«Luchar por una vivienda digna es una cuestión de emergencia climática»

Millones de personas se desplazan cada día desde sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo. Es lo que se conoce como «migración pendular» o commuting y supone, habitualmente, el desplazamiento de personas desde las periferias de las ciudades medianas y grandes, o desde municipios dormitorio, hacia los centros de trabajo situados en áreas centrales (por ejemplo, áreas financieras o gubernamentales en los centros de las ciudades). España se situaba a principios del milenio, desgraciadamente, como el sexto país de la OCDE con mayor número de minutos dedicados a este tipo de desplazamiento. Los 45 minutos de media por persona y día dedicados a esta migración pendular están casi 10 minutos por encima de la media de la OCDE y solo se ven superados por Sudáfrica (56 min), Corea del Sur (55 min), Turquía (48 min), Japón (48 min) e Italia (46 min).

Históricamente, las periferias de las ciudades han sido pobladas por la clase trabajadora que, al no poder permitirse vivir cerca de su centro de trabajo, se vio relegada a suburbios con peores servicios públicos, entre otros, el transporte como el metro o el autobús. Desde 2011 hasta 2017, las periferias de las ciudades medianas y grandes se han seguido poblando, mientras en algunos casos los centros incluso perdían población. El Commuter Belt Effect (efecto del cinturón suburbano) ha hecho que en esas fechas, una ciudad como Madrid capital haya perdido un 0,4% de la población, mientras veía cómo otros municipios del área metropolitana crecían: Arroyomolinos (8,2%), Paracuellos de Jarama (4,9%), Rivas-Vaciamadrid (2,5%), Pinto (1,8%), San Sebastián de los Reyes (1,4%), Getafe (0,8%), etc.

El caso de Madrid no es único. En España, Sevilla perdía un 0,3% de la población, mientras los pueblos del Aljarafe o Dos Hermanas crecían entre un 0,5% y un 2%. En el resto de Europa la situación se repite: en París, mientras los arrondisements perdían hasta un 2% de la población, Nanterre, Saint-Denis, Orly o Ivry crecían en torno al 1%; en Lisboa, mientras la capital portuguesa perdía el 1,3%, concelhos como Cascais o Sintra crecían levemente, a pesar de la generalizada pérdida de población del país. Lo mismo ha ocurrido en ciudades de Centroeuropa y Europa Oriental, cuyo turismo ha crecido fuertemente en los últimos años: Praga crecía un 0,6% de población, mientras los pueblos de alrededor lo hacían incluso por encima del 5%; en Cracovia y Breslavia, las ciudades permanecían prácticamente estancadas, mientras su cinturón suburbano crecía por encima del 2%.

Los motivos que se pueden aducir son muchos. No es de extrañar, por ejemplo, que Madrid, Praga, Lisboa y París estén entre los destinos más solicitados en Airbnb, ciudades plagadas de pisos vacacionales muy lucrativos y cada vez más centralizados en menos manos, que hace que las personas sean expulsadas de sus casas para dar paso a este modelo de turismo voraz del capitalismo más salvaje. Además, durante mucho tiempo, las viviendas de los centros de las ciudades, viejas y carentes de servicios como el ascensor (fundamental para la accesibilidad) o incluso baños individuales (en Berlín se pueden ver aún duchas en las cocinas o tazas de váter en pasillos -cada vez menos-), han expulsado a muchas personas de estas áreas urbanas. Ante esta situación, los ayuntamientos, de la mano de las grandes inmobiliarias, se dedicaron a crear grandes barrios periféricos, ciudades dormitorio o áreas residenciales monstruosas, hasta que en el caso de España la burbuja se pinchó. Finalmente, en algunas capitales como Londres o Berlín, viviendas de alquiler se han transformado en vivienda en propiedad, en muchas ocasiones de fondos de inversión, grandes consorcios del real estate o inversores particulares millonarios, generalmente procedentes de Rusia, China o Israel, que especulan con esta vivienda, bloqueándola y agravando la crisis a la espera de un mayor beneficio.

Consecuencia de todo ello es que cada vez menos personas puedan permitirse «el lujo» de vivir cerca de su centro de trabajo o en los centros de las ciudades, donde servicios como el transporte público tienen una mayor red que en estos municipios suburbanos.  Así pues, se derivan los grandes desplazamientos de población hacia áreas periféricas haciendo crecer la migración pendular. Los desplazamientos en días laborables en vehículos particulares y con baja ocupación suponen la mayor fuente de contaminación en las grandes ciudades. En Madrid, el tráfico rodado suponía en 2016 el 46,9% de las emisiones, mientras que en Barcelona la OMS alertaba de que el tráfico en vehículo privado en días laborables era la principal fuente de contaminación en valores como el dióxido de nitrógeno. Es por ello por lo que seguir favoreciendo el Commuter Belt Effect solo supondrá una mayor contaminación, que en España ya ha causado 10.000 muertes al año (a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, crea que es una invención).

Es, por tanto, una emergencia climática y de salud pública repensar el modelo de ciudad y de vivienda. Un modelo que tiene que basarse en la justicia climática, es decir, en la combinación de la justicia social con la protección medioambiental. Para ello, es fundamental la regulación exhaustiva de los alquileres, de modo que los centros de las ciudades no se conviertan en lugares asequibles solo para unos pocos privilegiados. Igualmente, es necesario tener un amplio parque de vivienda pública, que pueda ponerse a disposición de la clase trabajadora, teniendo en cuenta sus necesidades económicas, familiares y también laborales (cercanía a los centros de trabajo). Para crear este parque de vivienda pública, es fundamental requerir que los grandes tenedores de vivienda, entre otros bancos rescatados, pongan esta vivienda al servicio de la sociedad. Además, urgen planes públicos de reforma integrales para barrios en los que las condiciones de habitabilidad de las viviendas son, cuanto menos, mejorables. Finalmente, impulsar el transporte público colectivo y diseñar rutas seguras para el transporte en bicicleta, creando autopistas de bicicletas (Radschnellwege en alemán) que, además de ser seguras, minimicen el tiempo in itinere de los trabajadores y trabajadoras. A resumidas cuentas, luchar por una vivienda digna (tanto en precio como en habitabilidad) es una cuestión climática, que disminuye el movimiento pendular y el uso del tráfico rodado, así como reduce el consumo energético en las viviendas y mejora su eficiencia. Frente al oxímoron del capitalismo verde, justicia climática.