Algunas ideas sobre ciencia y organización

Para repasar estas ideas y aunque sea una forma dura de comenzar creo que podemos decir sin equivocarnos que estamos inmersos en el período más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. El enorme esfuerzo hecho por los científicos y las instituciones para elevar nuestro país al nivel investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural ha sido revertido por una batería de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es un lujo que los españoles no podemos permitirnos en tiempos de crisis.

En la década anterior a la crisis España había aproximado lentamente su inversión en I+D a la media europea. Desde entonces, el gobierno desanduvo este camino , pasando del 1,39% del PIB en 2010 al 1,23% en 2014, frente al 2,03 de la media de los 28.

Entre 2010 y 2016, España redujo su inversión en I+D en 2845 millones (casi 900 M€ en capítulo 7) y permitió que perdiéramos más de 10.000 investigadores (5000 personas en el CSIC en solo 4 años). El esfuerzo ingente para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que garantizan la continuidad de sus sistemas e instituciones; en España, en cambio, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional.

Estos recortes se produjeron a pesar de la elevada eficiencia de nuestra I+D. Los bajos salarios, la elevadísima precariedad, la escasez de la financiación, la asfixiante burocracia o el escaso o nulo interés empresarial, no impidieron que la producción científica y tecnológica española alcanzara niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a las de los países del G8.

Estos recortes (2845 M€) representan cantidades ridículas si se comparan con los 3.400 M€ que se “perdonaron” a las eléctricas, o los 5.500 M€ que habrá que pagar por el rescate de las autopistas. Lo más grave es que han supuesto una grave descapitalización (humana, logística y de infraestructuras) de nuestro sistema de I+D. Se han cerrado para siempre laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros – y que volverá a costar millones de euros levantar, si algún día vuelven a estar disponibles.

Esta política no es casual, no puede desligarse de las estrategias de los núcleos de poder económico. La apuesta por la innovación estuvo siempre ausente en todos los procesos de reconversión industrial desde 1984 en adelante. Las políticas del IBEX son funcionales a la marginación del desarrollo tecnológico autóctono. El IBEX no necesita I+D aunque los sistemas informáticos del BSCH sean los más avanzados de toda la banca internacional. Y si ganan dinero así, ¿para qué apostar por proyectos de riesgo? La desindustrialización imparable y la burbuja financiera suponen la marginación de las políticas en las cuales se debería basar el tan difundido cambio de modelo productivo.

Es necesario decir en voz alta que la I+D española está herida de gravedad y que costará mucho reparar el daño hecho. Si se mantienen estas políticas, si no se cambia radicalmente el rumbo, nuestros investigadores seguirán dejando el país, y la investigación estará condenada a la irrelevancia.

Esta situación, denunciada por todos los partidos políticos excepto el PP, se concretó en las movilizaciones del colectivo Carta por la Ciencia en 2013 y en la propuesta de un Pacto por la Investigación. Un pacto que abriría la oportunidad de discutir un cambio normativo de la política científica a través de la elaboración de una ley que sancione este pacto por la ciencia, cimentado en la idea de la responsabilidad social. Una Ley que haga de la política científica una herramienta para gestionar el futuro, que reconozca a la ciencia como un elemento fundamental de las relaciones entre la sociedad civil y los poderes públicos. Una ley que contribuya a la generación de ciencia básica y de conocimiento crítico, y a la difusión del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad española.

Pero estamos aquí para discutir el presente y futuro del CSIC, el mayor centro de investigación de nuestro país y nuestra casa. Y para ello hay que hablar de crisis económica y recortes presupuestarios, de pérdida de recursos humanos y políticas de personal, de recorte de derechos y de modos de gestión autoritarios en una creciente involución ideológica, y por supuesto de nuestras ideas sobre ciencia y modelos organizativos.

Este balance comienza de forma obligada por la drástica reducción presupuestaria que el CSIC soporta desde los PGE2010, cuando la subvención del ministerio se reduce en más del 16% (100 M€) respecto a 2009, el año con el mayor presupuesto de su historia, 615 M€ de subvención y 843 M€ contando los recursos propios. Eran años de bonanza donde se pusieron en funcionamiento los programas JAE de formación de personal investigador, técnico y de gestión, y el programa EQUIPA, que permitió renovar el equipamiento de la mayoría de institutos. A pesar del fuerte recorte de los PGE 2010, la dirección anterior siguió publicando convocatorias de estos programas siguiendo el programa del Plan de Actuación 2010-2013; de hecho, los JAE-doc de la última convocatoria tomaron posesión ya con el gobierno del PP.

Esta situación y la continuidad de los recortes en los PGE de 2011, 2012 y 2013 llevan a una disminución del 33% de la subvención en 2013 respecto a 2009, con una pérdida acumulada de casi 600 M€ y un déficit de 150 M€. Para superarlo se proponía un plan de ahorro y se solicitaban 100 M€ de inyección presupuestaria adicional. En junio se hacen efectivos solo 25M€; la situación de tesorería se agrava y desencadena la Resolución del Presidente de 2 de julio limitando el acceso y disponibilidad de los ingresos de los institutos obtenidos antes del 1 de enero de 2012 y estableciendo los criterios de gasto durante el segundo semestre de 2013. Dicha Resolución (conocida como “el corralito”) generó un enorme nivel de alarma, que se intensificó tras la rueda de prensa del 8 de julio, donde el Presidente calificó la situación del CSIC como catastrófica y emplazó al ministerio a hacer efectivos los 75 M€ restantes para normalizar la gestión económica del organismo. La magnitud del problema y su reflejo mediático en la prensa nacional e internacional obligaron al MINECO a inyectar 70 M€ en octubre y a aumentar la subvención al CSIC en 50 M€ en los PGE 2014, un 12,1% más que en 2013. Así, a pesar de la reducción de los ingresos propios, sobre todo en contratos con empresas, se conseguía mantener el gasto y no seguir generando déficit. Los PGE 2015 congelaron el gasto y en 2016 hay un aumento del 2,8% de la subvención del MINECO (4,8% con los recursos propios).

La recuperación del equilibrio financiero se ha conseguido gracias a la reducción drástica del gasto impuesta en el programa de ahorro. Las inversiones han descendido hasta niveles que impiden el funcionamiento normal y el mantenimiento de las instalaciones, y el gasto corriente se ha reducido el 24% respecto a 2010. Los PGE 2016 suponen un alivio de la situación pero seguimos a más de 100 M€ del presupuesto 2010 y funcionaremos con el 25% menos que en 2009.

En 2013 desde CC.OO. calificamos la actitud del Presidente como valiente por poner sobre la mesa la situación del CSIC. Pero tras el rescate el equipo de Gobierno eligió seguir al pie de la letra las directrices del MINECO y Hacienda, sin tener en cuenta las consecuencias derivadas para la institución y para su personal. En este contexto, cabe preguntarse si era posible gestionar de otra manera. En un modelo alternativo los gestores recopilan, estudian, ordenan e impulsan las propuestas de la propia institución y de su personal e intentan conseguir los medios para implementarlas. El personal se convierte en co-responsable de las decisiones. Se podía hacer así en 2013 pero la dirección del CSIC eligió otro camino.

Pero el problema esencial del CSIC y de todo el sistema de I+D, es la continua sangría de recursos humanos, jóvenes investigadores y técnicos que abandonan los centros por finalización de contrato. Los grupos de investigación envejecen, lejos de aquellas épocas de bonanza (y también de despilfarro) donde sobraban becas y los contratos se multiplicaban.

De los 15849 trabajadores del CSIC en 2011 hemos pasado a los 10462 a finales de 2015. Más de 4500 jóvenes investigadores y técnicos han abandonado el organismo. Pero este éxodo fue calificado como un “topicazo” en sede parlamentaria, luego se convirtió en “movilidad exterior” según Fátima Bañez, o “deseo de aventura”, terminando en la “leyenda urbana exagerada” a la que aludía nuestro presidente en el 75 aniversario del CSIC. Ha sido el jefe de Estado el que ha tenido que alertar sobre el peligro de un “lapsus generacional” en el sistema científico declarando que España no puede permitirse el lujo de preparar a jóvenes científicos «para que salgan al extranjero sin retorno posible» porque lleva a «un retraso difícil de remontar». Amargos tiempos nos toca vivir donde hay que esperar a que el rey nos saque los colores alertando sobre la pérdida de lo mejor de nuestra juventud.

Podemos intentar negarlo, no ver nuestros laboratorios medio desiertos; podemos negar la pérdida día a día de la gente a la que hemos formado sin esperanzas de recuperarla. Pero recordando a Augusto Monterroso, cuando despertemos, el dinosaurio todavía estará allí.

Esta situación es el resultado de una política de sustitución de empleo estable por empleo precario que comienza en la década de 1990 y se agudiza en los 2000. En 2001 el personal temporal supera por primera vez al fijo y en 2009 se alcanza el máximo diferencial de 12 puntos (56% temporales frente al 44% de fijos). Mientras que los trabajadores que causan baja, principalmente por jubilación, son en su inmensa mayoría trabajadores con estabilidad laboral (funcionarios o laborales fijos), las sucesivas OEP resultan totalmente insuficientes, contribuyendo a la formación de una inmensa bolsa de precariedad en el CSIC. Este déficit de personal derivó en que los contratos por obra o servicio perdiesen en parte su objeto y se usaran para contratar a personal para la realización de labores puramente estructurales, dando paso a las reclamaciones judiciales por fraude de ley. La introducción del artículo 15.5 ET en 2006, o Ley Caldera, dio arranque al proceso de demandas laborales de los trabajadores temporales del CSIC que acaban con un proceso de consolidación en 2011 junto a otro previsto en el EBEP. La incorporación de 400 personas en este proceso suaviza en parte la actual sangría, permitiendo la supervivencia de muchos de grupos de investigación del CSIC.

El crecimiento acelerado de esta bolsa de precariedad debería haber sido un indicador claro de que los instrumentos de contratación laboral con los que se cuenta en el CSIC no son los correctos y que su modificación merece una revisión detallada con todos los actores implicados, como CC.OO. reclama desde hace mucho tiempo.

En septiembre de 2014 presentamos un estudio de los RRHH del CSIC desde 1986. Un estudio que ponía en evidencia los rasgos estructurales y los desequilibrios de la plantilla del CSIC. Identificamos problemas urgentes como la desaparición acelerada de los técnicos de laboratorio y el envejecimiento creciente de la plantilla. Y hacíamos propuestas específicas. Entre ellas un modelo de contrato con cargo a líneas de investigación o grupos, para sustituir a los contratos ligados a proyectos. Hace más de un año y medio que presentamos esta propuesta en el CSIC y en la Secretaría de Estado de I+D+i con la única respuesta de que “no convence a Función Pública”.

Así, en marzo de 2016, 1466 trabajadores (451 con contratos fuera de convenio), un tercio de la plantilla temporal del Organismo, llevaban contratados más de 4 años. Un colectivo en condiciones de acceder a puestos indefinidos en virtud del artículo 15.5 del ET. A 16 de septiembre de 2016 hay 324 trabajadores indefinidos no fijos y 87 demandas pendientes.

La respuesta del CSIC es la resolución del 6 de abril de 2016 que establece actuaciones con el fin de “reducir los desequilibrios generados por el ingreso de personal indefinido en cumplimiento de sentencia en los Institutos, Centros y unidades del CSIC”. Se proponen, entre otras medidas, aplazar autorizaciones de contratación de personal, limitar las plazas de nuevo ingreso y promoción interna, limitar la percepción de la productividad 18.2 y redistribuir las productividades PC2 y PC3, a aquellos investigadores, grupos de investigación y/o Institutos que presenten una “alta litigiosidad”, un concepto nuevo en la métrica evaluadora. Al final de la legislatura y en tiempo de descuento, tratan de culpar del fracaso de su gestión al personal que ha defendido sus derechos laborales en sede judicial y al que los jueces han dado la razón en su inmensa mayoría.

Todavía más grave, estas Resoluciones, publicadas sólo un día después de la Resolución de convocatoria de la nueva Bolsa de Trabajo, no fueron negociadas ni informadas a los Sindicatos en ninguna de las reuniones de negociación de esa nueva bolsa. Esta actitud de la Secretaría General es el ejemplo más claro de una actuación de mala fe, por ocultación de actuaciones y resoluciones directamente relacionadas con la contratación mediante bolsa, en el proceso de negociación y aprobación de la misma.

Merece destacar que en estas listas se incluyen la gran mayoría de los centros más activos, con mayor nivel de contratación y mayor productividad. Unas listas que constituyen una contradicción flagrante entre la exaltación de la excelencia como objetivo fundamental del CSIC mientras se pone en evidencia y se castiga a esos mismos centros. En particular, figuran las “joyas de la corona” del área de Biología y Biomedicina, aquellos que abanderaron la apuesta por los contratos temporales para aumentar la eficiencia del sistema, y donde precariedad y excelencia llegaron a ser sinónimos. Un modelo que ha demostrado su extrema fragilidad en la dura crisis que afronta el CSIC y cuyas consecuencias afrontamos ahora.

Calificar estas sentencias como “grave perjuicio para el desarrollo de una adecuada política de RR.HH” es afirmar que el cumplimiento de la ley constituye un daño para el Organismo. Imponer la serie de castigos y amenazas a los centros que alberguen personal INF persigue situar a los futuros demandantes como culpables de perjudicar a sus grupos y a su centro, e intenta predisponer a los investigadores para que no apoyen estas demandas. Un conjunto de medidas arbitrarias e injustas propias de regímenes anteriores pero claramente inadmisibles en el mayor organismo público de investigación del país.

Estas resoluciones son un ejemplo claro de la deriva autoritaria de la SEGE y la SGARH, donde aquellos que se oponen a esta transformación involutiva pasan a ser un escollo que hay que sortear y/o neutralizar. Si no se puede eliminar el derecho a la negociación colectiva, la mejor solución es vaciarla de contenido, limitarla y reducirla a lo anecdótico. O desprestigiar a los representantes de los trabajadores. La sección Sindical de CC.OO. del CSIC está sufriendo este tipo de estrategia de desprestigio y marginación. Tanto en los canales de negociación, donde se ha llegado a sugerir la sustitución de nuestros representantes, como sobre la persona de su propio Secretario General. Una ofensiva que no se corresponde ni con las formas de relación ni con el desarrollo de una actividad de representación de los trabajadores.

Una involución confirmada por otros hechos relevantes como la celebración en 2014 del 75º aniversario del Decreto Fundacional del CSIC, construido en 1939 sobre los escombros de la Junta de Ampliación de Estudios. El director de la Revista Arbor, la revista de pensamiento del CSIC, exaltaba en los medios al nacional-catolicismo que, en nombre de la fe, expulsó a la generación más brillante de científicos que había tenido este país. El mismo oscuro personaje, nombrado por el presidente en la CMyC, que acaba de editar un número monográfico de Arbor titulado ¿Hay mujeres más allá del feminismo?, dedicado a refutar las estadísticas y estudios de organismos internacionales, que llevan décadas haciendo un seguimiento de la discriminación que sufren las mujeres en todas las profesiones y en especial en ciencia. Y objetando en la práctica el trabajo de 14 años de la Comisión Mujer y Ciencia y de la Comisión de Igualdad del CSIC.

El presidente se escuda en la libertad de cátedra para no retirar este número de Arbor. Pero hay verdades que no se pueden poner en tela de juicio sin chocar con la evidencia de los experimentos y con la unanimidad de la comunidad científica. Hoy nadie se atreve a negar el cambio climático tras de los informes del IPCC. Como tampoco se pueden negar las barreras explícitas e implícitas que dificultan el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el mundo científico. Por eso seguiremos pidiendo la retirada de este número de Arbor.

Después de describir este triste panorama queda pendiente responder a la pregunta que todos los militantes de CC.OO. nos hemos hecho más de una vez: ¿qué hacemos aquí y por qué nos gastamos la vida personal y nos jugamos la vida profesional en este empeño? Porque está claro que nuestra militancia lo hace todo más difícil. Somos quienes somos a pesar de ser de CC.OO.

Nuestra pertenencia a CC.OO. y nuestra obstinación en transformar esta casa, surge desde nuestra concepción de la ciencia como proceso colectivo, como un trabajo hecho por personas que construyen en común desde distintas especialidades. Personal científico, técnicos y gestores tienen su misión y su espacio en la compleja arquitectura del hecho científico. Un modelo en las antípodas de aquél en el que sólo cabe la excelencia. El árbol de la ciencia debe ser frondoso para cobijar a todas sus criaturas. Si talamos las ramas en donde no somos líderes, en las que no somos excelentes, el árbol dejará de crecer; sin la savia del resto del follaje el árbol acabará muriendo.

Por eso nos empeñamos en defender y proponer la carrera profesional de todo el personal: investigadores, técnicos y personal de gestión. Lo defendimos en el 90, lo defendimos en la discusión y negociación del EBEP, en todas y cada una de las mesas de negociación y en cada sesión del Consejo Rector. Porque es el modelo más exitoso en los centros europeos de investigación, porque la implicación de todo el personal garantiza un trabajo más eficiente. Porque incluir y no marginar es un deber de la administración y un derecho de los trabajadores.

Trabajamos juntos defendiendo a los trabajadores y también en repensar la ciencia, compartimos la pasión por el conocimiento y por la política, coincidimos en la necesidad de introducir el pensamiento crítico en el mundo científico, para abrir la mente, para interrogarnos sobre el protagonismo social que dirige la generación de conocimiento; pensar, mirar “más allá del microscopio” para construir ciencia con conciencia.

Y, por pura coherencia, intentamos convertir estas ideas en hechos, integrar las prioridades de bienestar social, cohesión y calidad de vida en las políticas de I+D+i, respondiendo a las demandas de los ciudadanos, donde cultura científica sea sinónimo de cultura democrática.

Porque estamos convencidos de que se puede hacer ciencia de otro modo. Que es posible y eficiente trabajar de forma colectiva, donde la colaboración sea más importante que la competencia, donde ciencia, tecnología e industria puedan avanzar a la par.

Queremos que en esta casa se haga ciencia para el desarrollo sostenible, un problema que requiere la consideración conjunta del sistema socio-ecológico en su totalidad, con sus dimensiones sociales, económicas, institucionales y ecológicas, y, más importante y complejo, el diseño y aplicación de políticas integradas basadas en el nuevo conocimiento científico.

Queremos hacer ciencia para la paz, igual que aquel lejano 1986 en medio del debate de la OTAN, cuando llenábamos el salón de actos del CSIC bajo el lema: «Nosotros, científicos, no queremos trabajar para la guerra«. Por ello proponemos transferir todos los recursos dedicados a investigación militar hacia investigación civil y adherirnos al compromiso de las trece universidades españolas que hoy incluyen en sus estatutos el compromiso por la paz y la renuncia a la investigación militar.

Queremos y promovemos una ciencia con las mujeres, porque sabemos que los límites a la participación de las mujeres en la ciencia no son límites profesionales, sino límites sociales. Por eso proponemos construir otro saber a partir de las mujeres mismas, otra forma de abordar el trabajo científico.

Intentamos construir esa Tercera Cultura de la que hablaba Paco Fernández Buey, con lo que implica de diálogo necesario, obligatorio, entre las ciencias experimentales, las ciencias sociales y las humanidades como distintas perspectivas de los saberes humanos y el conocimiento universal.

Hemos trabajado mucho y discutimos mucho, y nos peleamos a menudo, como todos los que creen de verdad en lo que hacen. Si hay que hacer balance recurro de nuevo al Coronel Aureliano Buendía. Como él peleamos en 1000 batallas, y las perdimos casi todas. Duro es el fracaso porque no tiene padres; y en la derrota siempre estamos solos. Pero resistir es levantarse, una y otra vez, aunque la razón nos diga que volveremos a fracasar. Cada vez recordamos a Becket: Nada más jamás. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor; porque tal vez esta vez podamos abrir brechas que los que vienen detrás conviertan en caminos.

Por defender estas ideas perdimos tantas batallas. Perdimos por pensar, por analizar las cosas antes de contestar, por no dar nunca las respuestas previstas. Perdimos por opinar y significarnos, por no dejar que nos modelaran, guiaran, limitaran; como diría Marcelino, perdimos por no dejar que nos domesticaran.

Pero alguna vez ganamos. Fue Emilio Criado el que en 1974 propuso por primera vez la conversión de las becas de investigación en contratos laborales. Hemos tardado 40 años en conseguirlo y el éxito sí que tiene muchos padres (y madres, y tíos y sobrinos). Pero nosotros sabemos que durante más de 30 años desde CC.OO. fuimos los únicos en reivindicarlo, en el parlamento, en la calle, en todas y cada una de las negociaciones que hacían a la ciencia. Y eso nos basta: desde 2013 ya no hay becas de investigación en este país.

Y trabajamos en la consolidación de 400 nuevos funcionarios y laborales en 2011, y apoyamos a la mayoría de esos 374 nuevos contratados indefinidos que ejerciendo sus derechos atenúan la terrible sangría de jóvenes investigadores y técnicos que envejecen nuestra casa. Carlos Cuéllar, Julio, Rosa, Maribel, Charo, Ricardo o Manolo no esperan que nadie les agradezca el oído atento a cada trabajador que confiesa sus miedos, que pregunta como acudir a los juzgados; nos basta con saber que lo hemos hecho nosotros. Y estamos enormemente orgullosos de ello.

Hemos trabajado en los laboratorios y en el sindicato y también en los órganos de gobierno. Reflexionamos conociendo la complejidad de las relaciones institucionales, pero con los pies siempre firmes en nuestra realidad. Estamos convencidos de que es necesario –y urgente – construir pensamiento crítico en las escuelas, en la universidad, en los centros de investigación, en la sociedad. Ante el ominoso avance de la derecha y su voluntad de imponer valores, de anular toda oposición, de desertizar el pensamiento, se impone seguir construyendo alternativas. Aunque por ello nunca salgamos en la foto! Como Manolo Sacristán, seguimos intentando escribir en tiza muy blanca sobre la negra pizarra del presente. Renovando el compromiso, la necesidad imperiosa de seguir pensando, escribiendo, construyendo un CSIC diferente. Porque defender hoy al CSIC es defender la ciencia en España, es defender su capacidad para actuar como motor de cambio de un modelo de desarrollo que se base en el conocimiento y en la innovación, con trabajo estable, trabajo digno, trabajo decente. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo historia con la mejor herramienta que conocemos: más democracia.