Zacate Grande (Honduras). “Nos desalojan en nombre del desarrollo”
Los pobladores de esta isla enfrentan desde hace años a un intenso proceso de desposesión por parte de familias poderosas del país. Recientemente, los intereses turísticos han acentuado la amenaza de desalojo.
La isla de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee un largo de siete kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En la isla hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de Amapala, ubicado en la majestuosa Isla del Tigre. Cuentan los activistas de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que la mayoría de las personas que pobló la isla llegó en la década de los 50. En 1969 el gobierno de aquel entonces decidió construir una carretera que uniera la isla con tierra firme.
Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades relacionadas con el turismo. Los nuevos terratenientes aseguran que sus tierras fueron adquiridas legalmente y que nadie puede estar ocupando sus propiedades.
Facussé, al igual que varios de sus ‘amigos’ del Club del Coyolito, siempre argumentó que sus tierras las compró a la señora Carmen Malespín, prácticamente la dueña de toda la isla. Ella la heredó de una familia nicaragüense, la cual la recibió del señor Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la república a finales del siglo XIX. Lo único y cierto en toda esta larga y enredada historia es que la isla estaba totalmente desierta, que los primeros pobladores llegaron a inicio del siglo XX y que, más de noventa años después, sus herederos siguen en posesión de estas tierras y las defienden contra viento y marea.
Para contrarrestar el avance del Club del Coyolito, a inicio del nuevo siglo varias comunidades decidieron unirse y conformaron el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en ADEPZA. En el 2010, en la comunidad de Puerto Grande, se creó la radio La Voz de Zacate Grande. La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y, con el apoyo incondicional de los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, dieron inicio a una escalada represiva.
La militarización del territorio trajo consigo la criminalización de la lucha por la tierra, con desalojos, detenciones, atentados y la judicialización de decenas de pobladores. ADEPZA registra más de 70 personas criminalizadas cuyas vidas se ha vuelta un infierno. Para tratar de frenar la ola represiva, en el 2012, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Comitato Italia Centro America (CICA), se instaló a la par de las instalaciones de la radio el Campamento Internacional de Observación de Derechos Humanos. La presencia internacional contribuyó a reducir un poco la intensidad de la represión.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre Melo, es director de Radio Progreso. En un reportaje sobre la situación en Zacate Grande publicado por la revista Envío, Moreno cuenta que, en el año 2003, Miguel Facussé logró despojar de sus tierras a la familia Cárcamo, para entregar Playa Gaviota –una de las más bellas de la zona– a su hija Elisa con motivo de su casamiento con Fredy Nasser, presidente del Grupo Terra, un conglomerado de empresas con énfasis en el sector energético.
En su relato, el sacerdote jesuita explica que la familia Nasser Facussé había comprado un terreno colindante con la casa de los Cárcamo, y que le habían propuesto comprarle el solar por unos 80.000 lempiras (4.500 dólares). Al negarse, la humilde familia había recibido severas amenazas. Un testigo del desalojo de la familia Cárcamo narró al padre Ismael Moreno lo que vio: «Aquel ambiente apacible y casi celestial fue interrumpido por el ruido del motor de un vehículo que pasó a unos 50 metros de la casa. Llegaron unos diez policías. Y mientras los que estaban en la casa curioseaban por ver lo que pasaba, nada frecuente, repentinamente por la parte de atrás de la casa llegaron otros veinte policías. Sumándose a los diez primeros rodearon la casa inmediatamente y con sus grandes fusiles apuntaron amenazantes a los hijos de Germán y Narda Cárcamo. Les gritaban: ¡Váyanse de aquí, que esto no es de ustedes! ¡Sálganse, sálganse! Ustedes han usurpado este terreno».
Pero esto no fue todo. Cuenta el testigo que después de la lectura de la sentencia de desalojo por parte del juez, un policía apagó el fogón, agarró la olla con la comida de la familia Cárcamo y la tiró al piso. Otros agarraban sus pertenencias y las lanzaban fuera. Hasta los sacos donde guardaban el maíz cosechado unos meses atrás fueron abiertos y tirados en el suelo. Después del desalojo, un juez confirmó que la propiedad era de Facussé y los Cárcamos tuvieron que irse definitivamente.
Una situación compleja la de Zacate Grande, que ahora podría hasta empeorar con la instalación en el sur de Honduras de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city) [1].
“Sobre la ZEDE hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo mega proyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así. La ZEDE ya comenzó a operar y tenemos los primeros impactos sobre los territorios, los bienes comunes y las poblaciones”, dijo Alan Torres, coordinador de la ADEPZA, a Alba Sud.
Es el caso del proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, ubicado en el municipio de Namasigüe, Choluteca, que consiste en la instalación de cinco plantas solares sobre una superficie de casi 90 hectáreas con una capacidad instalada de 53 MW, de parte de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund. Contra la instalación de los paneles solares se han movilizado sectores de las comunidades de la zona. Han instalado campamentos de resistencia para impedir el acceso de las maquinarias al lugar del proyecto. El resultado ha sido que 17 pobladores fueron acusados de coacción a los empleados de la empresa y esperan el juicio.
En el municipio de El Triunfo, la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas de tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la zona costera, asegura el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Todo esto es parte de un nuevo modelo que promueve la creación de parques mineros industriales (zonas de libre comercio), como el que ya está operando en el municipio El Corpus, Choluteca, donde la empresa minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 metros cuadrados de terreno.
A mediados de noviembre de 2018, pobladores de los municipios sureños de Choluteca y Valle manifestaron masivamente su rechazo a los proyectos extractivos, bloqueando la carretera Panamericana. La actividad fue coordinada por MASS-Vida y la iglesia católica. Entre otras demandas, exigieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras en El Tránsito, El Triunfo, El Corpus y del proyecto fotovoltaico en Namasigüe. “No podemos quedarnos callados ante la realidad social del pueblo, hay gente que aparece hablando a favor de la minería, pero no trae nada bueno al pueblo, pero sí al dueño de la mina”, declaró el sacerdote Jaime Velásquez, de la parroquia San José de Nacaome, a medios nacionales.
“Lo mismo que pasa con los proyectos de energía fotovoltaica y la minería ocurre con el turismo. Buena parte de la costa (de Zacate Grande) y sus playas ya no son accesibles. Los terratenientes han construido grandes muros perpendiculares al mar que se prolongan hasta dentro del agua y que impiden la libre movilización por las playas. Hay guardias armadas que te amenazan. La gente siente temor y ni se acerca”, explicó Alan Torres.
Las familias de Zacate Grande viven principalmente de la agricultura y la pesca. Cuando hay temporadas malas, el turismo es una alternativa y una oportunidad para generar ingresos. Sin embargo, la voracidad de los terratenientes parece no tener límites. “Las mujeres son las que encabezan la resistencia y son las más criminalizadas. El caso más reciente es el de Playa Blanca donde hay tres mujeres acusadas en los tribunales”, recordó el también locutor de radio La Voz de Zacate Grande.
Alan Torres vive en la comunidad de La Flor que colinda con una de las propiedades de los Facussé. Los pobladores buscan mantener un bajo perfil. No les conviene entrar en conflicto con gente armada. “Se han apoderado de la isla Tigritos y de la playa La Llorona. Todo alrededor han construido un muro de cemento y piedras y ya nadie puede acercarse. También hicieron un relleno para unir Tigritos a la tierra firme y construir otra casa de verano. Pese a las dificultados no nos hemos dado por vencidos y logramos rescatar dos playas: el Sordo y el Mudo. Organizamos grupos de trabajo para limpiarlas, reactivamos un pozo e instalamos una bomba. También acondicionamos el lugar para que se desarrollaran unas ramadas. El acceso es libre y ya llegan turistas y organizaciones a realizar reuniones y talleres”, dijo Torres.
Pero no fue fácil. Los grupos de pobladores encargados de rescatar las dos playas fueron emboscados más de una vez por grupos de policías, militares y guardias privados. Desconocidos quebraron la bomba del pozo y quemaron las ramadas. “Es odio lo que nos tienen. Les molesta que estemos empoderándonos del territorio y que les saquemos provecho con el turismo y la presencia de organizaciones amigas que nos visitan. El turismo debería ser un recurso importante para comunidades tan empobrecidas como las nuestras. Desafortunadamente, tanto el capital nacional como el transnacional lo ven como una oportunidad más para seguir enriqueciéndose a costa de nuestra pobreza. Dicen que van a generar desarrollo, pero va a ser para los millonarios, no para nosotros”.
El joven coordinador de la ADEPZA aseguró que obviamente no se oponen al desarrollo –uno de los temas que usan políticos y empresarios para descalificar la lucha en defensa de la tierra y los bienes comunes– siempre y cuando sea incluyente y respetuoso del medio ambiente y los pueblos. “Aprobar leyes que autorizan la expropiación de tierra y el desalojo de familias y comunidades para realizar proyectos extractivos, energéticos, turísticos, no es desarrollo. Queremos un desarrollo integral que involucre a las comunidades, a su gente. Queremos que se nos consulte y que se nos escuche. Queremos que acaben con la criminalización de la lucha y la judicialización de compañeros y compañeras. No queremos más muertos. No queremos que, en nombre del desarrollo, vengan a destruir y a reprimir”, concluyó Torres.
Notas:
[1] Territorios con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).
Fuente: Alba Sud
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