La expropiación te dará un techo

Parece un tabú mencionar la palabra «expropiación». Incluso entre personas que se consideran socialistas, a veces se tiene cierto reparo en decir esta palabra en según qué contextos. Sin embargo, la expropiación es una herramienta que los Gobiernos y los Estados usan constantemente (cuando hay que hacer un nuevo ferrocarril, ampliar una carretera o desarrollar cualquier infraestructura pública). La cuestión es cómo usar esta herramienta y sobre todo, si puede ayudar a mejorar la vida de la ciudadanía. La respuesta es rotunda: sí.

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas ante los que se está encontrando la población de muchos países, especialmente en grandes ciudades, pero no solo. Focus Ireland recoge en sus informes sobre personas sin techo (homelessness) en Irlanda datos dramáticos: en un país de menos de 5 millones de habitantes, 10.000 personas no tienen un hogar y este dato ha crecido un 116% desde 2016, de los cuales 1.707 familias y 3.784 niños. A ello se suma un gran número de personas sin techo no reconocidas (unofficially homeless), especialmente jóvenes que duermen en sofás o balcones a la espera de encontrar una habitación. ¿Cuál es la razón? The Guardian apuntaba en 2018 a, entre otros motivos, el fuerte ascenso de los alquileres vacacionales: en agosto de ese año había en el mercado 3.165 propiedades disponibles en Airbnb, frente a 1.329 para alquiler de larga estancia, una situación recogida en la frase «en el Dublín del siglo XXI las familias sin hogar duermen en hoteles y los turistas se quedan en sus casas».

En Berlín la situación no es mucho mejor: según Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (Comité Federal para la Asistencia a las Personas sin Hogar), en 2018 había 50.000 personas sin hogar en Berlín y 1,2 millones en toda Alemania. Esto no significa necesariamente que sean personas que duermen en la calle, sino todas aquellas que no tienen una vivienda estable y se alojan en refugios, instituciones de beneficencia o en casas ajenas en, como en Dublín, sofás, colchones, etc. ¿El motivo? Según un informe de Caritas, en Alemania faltan 1,9 millones de hogares disponibles; lo que no significa que no haya vivienda, pues ya en 2014 se calculaba que había 1,8 millones de viviendas vacías, según censos oficiales. A ello hay que sumar que muchas viviendas han pasado de estar disponibles para el alquiler a propiedad privada: solo entre julio de 2017 y 2018 fueron 14.000 viviendas, según la senadora de vivienda de Berlín Katrin Lompscher (Die Linke). En esta situación, el precio del alquiler ha subido un 7% en el último año y un 80% en 10 años, según statista.de.

En esta situación, en Berlín los movimientos sociales se han puesto en marcha y van más allá de las medidas que el Senado de Berlín ha aplicado para tratar de contener los precios del alquiler y la carestía de vivienda. El movimiento Deutsche Wohnen & Co enteignen (Expropiar a Deutsche Wohnen y cía) propone expropiar todas las viviendas por encima de 3.000 que posean las grandes inmobiliarias. Entre ellas, Deutsche Wohnen es un símbolo, pues posee en la capital de Alemania 111.000 viviendas. Amparándose en el artículo 15 de la Constitución Alemana de derecho a la socialización mediante indemnización del suelo, terrenos naturales y medios de producción privados; en el artículo 24, que declara ilegal cualquier abuso del poder económico, y en el 28, en el que se consagra el derecho a la vivienda, Deutsche Wohnen & Co enteignen ha iniciado la recogida de firmas para forzar un referéndum en el que se expropien viviendas a esta inmobiliaria y a otras como ADO o Akelius, con el fin de socializarlas y ponerlas al servicio de los vecinos y las vecinas de Berlín y no de la especulación. Cuentan con el apoyo abierto de Die Linke (La Izquierda), uno de los socios de gobierno del estado federal.

En España han sido bancos y fondos buitre los que han echado a la gente de sus casas. Según la consultora RR de Acuña y Asociados se estima que los bancos y la Sareb (o banco malo) poseían en 2016 973.000 viviendas en promoción y terrenos para 1,5 millones de casas. Esta concentración de centenares de miles de viviendas en unas pocas manos, en ocasiones de bancos rescatados con dinero público (como Caixabank o Banco Sabadell) ha favorecido la especulación con la vivienda y que, en los últimos dos años, según el Idealista, el precio del alquiler haya subido un 10,87%, también afectado por el alquiler vacacional (como en Dublín).

En este contexto, se hace necesaria la expropiación de viviendas vacías a las entidades financieras y fondos buitre, especialmente cuando sean impulsoras de desahucios a familias en riesgo de exclusión social. Igualmente, hay que exigir que las entidades financieras rescatadas con dinero público efectúen parte de la devolución del rescate mediante el pago en forma de vivienda adquirida por impago de créditos hipotecarios. De este modo se podrá crear un verdadero parque público de vivienda que se ponga al servicio de las personas que a día de hoy en España no tienen un techo.
Sin embargo, el problema de la vivienda no es solo un mal que afecte a las grandes ciudades. Por raro que parezca, este problema tiene una aplicación en la España vaciada. Virginia Hernández, alcaldesa de San Pelayo (un pueblo de 54 habitantes en Valladolid) denunciaba en unas jornadas sobre emigración y retorno en Bruselas (organizadas por IU Exterior) que «los jóvenes que quieren irse a vivir al campo, que ya es una criba importante, se encuentran muchas veces sin una vivienda en la que poder hacerlo. Porque, aunque parezca mentira, hay muchas viviendas que ni se venden ni se alquilan y quienes las poseen las dejan caerse a cachos. Esto es un panorama desolador».
Esta realidad la conocemos quienes venimos de esas áreas de la España vaciada o de pequeñas y medianas capitales de provincia, que aún tenemos vinculación con el medio rural. ¿Quién no ha visto deteriorarse hasta la ruina casas en pueblos, cuyos propietarios solo conocen las personas más mayores? ¿Quién no ha oído hablar de la vivienda heredada por diez nietos que no se ponen de acuerdo para decidir qué hacer con ella? ¿O de las cuatro hectáreas de secano a repartir entre seis y que no saben cómo darles un uso? Es un hecho que, además de todos los avatares para vivir en el medio rural, como la falta de infraestructuras y servicios públicos, el aislamiento, el acceso a la vivienda o a la tierra es en ocasiones complicado.

No hay que tener miedo a decir tampoco en estos contextos que una solución es la expropiación. Los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos tienen en su mano iniciar procesos de identificación de propietarios de casas en estado de ruina o en proceso de ruina, así como de tierras improductivas, de modo que se impulse la puesta a disposición de estas viviendas. En caso negativo, la administración puede gravar estas viviendas y, finalmente y por necesidad para los municipios, expropiarlas mediante indemnización, del mismo modo que se realiza en las expropiaciones de suelo y vivienda para la construcción de infraestructuras tales como ferrocarriles o carreteras.

Expropiar tiene que dejar de ser un tabú en nuestra sociedad. Es intolerable que haya miles de casas sin gente y tanta gente sin casas. El mercado no se va a regular por sí solo, como dicen los gurús del liberalismo. El Estado tiene en su mano poder solucionar problemas como la falta de vivienda, amparado en la Constitución (igual que en el caso de Alemania), pues según el Artículo 128, «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Las personas y organizaciones que se reivindican de izquierdas o socialistas tenemos que perder el miedo a defender este tipo de medidas en público, porque todo silencio será aprovechado por los tiburones de la especulación. Está claro que los grandes propietarios y los políticos que los defienden levantarán el fantasma de que «el Estado te quiere quitar tu casa». Más bien al contrario, la expropiación te dará un techo.