La pobreza, un eterno factor de riesgo frente a las policías de América
Los abusos policiales a sectores vulnerables de la población no son una exclusiva estadounidense en el continente americano.
El 5 de abril de 1996 el ciudadano negro José Delfín Acosta fue detenido por la policía en medio de una trifulca en una discoteca afro de Buenos Aires. Lo llevaron a la comisaría y según la versión policial se descompensó; pero una segunda autopsia hecha en Uruguay, donde nació, probó que había sido brutalmente golpeado. El hombre fue el primer afrodescendiente que ingresó a los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina, que desde 1996 a 2019 contabiliza 7.093 denuncias recibidas y/o casos analizados.
José Acosta, como George Floyd, el afroestadounidense asesinado por la policía hace poco menos de un mes en la ciudad estadounidense de Minneapolis, era un ciudadano negro, pero además, un ciudadano pobre. «Hay gente que trata de explicar la represión policial en clave étnica cuándo la clave es la clase social», advierte a Sputnik la abogada argentina María del Carmen Verdú, de Correpi. «La pregunta que hay que responder es ¿quiénes son los pobres? A mí todos me dicen «la negra Verdú», pero cuando un policía me ve vestida de abogada y arriba de mi auto, me dice «buen día señora» y me interpela con respeto», agrega.
La referente de la organización afirma que por lo general las víctimas de la violencia policial son las poblaciones más pobres, situación de la que, en el caso de EEUU, no escapan otras minorías. «En EEUU las víctimas de la represión estatal son las mayorías más empobrecidas y vulnerables, que por lo general forman parte del universo de personas negras, y también infinidad de casos de inmigrantes pobres de otras latitudes: latinoamericanos y asiáticos; estas cosas no le pasan a Colin Powell (ex secretario de Estado de EEUU) ni a (Barack) Obama (expresidente de EEU)», explica.
El caso Floyd también es comparable al de Luis Espinoza, en Tucumán (norte), Argentina, un trabajador rural que cabalgaba junto a su hermano cuando fue atacado con balas de goma por parte de policías que luego lo habrían torturado y asesinado. Nueve efectivos están procesados por, supuestamente, participar del hecho. Según datos de la Correpi, en los últimos cuatro años asesinaron en Argentina un promedio de una persona cada 19 horas, ya sea por disparos de la policía, el llamado «gatillo fácil», o en lugares de detención.
El panorama no ha sido mejor durante la pandemia de coronavirus, dado que en los últimos 90 días la coordinadora publicó casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia por parte de la policía y de otras fuerzas de seguridad del Estado.
En Brasil
El caso Floyd también es similar al de Rodrigo dos Santos, un brasileño de 16 años ultimado por 38 balazos policiales en una favela de Río de Janeiro (sureste), mientras huía en su motocicleta con un amigo luego de que fuera descubierto con drogas en su poder.
Dos Santos recibió un proyectil en el brazo y tres en la espalda y murió desangrado camino al hospital. Una de esas balas era del policía Sergio Britto, que en ese mismo momento era juzgado por disparar a otro hombre en el cuello, a quemarropa. «Una nueva era ha llegado, la era de la opresión», escribió Britto en su perfil de Facebook la noche de octubre de 2018 en la que Bolsonaro fue elegido como nuevo presidente de Brasil.
En ese país, el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro dio cuenta de un magro récord alcanzado por la ciudad durante 2019: 1.814 muertes en manos policiales, lo que representa un incremento de 18 por ciento con relación al año anterior. En Río de Janeiro, 30 por ciento de los homicidios tienen la firma de la policía.
Colombia
La muerte de Dylan Cruz, baleado por la policía durante las protestas que se registraron en Colombia en noviembre de 2019, coincidió con el lanzamiento del primer informe «Silencio Oficial, un grito aturdido de justicia por los 20 años del Esmad», que debió ser reeditado. El Esmad es el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la policía colombiana. La investigación, publicada por la organización no gubernamental (ONG) Temblores, da cuenta de 34 homicidios en 20 años por parte de esta fuerza.
Las principales víctimas fueron estudiantes, campesinos e indígenas. «La policía perfila ciertos grupos sociales como habitantes de la calle, personas que usan drogas y personas que hacen de la calle su medio de vida», resumió a esta agencia el Codirector Ejecutivo de la ONG, Alejandro Lanz.
El asesinato de Floyd es parecido al de Espinoza, que a su vez es parecido al de Dos Santos; el cual también es similar al de Cruz, o a los del vendedor senegalés Mbake Ndao y la familia indígena Saravia Fernández, en Argentina; incluso al del líder mapuche Camilo Catrillanca o la joven haitiana Joane Florvil, en Chile.
El estudiante Alexander Martínez y el albañil Giovani López murieron en causas parecidas en México, lo mismo que Anderson Arboleda en Colombia y Sean Monterrosa en Estados Unidos. Estados Unidos, allí donde también mataron a Floyd, y donde se cierra un círculo vicioso, violento e impune, que pone a la policía de todo un continente en el ojo de la tormenta.