La otra cara de las elecciones en Guatemala

Jorge Cuc Cucul, de 77 años, fue asesinado a machetazos el pasado 25 de julio mientras se encontraba trabajando en su milpa. Cuc era presidente de la directiva local del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en la aldea Paracaidista, Livingston.

Con él ya suman 14 los dirigentes del movimiento indígena campesino asesinados en poco más de un año. El primero de ellos fue Luis Marroquín, miembro de la directiva nacional de Codeca. Fue ultimado de nueve balazos a inicios de mayo del año pasado. La camioneta donde se transportaban los matones pertenecía a José Manuel Méndez Alonzo, alcalde de San Pedro Pinula, aliado del presidente Jimmy Morales. Todo quedó en el olvido.

Ninguno de estos asesinatos fue esclarecido. La impunidad reina soberana y la justicia tiene una doble vara de medir.

De acuerdo con el más reciente informe de la organización británica Global Witness “¿Enemigos del Estado?” [1], en el último año en Guatemala los asesinatos de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes quintuplicaron, pasando de 3 en 2017 a 16 en 2018.  El país centroamericano se convirtió en el más letal en términos de asesinatos per cápita.

Movimientos sociales y populares bajo ataque

El hostigamiento y los ataques contra miembros de Codeca fueron multiplicándose a medida que el movimiento avanzaba con el proceso organizativo comunitario a nivel nacional. La decisión de crear un instrumento político partidario que surgiese del movimiento indígena y campesino – el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) – agudizó la represión.

“A esta altura ha quedado claramente demostrado que el asesinato de compañeros y compañeras persigue el objetivo de frenar una lucha que ya no es sólo para garantizar derechos, sino para generar cambios estructurales en el modelo neoliberal, mediante un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional”, dijo Leiria Vay García, miembro del Consejo de Dirección Política del Codeca.

Esta propuesta impulsada desde las comunidades generó la reacción violenta de la oligarquía guatemalteca. Comenzaron las campañas de estigmatización, la persecución y criminalización de la protesta, las detenciones, el uso y abuso de los órganos impartidores de justicia para frenar la lucha.

“Como no pudieron acabar con nuestro trabajo comunitario optaron por subir los niveles de represión. Entre mayo de 2018 y julio de 2019 asesinaron a 14 compañeros y compañeras. Todos eran líderes y dirigentes comunitarios de Codeca, y en su mayoría estaban apoyando el trabajo organizativo del MLP”, explicó Vay García.

Criminalización  y asesinatos

Uno de los resultados más interesantes de las elecciones del pasado 16 de junio fue el desempeño de la candidata del MLP, Thelma Cabrera, quien pese a los innumerables obstáculos puestos al partido y a su candidatura, obtuvo el 10.4% de las preferencias y casi medio millón de votos, posicionándose en cuarto lugar, muy cerca de los contendientes que la precedieron [2].

Pese a la gran cantidad de votos, el brazo político del Codeca no consiguió ninguna alcaldía y obtuvo sólo una diputación. Tanto Cabrera como el partido denunciaron el burdo fraude electoral y desconocieron los resultados oficiales.

“Por más que nos obstaculizaban, más intensificábamos el trabajo comunitario para dar a conocer nuestra propuesta política. El óptimo desempeño que tuvimos ha generado nuevos temores en la oligarquía. Por esto comenzaron a asesinarnos.

Ellos están preocupados -continuó la dirigente de Codeca- y van a hacer todo lo que esté a su alcance para generar terror y zozobra en las comunidades. Quieren frenar este proceso y detener nuestra lucha”.

Segunda vuelta

El 11 de agosto, Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza – UNE) y Alejandro Giammattei (Vamos) se enfrentarán en una segunda vuelta para definir quién será el presidente de Guatemala para los próximos cuatro años.

Codeca y MLP coinciden en decir que son ‘más de lo mismo’. Tanto Torres como Giammattei ya están en el poder, tienen diputados y ambos partidos han participado de manera directa en la corrupción y la represión contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.