Unidas Podemos registra una segunda denuncia ante la Fiscalía por nuevos bulos que buscan crear “alarma social, desestabilización política y debilitar a las instituciones” con el Covid-19

Lunes, 6 de abril 2020.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, con la firma de sus diputados/as Enrique Santiago y Martina Velarde, ha registrado esta mañana en la Fiscalía General del Estado una segunda denuncia por la elaboración y difusión durante el actual estado de alarma de distintos bulos a través de las redes sociales sobre la pandemia del Covid-19.

Los denunciantes reclaman a la Fiscalía de forma específica que inicie “las acciones penales que pudieran corresponder” contra los responsables de los supuestos delitos de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”, así como “por cualquier otro que se apreciara de oficio por esta Fiscalía General a la vista de los hechos denunciados”.

El texto advierte sobre la existencia de una “organización criminal” encargada de este tipo de actuaciones. “Estamos sin duda -expone la denuncia- ante una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país”.

La denuncia se centra en dos casos concretos. En el primero se difunden unas fotografías que muestran decenas de ataúdes en un inmenso almacén, acompañadas en la parte superior de las siglas PSOE y de una ilustración que pretende simular el virus del Covid-19 con una simbología similar a la que utilizan los medios de comunicación. Todo ello va acompañado del siguiente texto ‘La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios’.

“Evidentemente -se indica en el escrito dirigido a la Fiscalía- la fotografía pretende dar a entender que las decenas de ataúdes contienen muertos ocasionados en España por el Covid-19, y que esta realidad se pretende esconder por el principal partido del Gobierno de España para generar así indignación social mediante la utilización de personas fallecidas”. Se especifica que, además de otras redes sociales, “también ha sido difundida la misma infografía a través de la App de mensajería WhatsApp, con el siguiente texto adjunto: ‘El PSOE investiga quién hizo la foto’, ‘No quieren que salgan estas imágenes’.

Se ha constatado que las fotografías corresponden a ataúdes con personas fallecidas en Italia, en un naufragio de personas refugiadas cerca de la isla de Lampedusa, en octubre de 2013, en ningún caso con fallecidos en España a consecuencia del coronavirus, como se pretende dar a entender. “Son radicalmente falsas, es decir, se trata de lo que en términos jurídico se denomina una falsedad ideológica. Las fotografías no han sido manipuladas, pero se corresponden a otra época, lugar e incidente, extremos que se falsean en las infografías denunciadas”, especifican los denunciantes.

Esta información falsa difundida tiene “la única intención de causar malestar y alarma social, debilitando así la necesaria confianza en el Gobierno de España y la unidad de toda la sociedad en la lucha contra una pandemia que ha causado una emergencia sanitaria -en España y en todo el planeta- de una naturaleza hasta ahora nunca conocida”.

Los denunciantes reconocen desconocer a los creadores de esta actuación y a todos los que se han encargado de ponerla en circulación. “Pero sí que es conocido quien ha sido uno de los difusores en las redes sociales de dicha información intencionadamente falsa. Ha sido difundida al menos por el titular de la dirección de Twitter usuario @palcampomevoy -que se define en su cuenta como ‘Razonable y Español… o sea, de VOX’- y que adjunta la infografía en la contestación a un tuit de Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, acompañándola del siguiente comentario: ‘Esperabais aplausos para el gobierno? No lo tendréis #GobiernoDimisión’, afirmación que pone de manifiesto que el citado individuo participa activamente en la puesta en práctica de la campaña de difusión de este bulo o fake news”.

El segundo caso denunciado se refiere a un vídeo donde se muestran decenas de bolsas que supuestamente contienen cadáveres, hacinados también supuestamente en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Como en el caso anterior, también se ha enviado de forma masiva a través de la App de mensajería WhatsApp junto al siguiente texto: ‘Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es esta. Grabado hoy con cámara en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. NO SON 1000 MUERTOS DIARIOS. SON MUCHOS MÁS. Tirados por el suelo, en bolsas, como perros’.

El Hospital Ramón y Cajal desmintió de inmediato que las imágenes correspondieran a sus instalaciones. Debería haber sido suficiente para parar el bulo si se hubiera difundido por un simple error, pero “fue todo lo contario. Lejos de cesar, el bulo incrementó y multiplicó su difusión, también por WhatsApp, atribuyéndose a continuación las imágenes sucesivamente al Hospital Parc Tauli de Sabadell (Barcelona), al Hospital del Mar de Barcelona o al hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid)

La realidad es que el vídeo fue grabado en el Hospital General Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil (Ecuador), como se encargaron de demostrar, entre otros, distintos medios dedicados a la verificación de noticias.

La denuncia expone también que tanto el Hospital  Ramón y Cajal, como el resto de hospitales a los que se atribuyen las imágenes, se vieron obligados en mitad de tan grave crisis sanitaria a “realizar una investigación y desmentir que se tratase de sus instalaciones, con el consecuente perjuicio por la interferencia en su actividad de emergencia, teniendo que dedicar recursos técnicos y humanos a investigar y desmentir esta indecente falsedad, recursos que han tenido que retraer de sus limitados medios para combatir la emergencia sanitaria”.

Los/as diputados/as denunciantes Enrique Santiago y Martina Velarde desarrollan más la idea de la autoría a través de una “organización criminal” y exponen que se trata de una “estructura integrada por distintas personas concertadas, con distintas tareas repartidas, al único fin de difundir masivamente falsas noticias, cambiando algún contenido de la información difundida tan pronto uno de estos contenidos ha sido desmentido eficaz y públicamente, como se comprueba con la información adjuntada sobre la atribución de las imágenes del mismo video sucesivamente a distintos hospitales españoles, todas ellas afirmaciones y atribuciones falsas difundidas a sabiendas”.

Detallan que dicha organización criminal “busca dolosamente causar una injustificada alarma social, acusando directamente al Gobierno de ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, así como acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos por Covid-19, procediendo a dar una imagen falsa de que hay más fallecidos que los que realmente se está informando por fuentes oficiales, buscando crear desconfianza, generando enorme desasosiego y ansiedad a nuestros compatriotas en un unos momentos tan complicados para nuestro país”.

Los denunciantes señalan que esta actitud “no tiene otra intencionalidad que injuriar, calumniar y desestabilizar la institucionalidad y los servicios públicos sanitarios de España, -lo que presuntamente puede buscar favorecer a la actual oposición política-” y advierten de que se utilizan “recursos criminales para ello, no escatimando recursos para utilizar políticamente el dolor de las familias que están perdiendo a sus seres queridos con esas imágenes que faltan gravemente a la verdad”.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común traslada a la Fiscalía General que “dada la gravedad de los hechos denunciados, realizados con absoluta intencionalidad de provocar un daño al interés y bien común, resulta necesaria y urgente que se incoe una investigación de carácter penal para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, siendo del todo incomprensible que las conductas relatadas queden impunes”.