La Comisión Europea pone en riesgo la transición a las energías renovables al dejarla en manos de las grandes eléctricas reacias al cambio

El paquete legislativo de invierno está llegando

A continuación se detalla por qué:

•  Los pagos por capacidad: una ayuda para alargar la vida de carbón y nuclear

Es probable que la Comisión respalde los «pagos por capacidad», que son totalmente  perjudiciales para la ciudadanía, la economía y el medio ambiente, ya que subvencionan a las compañías eléctricas para que mantengan activas sus centrales de carbón, gas y las nucleares, supuestamente como generación de respaldo en momentos en los que las energías renovables pudieran no suministrar suficiente electricidad al sistema. Sin embargo, detrás se esconde que la UE tiene demasiadas centrales viejas y contaminantes, que inhiben las nuevas inversiones en energías renovables. Los pagos por capacidad perpetuarán ese exceso de capacidad causando un grave perjuicio a las personas y a las cooperativas que quieren invertir en energías renovables.

• Eliminación de la prioridad de acceso a la red y de despacho para las renovables

La Comisión quiere eliminar la regla existente según la cual la red debe considerar prioritarias las energías renovables y dejar que su electricidad siempre tenga acceso a la misma antes que la electricidad de las plantas contaminantes como el carbón y la energía nuclear.Si se elimina esta prioridad, los aerogeneradores podrían ser parados rutinariamente para hacer espacio al carbón o la energía nuclear, al ser la energía eólica más flexible y por lo tanto más fácil para los operadores de red, quienes deciden qué plantas de generación eléctrica se apagan en caso de sobreabastecimiento. Los operadores de redes (como Red Eléctrica en España) estarían por lo tanto incentivados para priorizar las centrales de carbón y nucleares que no son flexibles frente a las renovables que sí lo son, también desmotivaría las inversiones en redes más modernas y flexibles, ya que las energías sucias no necesitan redes tan inteligentes y avanzadas como las renovables. Incluso si se paga a los operadores de energías renovables por parar las máquinas, esta compensación no puede ser considerada un sustituto en lugar de tener más renovables en el mercado. El propio análisis de la Comisión muestra que eliminar el derecho prioritario aumentará las emisiones de carbono del sector eléctrico un 10%.

• Competencia desleal (subastas)

Los primeros borradores de las propuestas de la CE proponían que los esquemas de apoyo a las energías renovables tenían que cambiar para adaptarse a las grandes compañías eléctricas, haciendo, al mismo tiempo, más difícil para proyectos de pequeña escala (como los promovidos por cooperativas de energías renovables) obtener ayudas. La Comisión propuso que casi todos los proyectos de energías renovables presentaran ofertas en subastas para obtener subvenciones. El único actor decisivo para conceder las subvenciones sería el precio de la electricidad producida por el proyecto. En la mayoría de los casos, las grandes compañías eléctricas tendrían ventaja sobre los proyectos a pequeña escala. Tampoco se tendrían en cuenta los beneficios directos (financieros, sociales y ambientales) de los proyectos locales. El último borrador de las propuestas permite a los Estados miembros tener en cuenta las necesidades de las cooperativas a la hora de diseñar planes de apoyo, pero no proporciona disposiciones detalladas. Esto dejaría a la Dirección General de Competencia decidir más adelante el detalle de las normas. Sin embargo las subastas que favorece la D. G. Competencia podrían excluir de facto a los pequeños actores como las cooperativas de los sistemas de apoyo ya que esta dirección general no valora el rol de estos pequeños actores en el mercado.

•  Control corporativo

La Comisión se plantea reforzar el control de las compañías eléctricas sobre la red de distribución de electricidad y las normas que la regulan mediante la creación de un nuevo órgano comunitario de operadores de red locales. Muchos de estos operadores de la red son propiedad de grandes compañías eléctricas. El órgano tendría capacidad para influir sobre la planificación de la red y la redacción de los llamados “códigos de red”. Sin embargo, la Comisión no ha exigido a las empresas eléctricas que vendieran su participación en las redes de distribución. Esto crea un conflicto de intereses y cuestiona la independencia y neutralidad de cómo se vayan a gestionar las redes locales.

• Poder a la ciudadanía: sí, pero solo hasta cierto punto

También se espera que “el paquete de invierno” contenga algunos elementos positivos, como el derecho de las personas a generar, consumir y almacenar su propia energía, así como venderla a la red. Esto podría abrir la puerta para que millones de personas se activen en el mercado eléctrico en países como España, que actualmente restringen el autoconsumo. Aumentaría la participación de la ciudadanía en la transición energética. Sin embargo, la Comisión quiere imponer un cupo para los proyectos de las cooperativas renovables limitando sus proyectos a un promedio de 18 MW por año. Esto podría obstaculizar seriamente la capacidad de las cooperativas renovables para convertirse en actores importantes en el mercado europeo de la electricidad.

Ciudadanía energética

Cada ciudadano puede contribuir solo en pequeña parte a la transición energética, pero junta la ciudadanía energética puede desempeñar un papel importante para plasmar un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente. Un informe reciente de CE Delft demostró que más de 112 millones de personas podrían satisfacer el 19 por ciento de la demanda europea de electricidad para 2030. Para 2050, más de 264 millones de ciudadanos europeos, o la mitad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, podrían aportar el 45% de la demanda europea de electricidad.

En España los resultados son incluso más alentadores ya que 1 de 3 españoles podría participar activamente en el sector eléctrico gracias a las energías renovables para mediados de siglo, aportando la mitad de las necesidades de electricidad de España. Los legisladores de la UE y nacionales deben proporcionar las reglas e incentivos adecuados para llevar a la realidad este gran potencial.