El Tribunal de Cuentas ratifica que la Iglesia Católica no justifica el dinero que recibe de nuestros impuestos por el IRPF

El Tribunal de Cuentas ha hecho público, finalmente, el informe definitivo realizado sobre la fiscalización de la Asignación Tributaria que la Iglesia católica recibe por la Declaración del IRPF, así como sobre las subvenciones que reciben otras religiones minoritarias. Este informe ratifica punto por punto los contenidos del informe provisional, confirmando lo que Europa Laica venimos denunciando de tiempo atrás así como las críticas mediáticas y políticas que en su momento se hicieron sobre esta anomalía democrática.

Así, el Tribunal de Cuentas reconoce que esta Asignación Tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto general estatal y por tanto no es un impuesto religioso que afecta solo a los católicos sino, simple y duramente, una pérdida de ingresos en el dinero público que afecta a todos los ciudadanos, sean católicos o no, lo que contradice la aconfesionalidad del Estado.

Igualmente, constata las carencias documentales de la Memoria anual de gastos que la Iglesia católica presenta a la Administración sobre el destino de la casilla del IRPF (285 millones en 2018), así como la ausencia de un control público efectivo que regule esta obligación, sobre los superávits que resultan de este ingreso para “el adecuado sostenimiento de la Iglesia” estipulado en los Acuerdos, sobre las cantidades dedicadas a actividades mercantiles (TreceTV, COPE u otras) que vulnerarían la legislación comunitaria, así con otros temas: también el de la pendiente autofinanciación de la Iglesia, compromiso adquirido por la Iglesia, que sigue sin cumplir ni tampoco le es exigido.

El Tribunal de Cuentas corrobora las denuncias de Europa Laica acerca de todo este tinglado confesional, las triquiñuelas nada justificativas de la Memoria así como la negligencia, cuando no connivencia, de la Administración y el Gobierno de turno sobre el dinero público regalado a la Iglesia católica.

Para Europa Laica no existe razón para que el Gobierno PSOE-UP no cumpla con sus promesas electorales y partidarias, y proceda sin más demora, después de más de cuarenta años, a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los existentes con las confesiones minoritarias y cualquier legislación de privilegio, acabando de una vez con este vergonzoso sistema de subvencionar organizaciones privadas con los impuestos de todos.