El PP de Feijóo pretende aprobar la Ley de Patrimonio Natural por la vía rápida y sin debate social

El viceportavoz parlamentario de En Marea y portavoz nacional de Anova ha denunciado este jueves en rueda de prensa que la decisión adoptada unilateralmente por el PP de llevar la aprobación de la norma a un pleno extraordinario a finales de julio impide que se escuche a los colectivos ecologistas y de custodia del territorio que han mostrado su rechazo frontal al texto.

«El PP se toma a chufla las políticas ambientales, desprecia esta institución y a la ciudadanía» -ha afirmado el diputado-, insistiendo en que detrás de esta decisión de precipitar los plazos está «la subordinación del PP a otros intereses» y la intención de Alberto Núñez Feijóo de «maquillar» el nefasto balance de la legislatura, en el que una y otra vez incumple sus propias promesas.

Antón Sánchez ha recordado que la ponencia para debatir y elaborar el informe sobre la Ley de Patrimonio Natural se creó en comisión parlamentaria el pasado 6 de julio, y que aunque se presentaron más de 300 enmiendas, «el PP por puro interés partidista y electoral quiere cerrar la ponencia el próximo lunes para poder pasar el rodillo y aprobar definitivamente este proyecto de ley antes de que termine el mes de junio en un pleno extraordinario».

Para el viceportavoz del Grupo Parlamentario de En Marea «no hay ninguna razón de interés general» que recomiende precipitar los ritmos de trabajo impidiendo un debate sosegado para permitir un debate social en el que puedan participar las entidades y colectivos de defensa del territorio, lo que se suma «a diez años de preocupación y dejadez absoluta» de las políticas ambientales del Gobierno del PP durante los que se han recortado los presupuestos destinados a políticas ambientales «cerca de un 70%, en una actuación «íntimamente relacionada» con el retraso de la aprobación de las Directrices del Paisaje de Galicia o los la ineficiencia en la ejecución de los planes de conservación y recuperación de las especies en peligro de extinción, de los que sólo están en vigor 3 de un total de 200, «mientras las empresas eléctricas y los fondos buitre de los bancos se dedican a instalar parques eólicos por todo el país y la ampliación de la Red Natura que exige la Unión Europea todavía sigue esperando».