Indignación por el triunfo de la «política de hechos consumados» en Valdecañas

Hace ya más de doce años que dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura, iniciaron un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística. Por ello, para Adenex y Ecologistas en Acción es indignante e incomprensible en un verdadero Estado de Derecho la sentencia que se acaba de hacer pública. Así, el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición.

Tampoco existe, como se afirma, imposibilidad material de ejecutar la sentencia. Hay muchos ejemplos en España que muestran que no es ni difícil ni costoso, y bajo ningún punto de vista resulta imposible.

Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura viene a asumir que la política de hechos consumados funciona en España. Igual que a este Tribunal le faltó valor para ejecutar unas medidas cautelares que paralizaran la obra en sus principios, ahora le ha faltado ese mismo coraje jurídico para sentenciar la única solución válida en derecho, y ha acordado lo que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de esta urbanización ilegal.

Por todos estos motivos, las organizaciones ecologistas, que en ningún caso pidieron una indemnización económica sino la restauración de la legalidad, recurrirán esta sentencia.

Las organizaciones demandantes, Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura, han sido sometidas a una tremenda presión mediática y política cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente extremeño. Si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones ambientales desde el primer momento, la sociedad extremeña se habría ahorrado una gran cantidad de problemas y fondos públicos.

Y, en el otro lado, estaba la vergonzosa acción de los diferentes administradores y responsables políticos, verdaderos responsables de este fiasco en connivencia con los promotores urbanísticos. Un caso como el de Marina Isla de Valdecañas en cualquier lugar democrático habría provocar dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña.

Además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso.