La asociación de afectados y la FRAVM piden a la Comunidad de Madrid la recuperación inmediata de las viviendas del IVIMA vendidas a Azora-Goldman Sachs

Las asociaciones vecinales de Madrid agrupadas en torno ha la FRAVM han advertido al gobierno autonómico que «ya no hay excusas» para que la Comunidad de Madrid se ponga del lado de las casi 3.000 familias afectadas por la venta de viviendas del antiguo IVIMA a Azora-Goldman Sachs y restituya los derechos que perdieron con la operación que tuvo lugar en el verano de 2013. Tras el “auto de inadmisión” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y el fondo buitre contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a una familia damnificada (la de Rachid Bouikou) y que conocimos ayer, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM solicitan la recuperación inmediata de todos los inmuebles enajenados.

El nuevo auto ratifica la nulidad de la operación, por lo que pedimos a la Comunidad de Madrid que a la mayor brevedad se haga con las viviendas que nunca debió malvender, con el fin de que las tanto las familias que aún permanecen en los pisos que hoy gestiona y son propiedad de Encasa Cibeles, como aquellas que en estos años se han visto obligadas a abandonarlos, puedan recuperar sus derechos como legales adjudicatarias de vivienda pública y social. Y esto pasa, en primer lugar, por la paralización inmediata de todos los procedimientos de desahucio en curso y el compromiso de que no se va a ejecutar un desalojo más.

La Comunidad de Madrid ha de garantizar a estos hogares que, como beneficiarios de vivienda pública, no se va a producir la finalización de sus contratos de arrendamiento y van a recuperar todos los derechos perdidos, como el mantenimiento de cuotas de alquiler acordes con sus rentas y el acceso a líneas de ayudas al alquiler para familias vulnerables.

Ya es hora de que el Gobierno regional sea sensible al calvario que desde hace seis años y medio padecen las miles de familias madrileñas afectadas por uno de los episodios más lamentables de nuestra historia reciente y colabore en su justicia y reparación. En este contexto, AVVI y la FRAVM van a solicitar una reunión urgente con los responsables de la Agencia de la Vivienda Social con el fin de conocer cómo piensa recuperar las viviendas y restituir los derechos de las familias. Recordemos que el auto del Supremo es firme y recurrir al Tribunal Constitucional solo buscaría aplazar este acto de justicia.

Desde AVVI y la FRAVM expresamos nuestro más sincero reconocimiento a los colectivos de afectados y a sus equipos de letrados, que en estos años no han cesado de pelear por sus derechos y por la vivienda pública, y en primer lugar a Rachid Bouikou y a su abogado de oficio César de Pinto, cuyo buen hacer se encuentra detrás de la sentencia del Supremo conocida ayer. Además, agradecemos el apoyo que en todo este tiempo han brindado a las familias multitud de colectivos y organizaciones sociales y políticas.

Somos conscientes de que aún quedan varios recursos judiciales por resolverse, pero esto no quita para que la Comunidad de Madrid pueda actuar inmediatamente para restablecer los derechos de las 2.935 familias de las 32 promociones de vivienda afectadas.

El origen del fallo del alto tribunal se sitúa en el otoño de 2013, época en la que decenas de afectados por la operación, que tuvo lugar en julio de ese año, presentaron recursos contra la actuación de la Comunidad de Madrid. La mayoría fueron desestimados en primera instancia ya que los tribunales no consideraron a los inquilinos como “parte interesada” en el acuerdo comercial entre esta Administración y la empresa Azora-Goldman Sachs. Afortunadamente, el TSJM atendió el recurso presentado por Rachid, al igual que ha hecho con otros dos recursos. Los responsables de la venta recurrieron en casación al Supremo y ahora el alto tribunal da la razón a este vecino de Navalcarnero y por extensión a todos los damnificados. Lo hace al entender que la Administración no justificó debidamente “que las concretas promociones que se enajenan no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”.