarios interinos contratados de forma abusiva con contratos temporales de duración determinada. Y este es el caso de la grave crisis que se vive actualmente en la Secretaría de Estado de Migraciones, con el despido inminente e injustificado, el día 25 de octubre de 2018, de 92 de funcionarios interinos (Grupos A1, A2 y C2).
Las migraciones hacia nuestro país y las personas migrantes llegadas a nuestras costas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es una realidad histórica permanente y creciente y no un hecho coyuntural o avalancha puntual. Y se hace necesario y urgente dar respuesta por parte del Gobierno con una verdadera política estructural en materia de migraciones. Llevamos más de 25 años atendiendo las necesidades migratorias estructurales concatenando programas temporales de contratación de funcionarios interinos. Los mismos programas temporales, uno tras otro, cambiado de nombre.
Este despido colectivo de funcionarios interinos es un mecanismo que sustituye funcionarios interinos por otros funcionarios interinos, trabajadores temporales por trabajadores temporales y que pretende regularizar y blanquear la contratación en fraude de ley de los empleados públicos temporales en la Administración Pública española.
Reforzar en lugar de despedir
No hay ningún motivo para el despido el día 25 de octubre de los 92 funcionarios interinos en la Secretaría de Estado de Migraciones.
Para dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios, es de urgente necesidad, en lugar de despedir, reforzar la dotación de personal para garantizar el normal funcionamiento de los procedimientos que en el ámbito de las migraciones gestiona el Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La convocatoria de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados aprobada por el Real Decreto-Ley 6/2018, de 27 de julio, que autoriza la convocatoria de 92 plazas de acceso, por turno libre, correspondientes al ejercicio 2018 para ser cubiertas por funcionarios de carrera, es el hecho objetivo que marca que los 92 funcionarios interinos, que han sido despedidos el día 25 de octubre de 2018, han estado desempeñando funciones propias de funcionarios de carrera y fueron nombrados para cubrir puestos estructurales, para el desempeño de funciones que no están claramente delimitadas en cuanto a su objeto y que satisfacen necesidades estructurales, ordinarias y permanentes (funciones que son propias y habituales de la Administración Pública contratante).
Se ha procedido al despido de los 92 funcionarios interinos sin que haya sido convocado el proceso selectivo de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados aprobada por el Real Decreto-Ley 6/2018, de 27 de julio, que autoriza la convocatoria de 92 plazas de acceso, por turno libre, correspondientes al ejercicio 2018 para ser cubiertas por funcionarios de carrera.
El Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, justifica en su preámbulo esta oferta de empleo extraordinaria hacer frente a necesidades crecientes.
En los últimos años los movimientos forzados de población han alcanzado cotas nunca antes registradas. Según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay un total de 68,5 millones de personas desplazadas forzosamente y sólo en 2017 hubo 16,2 millones de nuevos desplazados.
Uno de los principales destinos de estos flujos migratorios, en particular los provenientes de conflictos como Siria, Palestina, Ucrania o en países africanos, es la Unión Europea. En este sentido, nuestro país, por su localización geográfica, se sitúa entre las puertas de entrada de los mismos, además de recibir los flujos provenientes de América central y del sur.
(…)
El incremento de las migraciones hacia nuestro país, con un significativo aumento del número de personas llegadas de forma irregular a nuestras costas y a las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha hecho que se incremente exponencialmente la carga de trabajo en materia migratoria.
Por otra parte, consecuentemente con lo anterior, en materia de reconocimiento del derecho de asilo, el incremento del número de refugiados estos últimos años ha provocado un gran volumen creciente de solicitudes de asilo, apátridas y otras figuras de protección internacional que hacen de urgente necesidad la mejora de la dotación de estos servicios para su normal funcionamiento.
Para dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios es necesaria la incorporación urgente de un total de 323 plazas, adicionales a las de la Oferta de Empleo Público, por medio de este real decreto-ley.
De ellas, a fin de mejorar los procedimientos que en el ámbito de asilo gestiona el Ministerio del Interior, en materia de reconocimiento del derecho de asilo y otras figuras análogas de protección, se autoriza la convocatoria de 231 plazas de acceso por turno libre correspondientes al ejercicio 2018.
Y por otra parte, para reforzar los procedimientos que en el ámbito de las migraciones gestiona el Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se autoriza la convocatoria de 92 plazas de acceso por turno libre correspondientes al ejercicio 2018.
Analicemos algunos términos del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
Según el diccionario de la Real Academia Española, se definen estos términos de la siguiente forma:
Extraordinario: Añadido a lo ordinario.
Adicional: Que se suma o añade a algo.
Refuerzo: Persona o conjunto de personas que se unen a otras para aportar su fuerza o eficacia.
Dicho lo anterior, tenemos que hacer la siguiente matización: la oferta extraordinaria no supone una creación de empleo neto para hacer frente a las necesidades migratorias crecientes. Como se puede apreciar coincide el número de 92 plazas convocadas en la oferta de empleo público extraordinaria con los 92 funcionarios interinos que han sido despedidos el 25 de octubre de 2018. No se refuerza el sistema de migraciones, no se suma, ni se añade nada como expresa la propia oferta. No hay creación neta de empleo.
La falta de respuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Los trabajadores afectados han solicitado, ya que no existe ningún impedimento legal, “Gestionar con carácter urgente la SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO
INTERINO PARA COBERTURA DE VACANTE, de modo que los 92 funcionarios interinos que han sido despedidos injustificadamente el día 25 de octubre de 2018, puedan cubrir temporalmente los 92 puestos vacantes convocados en la oferta extraordinaria de empleo, hasta su cobertura definitiva por funcionarios de carrera, o hasta que tales puestos se liciten mediante concursos de méritos o mediante procedimientos de selección que primen en la medida de lo posible, la experiencia que ya atesoran los funcionarios cesados. De esta forma se evitarían las graves consecuencias”, mediante un escrito registrado dirigido a la Excma. Sra. Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; al Excmo. Sr. Raúl Riesco Roche, Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; y al Excmo. Sr. José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función Pública. Los escritos han sido registrados ya por más de 30 trabajadores. Los sindicatos CCOO y CGT también han registrado sus escritos solicitando una reunión con la Excma. Sra. Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hasta la fecha, ni trabajadores ni sindicatos han recibido respuesta alguna.
Como toda respuesta un email anónimo y sin firmar
En fecha de 23 de octubre de 2018, dos días antes del cese, los trabajadores que remitieron el anterior escrito han recibido un correo electrónico, supuestamente del Gabinete Técnico Subsecretaria, desde la dirección gts@mitramiss.es. Se trata de un documento anónimo y sin firmar, ya que no se especifica quién es el emisor de esta comunicación. Tal irregular actuación administrativa carece de validez. Adolece de la firma del emisor del acto, por lo que es del todo imposible comprobar que se haya emitido por la persona u organismo competente. Del mismo modo, la falta de motivación en la contestación vulnera las garantías del procedimiento administrativo.
Por imperativo moral
En el discurso pronunciado el 27 de septiembre de 2018, durante la apertura del 73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno sostenía que España había atendido a las personas migrantes llegadas en el Aquarius por “imperativo moral”.
Un mes después, a 25 de octubre de 2018, dada la gran repercusión, tenemos la confianza de que se produzca por parte del Gobierno UN SEGUNDO GESTO QUE TENEMOS EL DEBER MORAL DE APOYAR y que lleve a cabo cuantas acciones urgentes estén entre sus facultades, para evitar las graves consecuencias del despido de los 92 funcionarios interinos que acogieron el barco Aquarius, no solo desde el punto de vista sociolaboral, sino también desde el punto de vista del cumplimiento del objetivo general de promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios, y el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración para el periodo 2014-2020 cofinanciada por el Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI), por el Fondo Social Europeo (FSE) y por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
SR. SÁNCHEZ, USTED TAMBIÉN ES UN PRESIDENTE INTERINO COMO NOSOTROS
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