Redacción •  Actualidad •  28/12/2018

La Asamblea de Madrid denunciada ante el Defensor del Pueblo por no responder a la petición de cumplimiento de la Carta Social Europea en relación a las Rentas Mínimas de Inserción

El pasado 11 de julio de 2018, diversas entidades sociales madrileñas comprometidas en la lucha contra la pobreza registraron ante la Asamblea de Madrid una petición colectiva en relación al sistema de Rentas Mínimas de Inserción (RMI), solicitando su adecuación a la Carta Social Europea. A fecha de hoy, la Asamblea no ha emitido respuesta ni notificación alguna en relación a este escrito, lo que supone un incumplimiento múltiple por parte de la misma de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, lo cual ha sido denunciado por estos colectivos ante la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Asamblea de Madrid denunciada ante el Defensor del Pueblo por no responder a la petición de cumplimiento de la Carta Social Europea en relación a las Rentas Mínimas de Inserción

La falta de transparencia y las irregularidades en la gestión de la Rentas Mínimas de Inserción en la Comunidad de Madrid siguen estando a la orden del día.

A la denuncia ya realizada antes del verano ante el Defensor del Pueblo y en las calles de Madrid sobre las suspensiones irregulares de miles de prestaciones RMI a personas y familias en situación de extrema precariedad, quitándoles de esta manera su único ingreso de subsistencia, denuncia realizada por estas y otras organizaciones y colectivos ciudadanos, se suma ahora el silencio y ninguneo por parte de la Asamblea de Madrid respecto a la referida petición colectiva realizada el pasado 11 de julio, en la que se solicitaba el cumplimiento de la Carta Social Europea en la legislación autonómica de Rentas Mínimas (desde hace años los informes del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa han señalado la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad), así como la comparecencia o audiencia especial ante la Comisión de peticiones u otra ante la que poder abordar el control político de la gestión de la RMI.

Esto supone un incumplimiento múltiple y flagrante por parte de la Asamblea de Madrid del derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en la Constitución Española en su artículo 29 y desarrollado mediante Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, ya que:

  • Ni siquiera se ha acusado recibo (tenía diez días para ello desde el registro la petición según el art. 6.2);

  • Ha incumplido el plazo de 45 días desde la presentación del escrito de petición previsto en el art. 9.1 de la Ley, en caso de encontrarlo inadmisible;

  • Tampoco ha cumplido, en caso de admitir, con el plazo de tres meses para contestar desde la fecha de presentación, una obligación que se prevé en el art. 11 de la Ley.

De esta manera se suma una nueva muestra del secretismo con el que las instituciones autonómicas madrileñas vienen manejando desde hace meses los temas relacionados con la Renta Mínima de Inserción, así como la falta de consideración por su parte hacia las personas perceptoras de esta prestación y a las organizaciones que las apoyan en su esfuerzo por lograr unas condiciones de vida digna.

Entidades firmantes de la Queja ante el Defensor del Pueblo:

Movimiento ATD Cuarto Mundo España Asociación Apoyo.

EAPN Madrid.

Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid Coordinadora de Barrios.

Invisibles de Tetuán.

Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas.


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