Sindicato de Estudiantes: «No volvemos a clase. Por un plan de rescate a la educación pública»

Comunicado

Millones de estudiantes llevamos meses sin pisar nuestros centros de estudio desde que se inició la grave crisis sanitaria que padecemos. Pero las decisiones que el Gobierno PSOE-UP ha tomado para hacer frente a esta pandemia han demostrado que son completamente insuficientes y dan la espalda a los estudiantes de la clase trabajadora, los que mayoritariamente estamos matriculados en la enseñanza pública.

Las clases online han desnudado las graves ca- rencias materiales que padecemos, tras años de recortes salvajes, despidos de miles de profesores y privatización de la enseñanza. Como ocu- rre en la sanidad, las políticas de la derecha que han sumido a la educación pública en una situación de emergencia no se han revertido. Por el contrario, el continuismo y el desprecio por las necesidades educativas de millones de estudian- tes son también características de los ministerios dirigidos por Celaá y Castells. No solo se ha hecho más visible la brecha de clase sin que se opongan medidas efectivas para cerrarla, también se ha mantenido el curso con criterios irresponsables. Esto ha cargado sobre los estudiantes —sometidos a un estrés insoportable— el peso de no haber garantizado la promoción de curso sin excepción ni el apto general para los universitarios, de no haber suspendido los exámenes y las pruebas de la EBAU, de una una carga lectiva inaceptable, y la incertidumbre ante un futuro que condenará a decenas de miles a un fracaso escolar que registra las tasas más grandes de la Unión Europea.

La estrategia educativa del Gobierno ha permitido que la derecha se envalentone y pise a fondo el acelerador en sus políticas clasistas. El mejor ejemplo es lo que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca. El PNV al frente del Gobierno Vasco ya ha anunciado que el 18 de mayo abrirán los centros de estudio y retomarán las clases. Una decisión que atiende a una razón esencial: hacer un plan de desescalada a la carta para los grandes empresarios, que necesitan que los trabajadores y trabajadoras tengan un sitio donde dejar a sus hijos e hijas para incorporarse a sus puestos de trabajo.

Los capitalistas tienen muy claro que esta crisis tenemos que pagarla las familias trabajadoras, aunque ello suponga abrir las aulas y poner en riesgo la vida de miles de estudiantes, profesores, personal y familias para no tener que conceder permisos retribuidos a los trabajadores. ¡Es inadmisible! Con nuestras vidas no se juega y por eso desde el Sindicato de Estudiantes hemos llamado a la huelga indefinida en la CAV y en todos aquellos territorios donde se plantee este tipo de acciones irresponsables que colocan las ganancias privadas por encima del derecho a la salud. ¡Hasta septiembre no volvemos a clase!

¿Cómo es posible que en una entrevista realizada hace una semana, la ministra de Educación reconozca que no hay ningún plan para el comienzo del curso 2020/21 pero el Gobierno haya acordado ya esta decisión con el PNV?¹ Basta ya de to- marnos por tontos. Es evidente que no hay ninguna garantía de seguridad sanitaria para que volvamos ahora a clase ni en la CAV ni en ninguna zona del Estado. Por eso, si el Gobierno del PSOE- UP hace oficial el visto bueno al PNV, se convertirá en responsable de este despropósito.

En esta misma entrevista, Isabel Celaá también anunció su firme intención de congelar el presupuesto educativo para el próximo curso, lo que supondría uno de los mayores golpes a la educación pública de los últimos 45 años. ¿Es así como se levanta un escudo social? ¿Es esto una política de izquierdas? El Gobierno de coalición debe rectificar urgentemente y romper con una estrategia que conduce a un nuevo desastre.

Defender la educación pública es una urgencia que no puede aplazarse más

La educación pública vive desde hace años una situación de emergencia social. La crisis del co- ronavirus no ha hecho más que profundizar los efectos de los recortes y políticas de privatización del Partido Popular que la han llevado a una situa- ción límite. El presupuesto educativo en el Estado español —4,3% del PIB— está muy por debajo del presupuesto medio de la UE. Según un estu- dio de CCOO de 2018, el gasto en educación pasó de un total de 53.374 millones de euros en 2009 a 47.189 en 2016, es decir, una caída porcentual de 11,6 puntos², lo que es aún más significativo si tenemos en cuenta que en la última década el nú- mero de estudiantes de primaria, secundaria y FP ha pasado de 7,4 millones de 2008 a 8,2 en 2018³.

Tan solo en los últimos ocho años en la uni- versidad pública se han perdido más de 9.500 millones de euros de presupuesto, se han despe- dido más de 30.000 profesores de todos los tra- mos educativos, y más de 50.000 estudiantes de enseñanza secundaria han tenido que recibir sus clases en barracones durante el curso 2019/20.⁴

Pero esto es solo la punta del iceberg de un mo- delo educativo fracasado, sin recursos económicos y humanos para garantizar una educación pública de calidad. Los datos no dejan lugar a dudas: la tasa de repetición en el Estado español es del 28,7% y la de abandono escolar del 17,9% (la peor de la UE en 2018).

A esta falta de recursos hay que añadir el in- terés que existe por parte de la derecha y la pa- tronal en destruir la educación pública: porque es un tremendo negocio para los empresarios de los centros concertados y privados, además de un frente decisivo para el control ideológico, ejercido especialmente a través de la Iglesia católica…

La educación se ha convertido en un terreno más de la lucha de clases: privarnos a los hijos e hijas de los trabajadores de la cultura y formación superior hoy, significará mañana más mano de obra barata y sin formación a la que poder explotar impunemente, más precarizada y con salarios miserables. Es una manera de reducir los costes laborales manteniendo la formación académica superior como un coto privado de las élites y de las capas medias más favorecidas económicamente.

La educación es un derecho.

¡Basta de hacer negocio con nuestro futuro!

El Estado español está a la cabeza de Europa en cuanto a privatización de la educación: el 32% del total de centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP están bajo titularidad privada —el 64% de ellos en manos de la Iglesia católica— frente al 19% de la media europea.

En la última década, las subvenciones del Estado destinadas a la educación privada y privada-concertada se incrementaron en un 25%, hasta alcanzar el 12% del total del presupuesto destinado a la educación. Tan solo los colegios privados de educación no universitaria, concertados incluidos, han pasado de facturar 6.698 millones de euros en el curso 2004/5 a 12.475 millones en el 2017/8⁵, con un beneficio que ronda los 500 millones de euros en 2018⁶.

Esta privatización creciente de la educación para beneficiar a los grandes empresarios, que se llenan los bolsillos con dinero público haciendo negocio de nuestro derecho a la enseñanza, es la causa de una desigualdad lacerante que margina a los jóvenes de los barrios obreros y que se ha convertido en un problema estructural. Según el último Informe PISA, los estudiantes más desfavorecidos económicamente sacan 67 puntos menos, equivalente a dos cursos completos, y tienen 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que los de un entorno rico⁷. Pero eso no es todo, quienes nacen en una familia con bajos ingresos, tardan cuatro generaciones (120 años) en conseguir un nivel de renta medio⁸. Privarnos de nuestro derecho a una educación de calidad es privarnos también de un futuro digno.

Precisamente por eso todas las medidas clasistas que se han llevado a cabo los últimos años (desde las reválidas franquistas, la LOMCE o la rebaja de las becas…) para impedir el acceso de la clase trabajadora a la educación superior, son un crimen. La inmensa mayoría de las familias trabajadoras no pueden ni plantearse enviar a sus hijos a la universidad (sólo un 10,6% de los univer- sitarios son de clase obrera⁹), y el acceso a la Formación Profesional (FP) es una auténtica carrera de obstáculos por la falta de plazas. Este curso, solo en Madrid, el número de no admitidos en este tramo educativo supera los 30.000.

La realidad es abrumadora. La universidad pública cada vez se parece más a la privada en muchos aspectos: tasas por las nubes, becas que han sufrido recortes constantes, notas de corte para acceder a las facultades cada vez más elevadas, obstáculos que obviamente solo pueden superar los estudiantes de aquellas clases sociales que disponen de recursos.

Esta es la razón de ser de la EBAU, una prueba totalmente injusta que como muestran los datos de la Comunidad de Madrid en un estudio que publicó eldiario.es, beneficia a los estudiantes con mayor nivel socioeconómico. Una criba más para limitar el acceso a una universidad pública que carece de las plazas suficientes, y que los Gobiernos del PSOE y del PP siempre han utilizado para mantener una selección clasista e injusta del alumnado que cursa estos estudios. Y es lamentable que el nuevo Gobierno de coalición, en el momento de una emergencia sanitaria sin precedentes, defienda celebrar estas pruebas a toda costa.

La única forma de acabar con la desigualdad que provoca estudiar en un centro público o en uno privado, de vivir en un barrio rico o en un barrio obrero, es poner fin a la pesadilla de recortes y despidos de profesores, dejar de regalar miles de millones de euros de los presupuestos públicos a la Iglesia católica y los empresarios de la privada concertada, y asegurar una educación pública, gratuita, laica y de calidad, con plazas suficientes para todas y todos en la FP y la universidad pública.

Es necesario un plan de rescate urgente a la educación pública

Hay que mirar la realidad tal como es, y no como nos la quieren presentar. La actuación del Go- bierno PSOE-UP en lo que se refiere a la enseñanza pública no ha supuesto ninguna ruptura con el modelo de recortes y elitización que venimos arrastrando desde hace más de una década.

El borrador de la nueva Ley Educativa (LOMLOE) no solo no va acompañado de ninguna mención a un incremento drástico del presupuesto para la enseñanza pública y el fin de la privatización, sino que sigue sin abordar otras cuestiones de fondo. Se mantiene un modelo educativo basado en la memorización de contenidos, currículos inabarcables, horas lectivas y dedicadas al estudio que superan cualquier jornada laboral, exámenes y notas finales que no reflejan nuestros conocimientos…, un sistema sin espacio para la reflexión, el debate ni la experimentación, donde las habilidades, las competencias y la atención individualizada son una utopía.

El mismo esquema se repite en lo que respecta a la política del Gobierno hacia la universidad. Recientemente el Ministerio de Universidades ha iniciado una “consulta pública” sobre el borrador de Real Decreto que mantiene los precios públicos diferenciados por nivel académico y la penalización económica de las segundas, terceras y cuartas matrículas. Sin embargo, este borrador no supone derogar el tasazo de la ley Wert, es tan solo el inicio de un trámite que afectará únicamente a las primeras matrículas y que tiene que ser negociado ahora con las CCAA.

El Ministerio de Educación y el de Universidades están fracasando estrepitosamente: seguimos abandonados a nuestra suerte, sin medios humanos ni materiales para recibir una educación pública digna, gratuita y de calidad. Ante la grave crisis que nos golpea, no valen las medias tintas. El Gobierno debe dejar de mirar hacia otro lado y rectificar de forma inmediata, romper con el continuismo, acabar con los recortes y propiciar un cambio profundo de modelo educativo que realmente asegure la equidad.

Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos al Gobierno un plan de rescate urgente a la educación pública, con una inversión del 7% del PIB para luchar contra la desigualdad social y garantizar nuestro derecho a la educación. Este es el programa que necesitamos para el próximo curso:

1. Que ningún estudiante quede atrás. Cancelación de todos los exámenes, incluida la EBAU. Que todos los estudiantes pasen de curso y aquellos cuya nota sea superior al 5 obtengan la media del curso escolar con las dos primeras evaluaciones en todos los centros de estudio, sin excepción. Reorganización de los planes de estudio para recuperar los contenidos esenciales que no hemos podido cursar presencialmente en el próximo curso académico.

2. Para que la educación presencial llegue a todas y todos los estudiantes en condiciones dignas y de seguridad para nuestra salud: bajada drástica de las ratios a 15 alumnos por aula, que permita mantener las distancias de seguridad, una atención individualizada y recuperar en el menor tiempo posible los con- tenidos que no hemos podido cursar. Puesta en marcha inmediata de un plan de construcción de centros educativos públicos, así como de habilitación de edificios y espacios para garantizar estas medidas.

3. Profesores suficientes para cubrir todas las necesidades: contratación inmediata de dece- nas de miles de docentes y creación de miles de puestos fijos para los interinos. Recontratación de todos los profesores despedidos durante la crisis del coronavirus. Contratación por parte de la Administración del personal externalizado de necesidades educativas (PETIS, intérpretes de lengua de signos, etc) con todos sus derechos laborales.

4. Establecer por ley la inmediata integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años a la red pública. Basta ya de mantener un negocio multimillonario a costa de las necesidades básicas de las familias. Contratación por parte del Estado de los miles de docentes y personal de apoyo de estas escuelas con todos sus derechos laborales.

5. Recuperar la titularidad pública de todos los servicios de comedores y limpieza en los centros educativos públicos. Basta ya de comida basura y de regalar dinero público a las grandes multinacionales de estos dos sectores. Defensa de todos los empleos incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales.

6. Elaboración de un plan de refuerzo intensivo con un aumento radical de las plantillas que permita todos los desdobles y grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) que sean necesarios.

7. ¡Con nuestra salud no se juega! El Gobierno debe garantizar la provisión de mascarillas, guantes, geles desinfectantes… y todos los materiales sanitarios necesarios en todos los centros educativos. ¡Fin de la externalización de los servicios de limpieza de nuestros institutos y facultades!

8. ¡Hay que acabar con la brecha digital! Gratuidad de la conexión a Internet y reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado. La educación debe ser un ariete para luchar contra la desigualdad social y no al contrario.

9. Plan de atención integral psicológica, pedagógica para todos los estudiantes, con la contratación de personal suficiente para hacer frente a las necesidades de cada centro de estudio.

10. Supresión definitiva de la EBAU. Eliminación de las notas de corte para acceder a las carreras universitarias, aumento radical de plazas para la universidad y FP.

11. ¡Enseñanza pública y gratuita desde infantil a la universidad! Ni un solo euro público a la patronal de la educación privadaconcertada, a la jerarquía de la Iglesia Católica o a los centros del Opus Dei. Ampliación drástica y aumento de todas las becas, incluidas las becas comedor, y bajada al 5 de la nota para acceder a ellas.

No hay ninguna razón para que estas demandas no sean atendidas. Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos la excusa de que “no hay dinero” para llevar este plan a cabo, una fórmula que la ministra de Educación ya ha anticipado, anunciando que el presupuesto educativo para el próximo curso seguirá congelado. Esto es inadmisible y más aún cuando se acaban de entregar 100.000 millones de euros del presupuesto público a las grandes empresas y a la banca para blindar sus beneficios. ¡Sí que hay recursos y exigimos que se destinen a garantizar educación, sanidad y vidas dignas para todas y todos!

Si el Gobierno no escucha las demandas de la comunidad educativa y se niega a defender la enseñanza pública manteniendo las mismas políticas de la derecha, el Sindicato de Estudiantes llamará a la movilización general, a la huelga y a las manifestaciones masivas para el próximo curso. Está en juego nuestro futuro y no vamos a renunciar a él.