Redacción •  Vivienda •  18/05/2020

Adelante critica que Moreno Bonilla pretenda alterar las leyes andaluzas para inflar la burbuja inmobiliaria

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha censurado hoy la propuesta del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla de modificar la actual Ley del suelo por tener como único propósito reflotar la burbuja inmobiliaria causante de la crisis de 2009.

Adelante critica que Moreno Bonilla pretenda alterar las leyes andaluzas para inflar la burbuja inmobiliaria

En opinión de la dirigente andaluza, la tramitación de esta reforma legislativa incide en los mismos problemas que “nos han llevado a sufrir una década de problemas económicos sin precedentes” y comparte objetivos con el decretazo de desregulación que aprobó el Ejecutivo y que ha sido recurrido hasta en cuatro ocasiones ante el Tribunal Constitucional.

Aguilera ha afirmado que el Partido Popular carece de ideas y capacidad de gobierno, motivos por los cuales siguen recurriendo a recetas del siglo pasado ante la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. La dirigente considera por el contrario que, ante las circunstancias económicas actuales, hay una oportunidad para Andalucía que pasa por cambiar el modelo productivo mediante la diversificación industrial y la ruptura de la hiperdependencia respecto al exterior. “Este gobierno debe generar más oportunidades para los andaluces más allá del turismo, la especulación, la construcción y los campos de golf”, ha censurado la portavoz de Adelante, que ha lamentado que el PP ha introducido a Andalucía en el túnel del tiempo con sus políticas del siglo XX.

En esta línea, Aguilera ha manifestado que Andalucía no necesita una nueva ley del suelo, sino apostar por la creación de un parque público de vivienda para acabar con los 26 desahucios que se producen diariamente en la comunidad autónoma, y ha defendido el cumplimiento de la actual legislación toda vez que aún existen 327.583 viviendas ilegales en Andalucía, muchas de ellas construidas en costas y terreno protegido como resultado de los procesos de flexibilización que ya impulsaron los gobiernos de PP y PSOE desde Madrid.


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