CGT exige al Gobierno de PSOE-UP que la ley de “Memoria Democrática” no distinga entre víctimas del franquismo y que sea efectiva contra verdugos y cómplices

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias una ley de “Memoria Democrática” realmente efectiva para las víctimas del fascismo, y tilda de “vergonzoso” que las personas represaliadas y sus familias tengan que enterarse a través de los medios de comunicación de la propuesta de proyecto de ley que al parecer se pretende llevar a cabo desde el Gobierno del Estado español.

Para la CGT, la “nueva normalidad” de este Gobierno consiste en continuar actuando como se viene haciendo en estas cuestiones, y permitir que los verdugos y sus cómplices vayan muriéndose sin haber dado cuenta de sus actos criminales y las víctimas, sin tener una reparación, durante años. En este sentido, desde CGT indican que cuando se está preparando un proyecto de ley para intentar resolver las demandas de una parte de la sociedad, lo habitual es consultar a esta parte de la población para que sean las personas afectadas las que aporten mejoras o señalen otras cuestiones relacionadas. CGT recuerda también que la idea de ilegalizar la fundación Francisco Franco es un paso que debía haberse dado ya hace muchísimos años, al igual que la supresión de cualquier subvención con dinero público que reciben los nostálgicos del genocida para seguir enalteciendo sus crímenes.

CGT ha pedido la modificación de la Ley de Memoria Histórica, aunque señalan desde este sindicato que las aportaciones que plantean no suelen coincidir con quienes buscan la equidistancia, procurando que los asesinos y torturadores no se ofendan por los crímenes que cometieron. En este sentido, la CGT manifiesta su rechazo a la postura que representantes del Estado, -miembros de un Gobierno progresista que en teoría tuvo muchas bajas y desaparecidos entre sus filas-, mantienen cuando aseguran que quienes lucharon contra el fascismo estarían de acuerdo con la Constitución de 1978, una norma que supuso un pacto de silencio para que los criminales y asesinos de la dictadura y la “modélica” transición no fueran juzgados jamás.

CGT exige una investigación a fondo de todos los crímenes cometidos y denunciados, justicia, reparación y garantías de no repetición, porque este proceso no acaba con el traslado de huesos del dictador, sino que es necesario rescatar del olvido a miles de personas, honrándolas y recordándolas. Además, indican que son urgentes medios económicos para las organizaciones que se están encargando de las exhumaciones de fosas, investigaciones sobre los miles de bebés robados, el establecimiento de un banco de ADN, el reconocimiento a los presos y a las presas del franquismo y la devolución de todos los bienes expoliados al pueblo por causantes de tanta muerte, miseria y miedo.