Greenpeace pide una reunión al vicepresidente para expresarle su preocupación por el papel de España en la guerra de Yemen

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha enviado una carta al vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para expresarle su preocupación porque, a su juicio, «el secretismo en el comercio de armas puede suponer que España esté siendo cómplice en la comisión de violaciones del derecho internacional en la guerra del Yemen», a través de la venta de armas a países involucrados en el conflicto.

En el escrito, Greenpeace recalca que este «injustificado secretismo» se debe a que las actas de la junta interministerial que autoriza o deniega estos envíos de armamento (la JIMDDU) son secretas, gracias a un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, aprobado bajo el Gobierno de Felipe González y al amparo de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 aún vigente.

La organización ecologista y pacifista ha argumentado ante el vicepresidente que, de esta forma, se genera una coyuntura excepcional «que evita el control democrático de esta actividad tan sensible y dota de una impunidad de facto del Gobierno ante posibles incumplimientos de la legalidad en materia de exportación de armas», la cual, explica Greenpeace, prohíbe expresamente estas operaciones cuando existen indicios de que las armas pueden utilizarse para “perturbar la paz” o “exacerbar tensiones o conflictos latentes“.

Dos años después de que se produjera el envío de las 400 bombas a Arabia Saudí, todavía no está clara la política del Gobierno sobre los intereses comerciales de la exportación de armas españolas y el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ya que sigue permitiendo el envío de material bélico a los países involucrados en la guerra de Yemen, uno de cuyos bandos está precisamente liderado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, explica la organización.

“Hemos pedido al vicepresidente una reunión porque resulta intolerable que el Gobierno al que pertenece siga usando una ley franquista para ocultar a la ciudadanía el posible envío de armamento a terceros países, que podrían estar utilizándolo para cometer violaciones de derechos humanos”, ha comentado el directo de Greenpeace, Mario Rodríguez.

“El Ministerio al frente del cual está Pablo Iglesias, dice que la Agenda 2030 está en el centro de la acción de Gobierno y representa una forma de actuar en el mundo, por lo que es importante que estas palabras se vean reflejadas en las políticas del gobierno al que pertenece”.

Morteros made in Spain en Arabia Saudí

Paralelamente, Greenpeace ha enviado otra misiva a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, para pedirle explicaciones tras la investigación que Greenpeace realizó recientemente en colaboración con eldiario.es.

Esta investigación dio como resultado el hallazgo en Arabia Saudí de varios morteros modelo Alakran de 120 mm, fabricados por la empresa madrileña NTGS, en una zona muy cercana a la frontera con Yemen, donde se han vivido intensos combates que han alcanzado la población civil.

Según la información que se desprende de esta investigación, solo consta el envío de 21 morteros de los 100 comprometidos, a través de la licencia original, por lo que sería fundamental conocer si se ha renovado la licencia y se ha seguido enviando este armamento en los últimos meses.

“Entendemos que en estos momentos el Gobierno tiene muchas preocupaciones derivadas de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, pero eso no sirve en ningún caso de excusa para que el Gobierno no haga nada para, impedir el envío de armamento que pueda aumentar el dolor que sufre la población yemení, tal y como recomienda la ONU”, ha declarado la responsable de la campaña de defensa de la Democracia y la Paz de Greenpeace, Sara del Río.