Los números rojos de la economía salvadoreña
Por décadas la economía de El Salvador ha navegado en aguas turbulentas; las medidas de ajuste estructural a inicio de los noventa; la dolarización en 2001; el impacto de terremotos, huracanes, tormentas tropicales; y la corrupción, han sido grandes dificultades que han generado pobreza y llevado al país a incrementar su deuda pública hasta el límite de lo insostenible. En febrero de 2020 la deuda era de 19,845.54 millones de dólares, ubicándose como el cuarto país de América Latina con más endeudamiento, solo precedido por Venezuela, Argentina y Brasil. Con estos números la deuda pública de El Salvador, antes de la pandemia alcanzaba el 71.8 %, con respecto a su Producto Interno Bruto.
Como es de suponer, la deuda se debe pagar, aproximadamente una sexta parte del presupuesto anual del Estado se destina a este propósito, solo para el segundo semestre de 2020, El Salvador deberá pagar 400 millones en concepto de amortización de diferentes prestamos. El impacto económico del covid19 agrava la situación, por ejemplo: al inicio del año se tenía una proyección de crecimiento por el orden del 2.5%, los nuevos cálculos establecen que habrá un decrecimiento de menos 5%. Por otra parte, se estima una caída de las remesas del 17%, con lo cual el país dejará de percibir en concepto de ingresos un total de 990 millones de dólares.
El presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, aprobado antes de la pandemia, fue de $6,426 millones, el cual presentaba un déficit del 11.7%, es decir que según las proyecciones del gobierno los ingresos no serían suficientes para cubrir todos los gastos y habría necesidad de gestionar créditos por $755.9 millones. Con la nueva realidad el déficit se incrementa a $1,745.9 millones, sin considerar todos los gastos extraordinarios que está demandando la atención de la emergencia.
Para enfrentar esta situación el Parlamento ha autorizado al gobierno central para contraer deuda por 3,000 millones de dólares, pero debido a la crisis, el acceso a los mercados internacionales para colocar deuda se vuelve mucho más difícil y a intereses más altos; sin embargo, el gobierno ha comunicado como buena noticia el aval de un crédito por $550 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y otro por $389 millones con el Fondo Monetario Internacional, FMI
Una desventaja consiste en que estos organismos condicionan el financiamiento a exigencias de política fiscal para el futuro. En opinión de la reconocida economista Julia Evelyn Martínez, El Fondo Monetario Internacional no concede préstamos para ayudar a los pueblos en momentos de crisis, sino más bien aprovecha las crisis para que los gobiernos se comprometan a poner en marcha medidas fiscales y financieras que comprometen el futuro de los pueblos y que evitan que futuros gobiernos sucumban a la tentación de romper con el neoliberalismo.
Según Martínez el FMI ha recomendado al gobierno medidas como la disminución del gasto público en $900 millones a partir del año 2021, aumentar los impuestos a la gasolina y al diésel, aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA y las contribuciones fiscales especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos.
Independientemente que el gobierno asuma estas recomendaciones, un hecho concreto es que con estos y otros préstamos adicionales de los que ya se escucha hablar, la deuda pública podría llegar hasta el 90% del Producto Interno Bruto; dicho en otras palabras, de cada dólar que se produzca en el país, ya se deben noventa centavos; lo que llevará al Estado salvadoreño a una situación fiscal crítica y por tanto, la inversión en educación, salud, vivienda, agua potable y cualquier tipo de subsidio a los sectores más empobrecidos, será extremadamente limitada.
*José Acosta
Relacionado
