Comunicado de la ACUA sobre el recorte de 135 millones de euros a las universidades públicas andaluzas

Comunicado Coordinación General de la ACUA

Desde la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía, y tras la reunión mantenida el pasado lunes con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad nos sentimos en el deber de denunciar el recorte de 135 millones de euros proyectado por parte de esta.

Si bien es cierto que el señor Rogelio Velasco Pérez, actual Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y el señor Juan Bravo Baena, Consejero de Hacienda, defienden en todos los medios que no se trata de un «recorte», no entendemos cómo se justifica que para la creación de un fondo de 700 millones de euros – Fondo de Emergencia Social y Económica-, tras la pandemia de la COVID-19, las universidades se vean obligadas a aportar un 20%, una merma en el ingreso de 135 millones de euros en los presupuestos de 2020, cuando lo asignado en los presupuestos generales es del 3,5%. A todo esto, se ha de sumar el reajuste de 40 millones de euros realizado durante el curso anterior.

Esta reducción presupuestaria pone en serio peligro la ya precaria estabilidad económica de la Educación Pública Universitaria en Andalucía, mostrándonos una vez más que para ellos la educación es un gasto y no una inversión, condenando a las universidades públicas a una extinción presupuestaria a corto plazo. Un gobierno, nacional o autonómico, que no apuesta por la educación pública es un gobierno que se desvincula de sus deberes para con el pueblo, posicionando a la educación como un lujo accesible sólo al alcance de los más privilegiados.

Aceptar esta estocada mortal que pretenden asestar a nuestro sistema universitario es el equivalente a renunciar a los derechos de la ciudadanía andaluza a tener una educación pública universitaria accesible y de calidad, suponiendo un retroceso de varias décadas en lo referente a materias de educación pública. Este rechazo generalizado a los recortes en la educación superior lo muestran tanto las distintas manifestaciones que se han celebrado durante las últimas semanas como el comunicado que han publicado nuestros rectores y rectoras recientemente.

Andalucía cuenta con 10 universidades públicas que aglutinan a más de 230.000 estudiantes y ha sido en otras ocasiones una comunidad pionera en tratar de conseguir un sistema universitario que se acercarse a los estándares de la gratuidad y la universalidad, por lo que consideramos este recorte un ataque injustificado a los cimientos de la educación pública andaluza.

Es por ello que solicitamos:

• Que la Junta de Andalucía se retracte en los recortes que ha planteado.

• Que se modifique la Ley Andaluza de Universidades y que no se permita gastar remanentes no afectados para subsanar gastos corrientes (Capítulos I y II).

• Que se garantice que se frenará la aparición de universidades privadas en Andalucía.

• Que quede constancia del compromiso de la señora Rosa María Ríos Sánchez, Secretaria General de Universidades, quien antes de acabar la reunión, nos aseguró que, en caso de recibir financiación por parte del Ministerio, se devolverán los remanentes a cada universidad. Cosa que esperamos que sea así.

Además, nos gustaría destacar en el compromiso del señor Rogelio Velasco Pérez, Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de negociar un Modelo de Financiación Plurianual con las rectoras, los rectores y, en especial, con la representación estudiantil, como transmitió en la reunión mantenida el día 15 de junio.

Estos recortes pueden ser solo un anticipo de lo que el Modelo de Financiación nos traiga. Desde que se revisó el primer modelo, se podía ver cómo en ningún momento se hacía referencia al aseguramiento de los gastos básicos, algo que parece ser la seña de identidad de este gobierno.

Utilizar las terribles pérdidas, tanto humanas como económicas, que ha ocasionado la pandemia de COVID-19 en nuestra comunidad como argumento para menguar uno de los derechos más básicos del pueblo –la Educación pública– es un acto deleznable e inadmisible que no se puede consentir y que traerá serias repercusiones sobre las futuras generaciones, empobreciendo aún más a la sociedad andaluza. Por ello, la representación estudiantil de las Universidades Públicas de Andalucía seguirá luchando para impedir el retroceso en los derechos que han sido conquistados a lo largo de generaciones por parte de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria Andaluza.

17 de junio de 2020