Día Internacional contra la corrupción – Los sobornadores también tienen responsabilidad

La corrupción en España es un hecho extendido si limitamos su comprensión a lo que jurídicamente presenta menos dudas: cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, etc. Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial, la califica de “enfermedad social” y por eso reclama una mirada amplia para analizarla, “porque una sociedad carente de vitalidad y virtudes cívicas es caldo de cultivo propicio para que florezca la corrupción”, dice en la Introducción del nuevo número de la Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

“La corrupción más grave se da cuando los políticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el interés público”, dice Federico Aguilera Klink, en su artículo “Corrupción y calidad de la democracia” incluido en el Especial. Para el catedrático de Economía, hay una serie de requisitos necesarios para que esta traición a la comunidad se dé: un sistema político básicamente bipartidista; un conjunto de personas que saben que su trabajo político es practicar esa traición; unos medios de comunicación serviles con el gobierno y con los intereses empresariales; una mayoría de personas enajenadas por esos medios y una minoría disidente que es descalificada e intimidada.

Sin embargo, ¿por qué siempre que se analiza el fenómeno de la corrupción se pone el acento en el corrompido y muy poco en el que actúa como corruptor? Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el concepto de corrupción hacia el ámbito de lo público, se dejan de lado los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social claro. En su artículo, Corrupción y beneficios económicos, sostiene: “Muchas empresas recurren a prácticas de corrupción que violan el marco institucional y afectan positivamente a su cuenta de resultados, incluso se llega a hablar de “corrupción eficiente”; lejos de descalificar este tipo de comportamientos, los justifican amparándose en argumentos de “lógica económica””.

Las empresas españolas aparecían en 2008 como las segundas (después de las empresas chinas de una muestra de 22 países), que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos para obtener contratos públicos o negocios ventajosos en América Latina, y las terceras con mayor probabilidad (después de las empresas chinas e italianas), cuando se trataba de recurrir a sobornos en los países de Europa y Estados Unidos.

Y es que las empresas transnacionales tienen mucho que ver en esta “arquitectura de la impunidad”, tal y como lo llaman Erika González y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL. Esta arquitectura jurídica de la impunidad se produce por la vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las multinacionales, que permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus intereses económicos. En su artículo, plantean controles ante estos hechos: prohibir las puertas giratorias, regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros; la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros y la sanción a los flujos ilícitos de capital, entre otras propuestas.

Una de las formas de corrupción categorizada como “legal” puede ser precisamente el lobby. Ese trabajo de presión política para crear políticas o leyes diseñadas para favorecer intereses económicos privados daña el interés general. Manuel Villoria, en su artículo Los grupos de interés y la corrupción, los califica como una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas. De hecho, los resultados de los lobbies del sector financiero son impresionantes.

Sin embargo, otro de los obstáculos para detectar este tipo de prácticas es la privatización de la regulación. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un negocio para las empresas privadas. José Antonio Estévez Araujo, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat de Barcelona, escribe en su artículo La privatización de la regulación, que la propia corrupción se ha «legalizado». Actividades que habrían sido consideradas deshonestas hace unas décadas ahora se ven como «buenas prácticas». La ideología legitimadora de la privatización de la regulación se ha convertido en un nuevo «sentido común» en la gestión de las políticas públicas. El discurso de la gobernanza constituye el núcleo de esa nueva ideología.

De hecho, Teresa Medina, alerta que de los numerosos escándalos muchos están relacionados con la contratación pública. A pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para hacer frente a la corrupción en la contratación pública, “no podemos desconocer que las obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su aplicación”, dice en su artículo.

Como ejemplo de movimiento social antimafia que lucha contra el crimen organizado y la corrupción política, se puede hablar del ejemplo de Terra Libera, en Italia, que se dedica principalmente a la recuperación de bienes confiscados a la mafia para proyectos de economía solidaria. José Luis Fernández analiza este movimiento antimafia que va más allá de la persecución penal, reafirmando nuevas formas de protagonismo ciudadano y un papel activo de las instituciones como garantes de los derechos sociales.