El Gobierno de Castilla-La Mancha dice ahora que Hernández Moltó les engañó

Sic transit gloria mundi, Roma non solvet proditoribus, etc. etc. A Juan Pedro Hernández Moltó le están borrando de las agendas a toda velocidad y teniendo en cuenta que ya Fernández Ordóñez se ha mostrado partidario de exigir responsabilidades a los gestores de CCM, es muy probable que para mañana nadie que pueda hacerlo reconozca haber cruzado palabra con un tal Juan Pedro, hasta el domingo pasado arrogante y jactancioso presidente de CCM y hombre imprescindible de José María Barreda.

Es más, la noticia que publica hoy El Economista, además de ser una prueba irrefutable del cinismo infinito de las cosas de la política, supone un torpedo en medio de la santabárbara del tinglado toledano.

A José María Barreda le han bastado dos días para abjurar tres y treinta veces del hombre que le ha sido imprescindible para poner en marcha su asalto a la economía regional. Según “fuentes próximas al Ejecutivo autonómico” que cita El Economista “la Caja no facilitó toda la información necesaria y ocultó datos de vital importancia . De haber sabido lo que se conoce ahora, nunca se hubiera permitido la concesión de estos préstamos”.

La gravedad de estas declaraciones es difícil de evaluar en su completa magnitud. O bien el Gobierno de Castilla-La Mancha miente y con ello está admitiendo, a contrario, su responsabilidad directa en lo intolerable; o bien dice la verdad y, por tanto, lo que es intolerable es que los letrados del Gobierno autonómico no estén, en este momento, aporreando la puerta de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo para interponer, inmediatamente, la oportuna querella criminal.

¿Pero, de verdad, puede pretender José María Barreda que nos creamos que ignoraba lo que estaban haciendo Hernández Moltó, Ildefonso Ortega, José Luis Rodríguez Romo, Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, entre algunos otros?

A priori esto no parece muy posible pero es que, además la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, hace que sea prácticamente imposible que tal ignorancia pueda alegarse con unos mínimos visos de credibilidad.

Según el artículo 58 de la citada Ley 4/1997, de 10 de julio “1.- La Junta de Comunidades ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión y control de la actividad económica, financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros a través de la Consejería competente y en el marco de la legislación básica estatal. 2.- La consejería competente ejercerá en esta materia todas las competencias que no se atribuyan expresamente a otros órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

No termina aquí la regulación de esta Ley. El artículo 59 establece que “1.- La Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con carácter general, podrá someter a autorización previa las inversiones de las Cajas de Ahorro en inmuebles, acciones, participaciones u otros activos materiales y a la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo, todo ello dentro de las competencias que le correspondan. 2.- El sometimiento a autorización previa se desarrollará reglamentariameante”.

Finalmente, el artículo 63 es aún más contundente en cuanto al tema que aquí se trata: “1.- Las Cajas de Ahorro remitirán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la forma que reglamentariamente se determine, cuantos datos, balances, estados financieros e informaciones sobre su actividad y gestión sean necesarios para el ejercicio de su competencia. 2.- En todo caso, las Cajas de Ahorro facilitarán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuantos datos e información remitan al Banco de España en cumplimiento de la normativa dictada por éste”.

Naturalmente, ahora Barreda y sus Consejeros dirán que no se han desarrollado las normas reglamentarias a las que se refiere la Ley. Triste excusa si es esta la que utilizan, primero porque ya ha llovido y se ha secado desde 1997 y ha sobrado tiempo para aprobar esos reglamentos. Segundo, porque la ausencia de reglamento no exime del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que esta Ley impone al Gobierno de Barreda.

La intolerable negligencia o el sostenido dolo de Barreda y sus Consejeros ha costado a la ciudadanía, de momento, un billón quinientos mil millones de pesetas (9.000 Millones de €) y ha permitido que la CCM financie con bastante más de 170 Millones de Euros (28.000 Millones de pesetas) a muy señalados imputados en la Operación Malaya, la más paradigmática trama de corrupción del Estado español. No seré yo quien discuta la responsabilidad directa del caído Hernández Moltó en los hechos, pero la pretensión de Barreda de que le tengamos por víctima de los engaños de Moltó entra de lleno en lo grotesco y si hacemos caso a lo escrito por Arthur Conan Doyle, lo grotesco frecuentemente enmascara el crimen.