Podemos pide un nuevo periodo de diligencias y la participación de la UCO en el caso Fundación Guadalquivir

Podemos Andalucía ha pedido esta semana la apertura de un nuevo plazo de diligencias en el marco de la investigación que la Audiencia Provincial de Córdoba mantiene respecto a la causa del presunto caso de corrupción Fundación Guadalquivir que implica a cargos políticos del PSOE de Córdoba. Según ha explicado el letrado de esta organización política -que participa en el procedimiento como acusación popular- las pesquisas realizadas hasta la fecha han arrojado evidencias de una trama organizada de personas que, por su íntima relación con importantes cargos públicos, a fin de obtener provecho económico y réditos políticos para el partido al que pertenecen, solicitaron y percibieron ayudas y subvenciones de todo tipo.

Por este motivo, la formación morada ha solicitado ante el juez la apertura de un nuevo proceso de diligencias con participación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al objeto de que se revise la contabilidad y todos los expedientes de ayudas y subvenciones recibidas por estas entidades desde a Junta de Andalucía, la Diputación o el Ayuntamiento. Asimismo, y dado que se han vulnerado los derechos de los trabajadores, Podemos Andalucía ha solicitado información a la Tesorería de la Seguridad Social sobre las personas y contrataciones realizadas para cada una de las asociaciones investigadas, en tanto puedan ser perjudicados y pudieran ejercer acciones legales para el resarcimiento del perjuicio.

Como ha apuntado la presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, el caso Fundación Guadalquivir es paradigmático de cómo los dirigentes del un partido político «han usado presuntamente las instituciones a su antojo para forrarse y construir redes clientelares». Así, ha defendido el nuevo proceso de diligencias y ha instado al Gobierno de PP y Cs a «abandonar los vetos» y colaborar con cualquier acto de investigación de la trama que permita depurar responsabilidades políticas así como a activar mecanismos de prevención de la corrupción en la administración andaluza.