La plantilla del Gómez Ulla denuncia posibles fraudes en la política de contratación del hospital

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla parece continuar en el ojo del huracán. Tras el escándalo desatado en medios por la gestión de las medidas de seguridad de cara a un posible brote de coronovirus en España, el personal administrativo del hospital ha denunciado nuevamente  posibles irregularidades en la política laboral y de contratación por parte de la dirección del centro. Según apuntan, desde hace años la dirección del hospital ha venido incorporando a personal como celadores con contratos eventuales para detentar tareas administrativas que, por ley, deben ejercerse por personal laboral administrativo estatutario, laboral o por funcionarios.

Esta política de contratación incurriría en una doble irregularidad. Por un lado, la suplantación de funciones administrativas por personas declaradas como celadoras supondría una violación del Artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público, al ser puestos que deberían estar cubiertos por personal estatutario laboral o por funcionarios públicos. El personal administrativo plantea así mismo que, entre otros derechos, se les está privando de la información sobre plazas que quedan por cubrir, no pudiendo optar a las mismas, violando así mismo el art. 16 del Estatuto.

Por otro, según apuntan desde el personal del hospital, se estaría incurriendo en una violación sostenida de los derechos de los propios empleados contratados como celadores, al concatenar contratos temporales de forma sistemática, corriendo un riesgo constante de no renovación o despido.

Así mismo, los empleados administrativos apuntan que los propios procesos de contratación son opacos y arbitrarios, al criterio del departamento de Recursos Humanos del centro hospitalario, no existiendo ninguna bolsa de empleo ni concurso público para incorporarse a la plantilla del hospital bajo este modelo de contratación irregular.

La contratación sistemática de personas como celadoras con contrato temporal habría comenzado hace años. “En el año 2014, en el turno de admisión de tarde había contratado como personal externo, alrededor de 3 o 4 personas puntualmente, mientras el resto del personal eran funcionarios”, nos indica una integrante de la plantilla del hospital que prefiere mantener el anonimato. “A partir de ese momento empiezan a contratar a celadores hasta ahora, que nos encontramos con 60 a 70 personas contratadas como celadores en puestos administrativos frente a unos 30 funcionarios”, apunta.

Reiteradas denuncias

No es la primera ocasión en la que sindicatos y personal denuncia la política de gestión laboral y contratación en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Durante los últimos años se han sucedido las denuncias sobre el abuso de contratos temporales, que en el año 2018 ya alcanzaba a ser el 35% de la plantilla. “La arbitrariedad en la contratación viene siendo una práctica habitual de este centro y de su jefatura de recursos humanos”, nos exponen fuentes sindicales de CCOO. “En cuanto a la contratación encadenada de personal mediante contratos eventuales en fraude de ley, no debemos olvidarnos que existen casos que han permanecido así durante periodos superiores a 15 años”, apuntan.

Así mismo, desde el sindicato reclaman la regularización de la plantilla, con la convocatoria de concursos públicos para cubrir de forma regular las necesidades del centro. “Queremos poner en relieve la necesidad de poner en marcha procesos abiertos, públicos y regulados de contratación, ajustándose a las categoría profesionales”, apuntan desde Comisiones. “El tema de las categorías profesionales es importante, de cara a que no se produzcan impedimentos en desarrollar el trabajo para el que esas personas han sido contratadas, como viene ocurriendo por ejemplo con las trabajadoras sociales contratadas como celadores”, denuncian.

Desde el sindicato CCOO se han denunciado, así mismo, las dificultades e impedimentos para articular la reivindicación laboral, dado el carácter militar de la administración del hospital. El pasado año, la central sindical presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, de cara a fiscalizar la política de contratación realizada por Recursos Humanos del Gómez Ulla. Sin embargo, el organismo se declaró sin competencias para exigir la regularización del personal contratado como eventual, instando al sindicato a acudir al Contencioso-Administrativo.