Pruebas de ADN complican el periplo de las familias sirias que llegan a Melilla huyendo de la guerra

Durante las últimas semanas ha trascendido a la opinión pública, gracias a la labor de PRODEIN (Asociación Pro Derechos de la Infancia), las dificultades que viven las familias sirias que, huyendo de la guerra y buscando el amparo internacional, llegan hasta territorio español a través de la frontera de Marruecos con Melilla. Desde 2015 a todas las familias sirias con menores a su cargo se les somete a pruebas de ADN. Desde que estas se realizan hasta que se conocen sus resultados transcurre aproximadamente un mes, y durante ese periodo de tiempo los adultos y menores de una misma familia se ven forzosamente separados, aun cuando lleguen con toda su documentación en regla.

El uso del test de ADN se instauró años atrás para velar por los derechos de aquellos menores de edad (en su mayoría subsaharianos) que, sin documentación y acompañados por adultos que no eran sus familiares directos, llegaban a territorio español. En el caso de las familias de nacionalidad siria la realidad es bien distinta, pues prácticamente todos sus integrantes llegan a nuestro territorio con pasaporte en vigor y con la documentación que acredita el vínculo familiar. Sin embargo, se les aplica un protocolo que separa a sus miembros durante un mes y que añade sufrimiento a quiénes llegan a España huyendo de la guerra.

El informe Sin protección en la frontera, elaborado por la Universidad de Comillas y por el Servicio Jesuita a Migrantes, apunta a que las autoridades marroquíes ponen unas trabas injustificables a los ciudadanos y ciudadanas sirias que intentan acceder a España a través de la frontera de Melilla, de tal forma que estas personas refugiadas se ven obligadas a pagar sobornos o recurrir al uso de “pasadores”, traficantes de personas que han proliferado en la zona. Estas dificultades se suman al terrible periplo que sufren quiénes desde Siria pretenden llegar a Europa cruzando todo el Magreb, atravesando fronteras y sorteando innumerables peligros.

Por ello, la senadora andaluza Maribel Mora ha trasladado al Gobierno una batería de preguntas sobre el protocolo que las autoridades españolas han instaurado en nuestra Frontera Sur (Ceuta y Melilla) y sobre la base legal del mismo. Asimismo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicita al Gobierno medidas y fórmulas que eviten la traumática separación familiar que se impone a estas personas refugiadas, que deberían tener un máximo amparo y una protección legal equivalente a su reconocimiento internacional.

En este sentido, cabe recordar que en julio de 2015 el Gobierno español se comprometió a acoger antes del 11 de abril de 2016 año a un total de 1.449 refugiados sirios. La realidad, sin embargo, fue bien distinta, puesto que en ese periodo de tiempo tan solo se acogió en nuestro país a 18 personas refugiadas. El Gobierno, en este sentido, no sólo ha incumplido sus compromisos internacionales, sino que no está velando como debiera por garantizar los derechos de quienes llegan a España como refugiados que solicitan asilo.

La senadora Maribel Mora requiere en su escrito al Gobierno que informe sobre el número de pruebas de ADN que está realizando, sobre los criterios y la base legan para que se realicen sobre personas que viajan con su documentación en regla, sobre los tiempos de espera hasta que se conocen los resultados y sobre las medidas que se piensan instaurar para agilizar el proceso y limitar los periodos de separación de sus familias que padecen los menores refugiados.