El gobierno de facto de Bolivia autoriza el uso de armas de fuego y otorga impunidad a policía y FFAA

El Gobierno de facto de Bolivia emitió este sábado un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional Boliviana de responsabilidad penal en la represión contra los manifestantes que han tomado las calles para rechazar el golpe de Estado.

La senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó «presidenta» sin contar con aval constitucional, emitió el decreto el viernes 15 de noviembre.

«El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad», dice el decreto.

Asimismo, el decreto establece que las fuerzas militares y policiales podrán usar armas de fuego para reprimir las protestas contra el golpe de Estado al presidente Evo Morales. «Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos», indica el texto.

También exige a «todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales».

18 muertos y masacre en Cochamba 

El decreto de Áñez llega un día después de la masacre en la ciudad de Cochabamba contra una gran marcha de grupos cocaleros, que exigía el regreso del presidente Morales. La represión de la Policía y las Fuerzas Armadas dejó nueve muertos y 105 heridos.

El representante de la Defensoría del Pueblo en la región central de Cochabamba, Nelson Cox, aseguró que todos los muertos eran manifestantes y tenían heridas de bala. Aseguró que las fuerzas policías y militares ejercieron una acción «desproporcionada» ante la protesta.

Los actos de violencia de grupos de choque de la oposición desde el pasado 20 de octubre (día de las elecciones) y la represión contra las protestas desde el 11 de noviembre (tras la renuncia forzada de Evo Morales) han dejado al menos 18 muertos en el país, según la Defensoría del Pueblo.