Un alto cargo del PP investigado por prevaricación ambiental es invitado por la Cámara Oficial Minera de Galicia para clausurar una jornada sobre minería sostenible
Polémica tras la participación en el evento de Ángel Bernardo Tahoces, actual director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta, por haber sido imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente por su presunta actuación irregular en el control administrativo de la explotación minera de San Finx, en la localidad coruñesa de Loursame.
De manera sorprendente para muchos, Tahoces fue el encargado de clausurar este miércoles la «Jornada de Divulgación sobre la minería sostenible», organizada por la Cámara Oficial Mineira de Galicia, destacando su apuesta por un modelo extractivo respetuoso con el medio ambiente señalando que el Gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijóo está apostando por aprovechar y optimizar todos los recursos mineros de Galicia «siempre bajo un modelo de minería sostenible» gracias a la Ley 5/2017, de fomento de implantación de iniciativas empresariales, impulsada por el PP y popularmente conocida como «Ley de Depredación», una norma que según sus críticos va claramente en detrimento de las garantías ambientales al acelerar de manera irracional los proyectos, afectando negativamente a otros sectores productivos básicos a nivel gallego como la agricultura o la ganadería.
Las afirmaciones de Tahoces contrastan, en cualquier caso, con sus actuaciones como director xeral de Enerxía e Minas, que en septiembre de 2012, según hicieron público entonces diversos medios de comunicación, ordenó a los funcionarios de su consellería ocultar informes contrarios a proyectos eólicos y que no figurasen en los expedientes durante los trámites de exposición pública, limitando así las alegaciones de la población, de empresas de la competencia e incluso de los ayuntamientos afectados.
Actualmente, Ángel Bernardo Tahoces afronta un episodio judicial que puede acabar con su carrera política porque para el Fiscal «indiciariamente aparecen elementos que pudieran significar la existencia o el riesgo indicado en los artículos 325 y siguentes del código penal. Según publicó eldiario.es en su momento, las diligencias «advertían de cuatro graves irregularidades y cuatro indicios presuntamente delictivos», entre los que se encuentran la ausencia de un estudio de impacto ambiental de carácter obligatorio y numerosas carencias en cuanto al control de la contaminación provocada por la explotación minera de San Finx y la seguridad de las balsas, algo difícil de relacionar con la «minería sostenible y respetuosa con el medio ambiente» que defendió en público eta semana este alto cargo del Gobierno Feijóo.
Relacionado
