Ratifica Ecuador suspensión de ciudadanía otorgada a Assange

Según explicó el titular de Exteriores ante el pleno de la Asamblea Nacional, la acción respondió al hallazgo de inconsistencias en el proceso de naturalización, concedida a finales de diciembre de 2017 por su antecesora, María Fernanda Espinosa.

Documentos de identidad presuntamente alterados, no pago de derechos consulares, prueba para la naturalización con un puntaje de 100 cuando no habla español, cédula de identidad generada irregularmente, son algunas de las irregularidades mencionadas por Valencia.

Al respecto, precisó que el caso está en revisión en la Contraloría General del Estado y confirmó la resolución ministerial, mediante la cual se declara lesivo el acto administrativo de concesión de la nacionalidad ecuatoriana al ciberactivista y la suspensión inmediata del goce de sus derechos, inherentes a la calidad de ecuatoriano por naturalización.

Por otra parte, señaló que los gastos en temas de servicios de seguridad para Assange rondan los cinco millones de dólares, desde 2012.

Igualmente, reiteró que existen garantías por parte del gobierno del Reino Unido de no extradición y mencionó una carta recibida, en la cual se garantiza la vida del fundador de WikiLeaks, portal desde se filtraron miles de documentos clasificados sobre acciones de la administración de Washington.

Su pronunciamiento contrasta con declaraciones del abogado de Assange en este país sudamericano, Carlos Poveda, quien asegura la existencia de una petición para trasladarlo a Estados Unidos, donde podría ser condenado hasta con pena de muerte por las divulgaciones desde el sitio que dirigía.

En declaraciones posteriores a medios de comunicación, el jefe de la diplomacia ecuatoriana dijo que la decisión de suspender la carta de naturalización puede ser apelada ante las instituciones pertinentes.

Mientras, en todo Ecuador son diversas y encontradas las reacciones a lo acontecido esta jornada con el australiano, quien fue detenido por las autoridades británicas, al momento de ser expulsado de la sede diplomática, donde estuvo asilado en la embajada de Quito en Londres desde 2012.

Representantes del gabinete y exfuncionarios opinan que el estado actuó apegado al derecho internacional y tomó una decisión soberana, pero asambleístas de la Revolución Ciudadana, defensores de los derechos humanos y varios analistas condenan la postura oficial, que consideran un acto de sumisión y venganza, y pone en riesgo la vida del australiano.

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