La Ley Mordaza sanciona a No Somos Delito

La plataforma lleva la multa a los tribunales

La Plataforma No Somos Delito y muchas otras organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos llevan tiempo denunciando que las sanciones por participar en reuniones no comunicadas junto a las nuevas Leyes Mordaza constituyen una restricción clara al ejercicio efectivo de derechos fundamentales recogidos en la Constitución y desalientan a la ciudadanía que quiere ejercer sus libertades de manera habitual, pacífica y democrática en el espacio público. «Se esta castigando a alguien por tomar el micrófono y situarse entre las primeras filas de un acto que transcurrió de manera pacífica por la vía peatonal», afirma Alejandro Gámez, abogado de No Somos Delito y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

«La manifestación no fue comunicada por conducto oficial a Delegación de Gobierno en Madrid, dado que el mensaje que se quería transmitir era contrario a estos trámites administrativos que en realidad son autorizaciones encubiertas del Gobierno», argumenta la Plataforma No Somos Delito en su comunicado. De hecho, el recurso presentado constata que la convocatoria fue comunicada por muchos cauces durante días, en los que se difundieron concentraciones desde más de 30 ciudades, fue Trending Topic durante 22 horas, tuvo más de 550.000 vistas en Facebook, además de ser publicada en innumerables medios de comunicación. «La convocatoria fue de todo menos secreta, pues la intención era llegar al mayor número de personas y romper con el miedo a ejercer nuestros derechos y libertades», defiende la Plataforma. Quedó constancia de que Delegación de Gobierno tuvo conocimiento por estas vías de la manifestación, ya que la Policía Nacional se presentó en la Plaza de Ópera una hora antes de la salida y estuvo presente y desplegada durante todo el recorrido, según recoge la defensa. «De haberlo querido, Delegación de Gobierno podría haberse puesto en contacto con No Somos Delito y habernos prohibido realizarla. Nunca lo hizo», denuncia la Plataforma.

Trabas y hostigamiento al derecho de reunión

La defensa alega que sancionar por no haber comunicado la manifestación de manera oficial, si Delegación de Gobierno ya tenía conocimiento por otras vías, implica castigar un hecho que no ha causado ningún daño, ni real ni potencial. «Esto significa que para Delegación de Gobierno tiene más valor incumplir un tramite burocrático vacío, que garantizar y promover nuestro derecho constitucional de reunión», denuncia Alejandro Gámez.

Foto de Carlos Delgado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya determinó que sancionar en vía administrativa a los participantes en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente a las autoridades según el procedimiento administrativo nacional, supone una restricción ilegítima del art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que cualquier manifestación en la vía pública causa inevitablemente cierto nivel de disrupción en el devenir ordinario y que las autoridades públicas deben mostrar cierto grado de tolerancia hacia la celebración de reuniones pacíficas (SSTEDH Bukta y otros c. Hungría, Yilmaz Yildiz c. Turquía y Barraco c. Francia

Según expone la Plataforma en su comunicado, «esta denuncia implica y demuestra la perversidad de leyes que buscan sancionar a manifestantes antes que protegerles. Si no existe un riesgo claro, un obstáculo formal no debería impedir el desarrollo de una manifestación, ni castigar a posteriori a sus organizadores, en este caso, debe prevalecer el ejercicio pacífico de los Derechos Fundamentales, pues son vitales para el desarrollo y expresión de una opinión pública libre e informada en un sistema democrático de verdad».

En su testimonio Carlos expone como, una vez terminado el acto de protesta, fue con unos amigos a tomar algo a un bar de una calle aledaña a la Plaza Mayor y fue entonces, cuando apareció un furgón antidisturbios con 8 agentes que rodearon la mesa en la que estaban para identificarles. «Las fuerzas de seguridad deben estar para proteger el libre ejercicio de nuestros derechos en vez de perseguir a personas por el hecho de haber salido a la calle a decir públicamente proclamas en defensa de una democracia real», defiende Carlos.

Durante la tramitación de las Leyes Mordaza, un grupo de relatores de la ONU encargados de su valoración, ya anunciaron públicamente su alarma sobre las mismas:«los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática. Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España».