Acusan al PSOE de “rendirse a las políticas racistas de la UE” con su apoyo a la reforma de la Guardia Europea de Fronteras y Costas

Bruselas, 2 de abril de 2019.

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de “rendirse una vez más a las políticas racistas de la Unión Europea”, al haber apoyado con el voto de sus eurodiputados en la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara la propuesta de reforma de la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas (GEFC). La votación se ha celebrado este mediodía en Bruselas, tras meses de negociaciones con el Consejo Europeo y la Comisión Europea, y justo un día después de que los embajadores de los Estados miembros dieran su visto bueno a la nueva reglamentación.

“Los socialistas han unido sus votos una vez más a conservadores, liberales y a la extrema derecha para seguir apuntalando la Europa fortaleza. Este apoyo a la reforma de la GEFC es un paso más en la transformación de la UE en una agencia de deportación, en la que los derechos humanos y la legislación internacional tendrán un peso irrelevante porque, como se ha demostrado en los últimos años, el objetivo es que nadie pueda poner un pie en Europa”, ha denunciado.

La votación en comisión se ha cerrado con 33 votos a favor, ninguna abstención y 13 votos en contra, los del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica y Los Verdes. El próximo trámite para la GEFC será su ratificación en el pleno de Estrasburgo en abril, el último antes de que finalice la legislatura. “Hoy ha quedado claro que Sánchez va de la mano en esto con Casado y Rivera”, y que los tres “operan bajo la misma lógica que Salvini, que ha conseguido imponer su agenda racista a toda la UE”.

Esta agencia, “que en unas semanas se convertirá en la más grande de la UE”, surge en 2016 con el objetivo de superar FRONTEX. “Ya entonces denunciamos lo que los Estados y la Comisión pretendían poner en marcha, porque supone desplegar un pseudo ejército de 10.000 agentes dentro de la UE y también en terceros países, para gestionar la migración, controlar fronteras y realizar deportaciones sin ningún tipo de control democrático”, señala Albiol.

Albiol ha dividido en seis los puntos más preocupantes de la nueva regulación. La primera diferencia fundamental con FRONTEX “es que la agencia contará con personal propio. En total 10.000 agentes -de los cuales solo 40 estarán especializados en derechos fundamentales-, con competencias para poner en marcha deportaciones al margen de los Estados miembros”.

La segunda, es la capacidad de actuación autónoma de la GEFC, que “podrá desplegarse en cualquier Estado miembro para gestionar la migración y controlar los puestos fronterizos, sin necesidad de pedir permiso”. Se trata de “un cuerpo prácticamente paramilitar”, asegura Albiol, cuya dirección “se elegirá a dedo” y resultará “imposible fiscalizar o influir en sus decisiones”.

La tercera novedad de la GEFC tiene que ver con las fronteras internas de la UE. “Uno de los pilares de la Unión, la libre circulación dentro del territorio europeo, queda en entredicho” con la presencia de los agentes de la GEFC, que podrán hacer controles fronterizos entre los Estados miembros para detener a las personas migrantes y refugiadas que viajen de un país a otro. “En los últimos años algunos Estados han decidido suspender Schengen con la excusa migratoria. Pensábamos que las fronteras se habían abolido dentro de la UE, pero la realidad es que solo lo están si eres blanco y tienes pasaporte europeo”, explica.

El papel que juega la GEFC en terceros países también es clave. “El cuarto pilar de esta Agencia es que los agentes podrán intervenir directamente en terceros países para hacer tareas de control de fronteras y gestión de la migración, incluidas las misiones militares de la UE en países como Mali o Somalia”. De hecho, explica la eurodiputada de IU, «hasta el último momento se pretendía que la Agencia pudiera hacerse cargo de deportaciones desde terceros países europeos como los de los Balcanes».

El quinto punto alarmante es que “al estar concebida como una agencia de deportación y militarización, obviamente no tiene mandato para llevar a cabo tareas de salvamento y rescate en el mar, o para proteger a las personas refugiadas”. Este aspecto, sumado a la decisión la pasada semana de ampliar la operación Sophia sin barcos y sin recuperar las labores de rescate en el Mediterráneo, “indican que la UE trata de parar cuanto más lejos mejor a los migrantes”.

Por último, explica Albiol, la Guardia Europea de Fronteras y Costas tendrá un presupuesto de 11.300 millones de euros de aquí a 2027 y podrá adquirir sus propios equipos. En el marco de FRONTEX son los Estados miembros los que ponen sus vehículos, infraestructuras e instalaciones en la gestión de las fronteras, sin embargo, “esos 10.000 agentes contarán con barcos, aviones, drones y maquinaria para registrar datos biométricos de las personas migrantes, propiedad de la Agencia”.