El Ayuntamiento de Madrid ordena el desalojo inminente del Palacio de la Infanta Carlota en el que viven 300 personas
Los ocupantes de este inmueble (300 personas, 40 de ellas niños) cuentan con un plazo de diez días para "desalojarlo voluntariamente" y sino se procederá al "lanzamiento administrativo".
El Consistorio argumenta razones de seguridad para ordenar el desalojo exprés del edificio de titularidad municipal
Quienes habitan el edificio del número 32 de la calle Luna, el conocido como Palacio de la Infanta Carlota, lo hacen sin un contrato legal y el pasado jueves, 21 de noviembre, recibieron una notificación oficial en la que se les informaba del deber de abandonar ese inmueble de titularidad municipal en el plazo máximo de 10 días. Muy lejos de su esplendor de antaño, todo lo relacionado con este lugar, al menos desde que comenzara el presente siglo, es la historia de un despropósito mayúsculo cuyo penúltimo capítulo está a punto de dejar en la calle, de la noche a la mañana, a 300 personas, 40 de las cuales son niños; ocupas para el Consistorio. Tras el desalojo y su rehabilitación, el palacio servirá para suplir las carencias dotacionales del vecindario.
Los afectados por la orden de desalojo denuncian el hecho de que no se les ofrezca una solución habitacional, que el Ayuntamiento no se haya interesado por la situación real de cada uno y que se les quiera echar sin darles tiempo posible de reacción. A toda prisa andan en busca de un abogado para interponer un recurso contra la resolución del Ayuntamiento que les permita disponer de cierto margen de maniobra. Todos ellos saben que tendrán que dejar el edificio, si bien esperan poder hacerlo más tarde que pronto y con un techo asegurado.
Por su parte, el gobierno municipal esgrime razones de seguridad, principalmente, para proceder de forma inmediata al desalojo de Luna 32. «Es necesario tomar el control municipal del edificio para dar una solución definitiva a su extrema problemática», indican a instancias de este periódico desde el área de Desarrollo Urbano. «Transcurrido el plazo dado de 10 días se realizará una inspección para constatar si las viviendas han sido desalojadas. De no ser así, se podrá proceder al lanzamiento por vía administrativa».
Siendo ambas explicaciones poco precisas y nada tranquilizadoras para las familias que deben dejar sus viviendas en breve, lo cierto es que, consumida ya la mitad del plazo dado para el lanzamiento, por Luna 32 no se ha acercado ningún representante de la administración desde que el pasado jueves se notificara el desalojo.
Tras preguntar cuáles son esas soluciones habitacionales que desde Centro dicen estar buscando para las personas que se quedarán sin techo, lo único que desde Cibeles aciertan a decir, a través de la Dirección General de Medios, es que «se está aplicando el protocolo de servicios sociales» y que con cada notificación de desalojo se repartió a los afectados una guía de recursos sociales para que quienes necesiten ayuda municipal sepan dónde acudir, algo que periodistas del medio Somos Malasaña aseguran que no se ha hecho y que, por lo tanto, es falso.
Fuente: Somos Malasaña