Adelante denuncia abusos bancarios a usuarios afectados por el Covid-19 y pide sanciones de la Junta de Andalucía

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha denunciado hoy injerencias del sector financiero en los trámites de acceso a las ayudas dispuestas por el Gobierno central para paliar los efectos negativos del coronavirus en pequeñas empresas y autónomas y ha exigido una intervención urgente del Ejecutivo de Moreno Bonilla según lo dispuesto en la normativa autonómica para defender los intereses de los usuarios andaluces y evitar de este modo que los bancos vuelvan a hacer negocio ilegal a costa de los sectores sociales más vulnerables.

Para la confluencia, la crisis del Covid-19 está poniendo en evidencia una vez más la enorme asimetría entre los pequeños empresarios y autónomos con respecto a los bancos a la hora de negociar y solicitar préstamos. La presión de la emergencia sanitaria primero, el estado de alarma después y, finalmente, el cese de actividad de servicios no esenciales han colocado a pymes y autónomos en una posición vulnerable ante los abusos de la banca, pues son las oficinas bancarias quienes deben tramitar su acceso a las ayudas públicas. En esta línea, la presidenta del grupo parlamentario Adelante, Teresa Rodríguez, ha recordado al Gobierno andaluz sus competencias para vigilar, controlar y sancionar a los bancos que se están aprovechando de la situación y ha exigido a Moreno Bonilla que incremente el número de inspecciones y peticiones de información, medidas que la confluencia considera fundamentales para proteger a ciudadanos que ven peligrar el pago de sus hipotecas y la viabilidad de sus pequeños negocios.

La petición de Adelante se produce una vez que la confluencia ha comprobado como diversas entidades bancarias han establecido cláusulas abusivas a ciudadanos y pymes cuando éstos han solicitado acceso a los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en las condiciones estipuladas por la Administración General del Estado. Entre las prácticas irregulares detectadas se cuentan la exigencia de contratación de seguros de vida con el banco; incremento de los tipos de interés fijados por el Gobierno hasta incluso llegar a doblarlos; o solicitudes de acreditación de la solvencia hasta el 100%, cuando ésta debería alcanzar como máximo el 40 por ciento según lo acordado por el ICO. Junto a ello, también la moratoria de hipotecas durante la crisis del Covid-19 está siendo objeto de negocio especulativo de los bancos, que ofrecen a los usuarios que no tienen acceso a ayudas públicas una fórmula trampa a través de préstamos personales. Esta situación ha sido denunciada ya por las asociaciones de usuarios de servicios bancarios que no ven en esta fórmula una solución a los problemas de las personas damnificadas por la crisis sino una manera de hacer negocio con las actuales circunstancias de precariedad.

Como han advertido desde Adelante Andalucía, el sector bancario está viendo en la crisis del coronavirus una oportunidad de oro para incrementar sus beneficios con técnicas que rozan la extorsión, una actitud similar a la que adoptaron durante la crisis de 2008, cuando recibieron 120.000 millones de euros en ayudas públicas para inyectar liquidez en las pymes y familias que, sin embargo, fueron sometidas a cláusulas irregulares para acceder al crédito. Ante la posibilidad de un nuevo embudo bancario que castigue a la mayoría social y deje ganancias millonarias a la banca, Adelante Andalucía considera de denunciar la usura y sus malas prácticas, imponer férreas medidas de control y exigir a la banca que devuelva el dinero público que recibió.

Ley de Protección de los Consumidores

Tal como explican desde Adelante, la el Gobierno de la Junta de Andalucía cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para abortar cualquier intento de abuso de la banca a través de la aplicación de la Ley 13/2003 sobre Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la cual estipula como infracción grave la introducción de cláusulas abusivas en contratos, contratos tipo o condiciones de contratación. El régimen sancionador asociado a estas irregularidades establece multas que van desde los 5.000 a hasta los 60.000 euros, existiendo precedentes jurídicos que avalan la adopción de estas medidas por parte de la administración autonómica.