La paralización cautelar de un parque eólico en O Courel deja al descubierto el descontrol administrativo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo

El pasado viernes, el parlamentario de En Marea (también portavoz nacional de Anova) registró una serie de iniciativas en la Cámara gallega encaminadas a solicitar la paralización cautelar de los trabajos de Fergo Galicia Vento S.L., algo que sucedió este lunes al haberse constatado desde la Xunta que la empresa carecía de un plano de planta general, un informe de la Axencia de Seguridade Aérea y un proyecto arqueológico autorizado. En la misma línea, se inició un expediente sancionador contra las actuaciones de la empresa. 

Sin embargo, las obras del parque eólico «Serra do Oribio», entre Triacastela y Samos, en el corazón del macizo de O Courel y dentro de la Red Natura 2000, ya habrían destruído parcialmente el Camino Real que recorre la zona de cumbres, y está poniendo en riesgo otros bienes patrimoniales inventariados, como la mámoa de Fial y las antiguas Ventas da Braña, do Retorno y del Portazgo do Oribio.

Sánchez, que lleva años denunciando la situación originada por las políticas del PP, ha manifestado esta semana su intención de llevar la falta de control sobre el sector por parte del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo al próximo pleno del Parlamento de Galicia, calificándolo como un «expolio» que se realiza «de manera sistemática» y que «supone un desprecio por los recursos que son de todos y una utilización de los mismos para favorecer intereses privados».

Por otra parte, el diputado ha asegurado que la política industrial en Galicia llevada a cabo por el Partido Popular no revierte «en la mejora de la economía de la gente», y que hay estudios que confirman que «menos del 3%» de los beneficios generados por la energía eólica se quedan en Galicia en un sistema que «sólo favorece a las empresas, perjudica al medio natural y deja a la gente con la factura de la luz más cara».

EL DIRECTOR XERAL DE ENERXÍA E MINAS, IMPUTADO POR UN CASO DE PRESUNTA PREVARICACIÓN

Mientras todo esto sucede en el plano eólico, Ángel Bernardo Tahoces, actual director Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta, sigue imputado por sus actuaciones presuntamente irregulares en la mina de San Finx en Lousame (A Coruña), por haber permitido la ausencia de un estudio de impacto ambiental a la hora de reabrir la explotación la falta de control y sanción sobre los vertidos de aguas residuales y el estado de las balsas mineras de la explotación, hechos que llevaron al la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia a actuar en consecuencia.