La realidad contradice las afirmaciones de Emiliano García-Page sobre la minería de tierras raras
El Presidente de Castilla-La Mancha recibió duras críticas del resto de grupos en el Debate del Estado de la Región celebrado esta semana -5 y 6 de octubre- en las Cortes autonómicas tras 15 meses de ausencia efectiva y hacer hecho caso omiso a las resoluciones aprobadas por este organismo, cuya autoridad emana de la soberanía popular.
Un apartado especial tuvieron los proyectos de minería de tierras raras, pues pese a que García-Page insistió que sin el requisito del agua no podrán salir adelante, el diputado de Podemos David Llorente recordó que su tramitación está «plagada de irregularidades» que podrían terminar en la Fiscalía Anticorrupción y que en ningún momento el plan minero llegó a figurar en el programa electoral del partido de Gobierno.
Llorente denunció que el Ejecutivo de García-Page está funcionando con un «programa en B» al margen de los intereses generales de la población, pues sólo así que entiende que el PSOE no haya cancelado el procedimiento cuando los proyectos han sido considerados desde el principio una amenaza para la comarca afectada y cuentan con el rechazo mayoritario de la población, organizaciones agrarias y denominaciones de origen, innumerables colectivos sociales y por encima de todo con informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) como alertas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha informado del potencial impacto radiológico de este tipo de proyectos extactivos.
El representante de Podemos ya denunció hace unos días que el caso de la minería de tierras raras «es particularmente ilustrativo» y sirve de ejemplo para entender el porqué Emiliano García-Page «no cumple». De hecho, y tras el Gobierno popular de Mª Dolores de Cospedal, García-Page también otorgó permisos de investigación que se suman a un plan minero que abarca un total de 27.300 hectáreas, «todo ello sin consultar a la ciudadanía», cuando esta actividad de carácter extensivo «representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona«.
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