Unidas Podemos registra una iniciativa para acabar con el ahogo económico que mantiene la regla de gasto sobre los ayuntamientos

La proposición no de ley plantea, entre otras cuestiones, liberar de las consecuencias que acarrea la regla de gasto en vigor para “permitir a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.

Unidas Podemos entiende que la pandemia producida por el Covid-19 “ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad”.

“Solo una decidida política de inversión pública -inciden- puede ayudar a contrarrestar los efectos de esta brutal crisis social”, ya que “es ineficaz que en estos momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas”. Denuncian que ahora, además, “los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto”, algo que se aplicaría sobre cerca de 27.000 millones de euros inmovilizados.

La PNL recuerda que el PP decidió aplicar la regla de gasto impuesta por la Unión Europea (UE) por la crisis de 2008 de forma “muy diferente al resto d Europa”. Así, en la UE se destinó “al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento, además, no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a nuestras corporaciones locales”.

De ahí que Unidas Podemos plantee en la parte propositiva de su iniciativa que hasta que se logre cambiar en profundidad la ley en el Parlamento, “el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”.

“En este sentido -añade la proposición no de ley-, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto”.

Cabe recordar que antes del estallido de la pandemia, la deuda de las corporaciones locales había descendido “en un 11% de media en el último año, algunas la han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero, siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la reducción del déficit público».