630 grupos de la sociedad civil alertan de una posible ola de demandas relacionadas a Covid-19 en «tribunales corporativos» ISDS
Organizaciones y sindicatos de más de 90 países advierten que el mecanismo ISDS podría ser utilizado para demandar por miles de millones a los gobiernos por las acciones adoptadas frente a la pandemia de la Covid-19.
Los países podrían enfrentarse una ola de casos de empresas transnacionales que, utilizando un sistema conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (o ISDS por sus siglas en inglés), demandan a los gobiernos por las medidas adoptadas para responder a la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.
630 organizaciones de todo el mundo, en representación de cientos de millones de personas, piden a los gobiernos en una carta abierta [1] que tomen medidas urgentes para acabar con esta amenaza.
El mecanismo ISDS está incluido en la mayoría de acuerdos de comercio y protección de inversiones. Permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados en tribunales privados de arbitraje, eludiendo los sistemas de justicia nacionales. Pueden reclamar miles de millones de dinero público en concepto de indemnización si consideran que los Estados han violado sus expectativas de ganancias, presentes o futuras, según lo acordado en la firma de alguno de estos tratados.
Los casos podrían surgir de las medidas que muchos gobiernos han adoptado para frenar la pandemia y salvar vidas, proteger los empleos, contrarrestar la crisis económica y social, o garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas más vulnerables. El Gobierno de Perú ya ha recibido amenazas de demandas ISDS por la suspensión del cobro de peajes en las carreteras. Además, desde que comenzó la pandemia grandes bufetes de abogados están asesorando activamente a las empresas e inversores sobre las opciones que tienen a su disposición para convertir la pandemia en un negocio seguro.
El Estado español no se salva de esta amenaza, podría ser demandado por las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Entre ellas, destacan el control temporal de los hospitales privados, la prohibición de suspensión del suministro de energía eléctrica en los hogares considerados de primera vivienda, la ampliación del bono social, la moratoria en el pago de suministros básicos y de la deuda hipotecaria o la prohibición temporal de los desahucios a colectivos vulnerables.
Las organizaciones están pidiendo a los gobiernos que tomen urgentemente medidas prácticas para restringir y suspender el uso del ISDS durante la pandemia, así como para poner fin a los riesgos que entraña el mecanismo ISDS para siempre.
Las organizaciones que firman la carta abierta incluyen:
Confederaciones sindicales internacionales y regionales incluyendo Confederación Sindical Internacional, Public Services International, IndustriALL, Confederación Sindical de las Americas, and the IUF.
Redes mundiales de salud como Peoples’ Health Movement, Médecins Sans Frontières Access Campaign o International Treatment Preparedness Coalition
Otros grupos internacionales como Oxfam, Amigos de la Tierra, the European Environmental Bureau, the Asian Peoples’ Movement on Debt and Development and the Arab NGO Network for Development
Organizaciones y sindicatos del Estado español como la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e inversión, Attac España, Amigos de la Tierra, Entre Pueblos, USO, Ecologistas en Acción, Ingeniería Sin Fronteras, CCOO, USO, Mareas Blancas, Medicusmundi o la Coordinadora de Comercio Justo.
Notas:
1 La carta con la lista completa de firmas está en http://s2bnetwork.org/carta-
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