Trump amenaza con declarar “organizaciones terroristas” a los colectivos antifascistas
El presidente de los Estados Unidos ha dado respaldo público a un delirante proyecto de ley presentado por los senadores republicanos Bill Cassidy y Ted Cruz que aspira a designar a los movimientos antifascistas como “organización terrorista local”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado públicamente su apoyo a una alarmante iniciativa legislativa presentada por los senadores Bill Cassidy y Ted Cruz que pretende prohibir las actividades de grupos antifascistas declarándolos “organizaciones terroristas”. Lo ha hecho, como es habitual en su estilo, a través de la red social Twitter, calificando a los “ANTIFA” (sic) como “movimiento de cobardes que van por ahí pegando a la gente con bates de béisbol”.
No es la primera vez que Trump arremete contra la lisérgica y paranoide existencia de una supuesta red nacional antifascista con capacidad para amenazar la estabilidad del país, un relato generado por portales de extrema derecha como Breitbart desde hace años y que el presidente introdujo en su discurso desde el inicio de su andadura presidencial. Sin embargo, sí es la primera ocasión en la cual amenaza con perseguir legalmente a los movimientos antifascistas basándose en el propagandístico relato.
Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019
La iniciativa fue presentada por los senadores la pasada semana, tras la agresión al bloguero de extrema derecha Andy Ngo, al cual unos contramanifestantes arrojaron un batido durante una concentración de la extrema derecha en Portland a finales de junio.
Momento de la brutal agresión con un batido a Andy Ngo en Portland. A la derecha Ngo cubierto del batido que, según algunos medios, le causó daños cerebrales. / Moriah Ratner via Getty Images
A nadie se le escapa lo paradójico que resulta esta ofensiva política y mediática contra grupos de oposición a la proliferación del fascismo y cuya «actividad violenta» ha generado la alarmante cifra de 0 víctimas mortales. Mientras los sectores más ultramontanos del Partido Republicano cargan contra el fantasma de una supuesta red “ANTIFA” que aterroriza las calles a nivel nacional, tan solo durante 2018 más de 50 personas murieron en atentados perpetrados por personas ligadas a la extrema derecha. Aumentando la perspectiva, durante la última década, el 73% de los atentados terroristas perpetrados en Estados Unidos corresponden a grupos y personas ligadas a la ultraderecha (frente a un 23% llevado a cabo por células yihadistas islámicas, por ejemplo).
Las cifras no parecen importar a los legisladores republicanos que aparentemente encuentran en la supuesta amenaza imaginaria de estos grupos una excusa perfecta para criminalizar y atacar al disenso político que generan sus medidas más impopulares. Numerosas voces señalan que Trump tan solo persigue azuzar los ánimos y generar controversia ante la inminente llegada de un año electoral.
Sin embargo, también existe una enorme preocupación por el daño que podría llegar a generar, de prosperar, esta ley a los derechos civiles de los estadounidenses. Hina Shamsi, de la Unión de Libertades Civiles declaraba ayer a la edición estadounidense del Huffington Post su preocupación, indicando que podría suponer una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ante la ausencia de una amenaza terrorista real de las características que afirman, cabe preguntarse como buscarían emplear la legislación.
El permanente noviazgo de Trump y la extrema derecha
La extrema derecha ha supuesto desde el principio de su aventura presidencial uno de los principales apoyos a Donald Trump. El impulso proporcionado en los primeros momentos por la red digital del gurú de la “Alt-right” Steve Bannon fue fundamental en su victoria en la nominación republicana y su posterior victoria electoral en las presidenciales.
Durante su mandato, Trump no ha buscado desligarse ni mucho menos de ese espectro político. A su política anti inmigración, que raya permanentemente los límites del crimen de lesa humanidad, se suma su discurso polémico e incendiario, cargado de insultos racistas, homófobos y misóginos a sus opositores políticos.
Paralelamente, su presidencia ha supuesto un momento de incremento en la proyección pública de los movimientos más ultramontanos del país, que coincide con un crecimiento de su agresividad y violencia año tras año. A la sucesión de atentados de grupos y personas ligadas a la extrema derecha como el perpetrado en la Sinagoga de Pittsburgh en octubre del pasado año, se han unido acciones armadas de movimientos tan delirantes como el movimiento ‘incel’ que ya ha causado varias víctimas mortales en diversos ataques. Junto a ello, ciudades como Cleveland han registrado un incremento de hasta un 347% en agresiones, amenazas y otros delitos de odio de grupos “supremacistas blancos”.
Durante el mandato de Trump, los crimenes de odio y los atentados perpetrados por grupos de extrema derecha se ha incrementado año a año. En la imagen, familiares de las víctimas del atentado de la Sinagoga de Pittsburgh el pasado mes de octubre / Pittsbugh Post-Gazette
Mientras tanto, la propaganda de extrema derecha aumenta sin la más mínima oposición de las autoridades. La Liga Antidifamación reflejó en un informe publicado el pasado mes de marzo un incremento del 182% de la propaganda de odio, como panfletos en las universidades o portales de opinión, en 2018 respecto al año anterior. Así mismo, la edición de la pasada primavera del Intelligence Report del Souther Poverty Law Center apuntaba a una cifra record en 2018 de 1020 grupos de odio identificados en todo el país (entre ramas reivindicativas de la herencia del Ku Klux Klan, grupos neo-nazis, supremacistas blancos o los denominados movimientos neo-confederados).
A pesar de todo, para los legisladores republicanos la amenaza para la seguridad nacional reside en quienes se oponen. Con su iniciativa de catalogar a los movimientos antifascistas como terroristas, parece quedar claro con quienes se identifican.