CCOO emplaza al Gobierno a dotar de fondos las políticas de lucha contra la pobreza
Ante la aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la Pobreza por parte del Consejo de Ministros, CCOO advierte de sus limitaciones al no contemplar financiación. El sindicato recuerda que para combatir este grave problema es prioritario revalorizar el IPREM, aumentar las prestaciones asistenciales, implantar una prestación de ingresos mínimos y financiar adecuadamente los Servicios Sociales.
CCOO comparte la necesidad de la Estrategia, pero como advierte la secretaria de Política Social de CCOO, Paula Guisande, “el combate de la pobreza requiere recursos, especialmente para garantizar las rentas de las personas y familias más vulnerables”. Por ello, el sindicato emplaza al Gobierno a dotar de fondos las políticas de lucha contra la pobreza, a reforzar los mecanismos de protección social y a revalorizar las prestaciones sociales.
CCOO aboga por aumentar las prestaciones asistenciales, de tal modo que su cuantía esté en consonancia con los umbrales de riesgo de pobreza que en cada momento se establecen, y así lograr que cumplan con el objetivo para el que fueron creadas, garantizar un nivel mínimo de subsistencia. En la actualidad, el INE sitúa el umbral de riesgo de pobreza en 8.522 euros/año para los hogares de una persona. Sin embargo, las prestaciones asistenciales se sitúan en 2019 muy por debajo de esa cantidad.
Otro elemento clave, en lo que respecta a prestaciones asistenciales, es el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Desde su creación en 2004 acumula una pérdida de poder adquisitivo del 8,8% al no haberse actualizado según el IPC y haberse mantenido congelado en siete de los catorce años que lleva vigente. CCOO demanda que a corto plazo se incremente el IPREM hasta los 600 euros mensuales para mantener, al menos, el valor de compra que tenía en 2004.
Por otra parte, el sindicato insiste en la necesidad de una prestación de ingresos mínimos que atienda las graves lagunas de cobertura que presenta nuestro sistema de protección social. Probablemente, la laguna más evidente sea la que afecta a las personas en situación de desempleo de larga duración. En este sentido, CCOO y UGT presentaron en 2016 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 700.000 firmas para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos que podría resultar especialmente relevante para disminuir las tasas de pobreza de la juventud entre 18 y 29 años, uno de los colectivos prioritarios a los que se dirige la Estrategia hoy presentada.
Para actuar contra la pobreza y la exclusión social, CCOO considera fundamental aumentar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas de las Corporaciones Locales, en especial, la financiación estatal. A través de este acuerdo entre los tres niveles de la Administración, se garantiza financiación para los Servicios Sociales de atención primaria que son los que atienden a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo la ayuda a domicilio, el alojamiento alternativo, la inserción social, así como la información y orientación sobre los recursos disponibles.
Desde su creación en 1988 la financiación estatal al Plan Concertado ha ido disminuyendo, hasta representar apenas el 1,7% del total en 2016. En 2012, cuando la crisis económica hacía más necesario el papel de los Servicios Sociales de base, la financiación estatal disminuyó un 47%. Unos recortes que CCOO denunció en su momento y que a día de hoy no se han revertido.
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