Salvemos Cabana pide que la Xunta se haga cargo de la restauración de los daños ambientales provocados por la mina de Touro

En 2013, Salvemos Cabana remitió ya el caso a  la Oficina del Defensor del Pueblo por sus similitudes con el proyecto aurífero a cielo abierto de Corcoesto dado que la mina de Touro, de más de 600 hectáreas de extensión, fue explotada en el período 1974-1988 para la extracción de cobre, aunque también se obtuvieron pequeñas cantidades de oro a partir del concentrado.

El colectivo alertó entonces que dicho proyecto «fue operado a cielo abierto sin ningún tipo de restauración posterior» y tras su abandono en la década de 1980 «no existió un control significativo» por parte de las autoridades de la Xunta de Galicia, «lo que derivó en la oxidación de los sulfuros metálicos presentes en el mineral en contacto con los elementos y la extrema acidificación de las aguas de drenaje», generando un problema de salubridad ambiental y un riesgo evidente para las poblaciones limítrofes.

Tras una investigación desarrollada en profundidad por el Alto Comisionado, el Defensor del Pueblo incluyó a la Consellería de Economía e Industria, y por ende al actual Ejecutivo de la Xunta de Galicia, dentro de las administraciones «no colaboradoras o entorpecedoras», tal como figura en el Anexo D de su informe del año 2017, lo que en la práctica para Salvemos Cabana «demostró el poco interés del Gobierno gallego en poner una solución efectiva al problema». 

CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA MINERA DE LA ADMINISTRACIÓN GALLEGA

Desde la asociación se pide que la cancelación del proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro sirva de punto de partida para que la Xunta de Galicia «deje de eludir de una vez por todas» los problemas de seguridad y restauración provocados por la actividad minera en Touro y «dé cumplimiento a la normativa que a nivel europeo apuesta por la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados».

Así, la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de política de aguas busca prevenir «todo deterioro adicional» protegiendo y mejorando el estado de los ecosistemas acuáticos, tomando cuantas medidas sean pertinentes para garantizar la reducción progresiva de la contaminación evitanto nuevos casos en aguas superficiales o subterráneas.

Para Savemos Cabana, teniendo en cuenta estas consideraciones, el Ejecutivo gallego «tiene ahora la oportunidad de demostrar en Touro su apuesta por el interés común ejerciendo una responsabilidad institucional que si bien llega con mucho retraso lo hace en el momento preciso para dar un cambio de rumbo a su política minera, que estos últimos años ha unido en su contra a colectivos, personas y entidades de toda Galicia».