Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, presentaron ayer en el Congreso, previamente a su entrega en la junta electoral, 700.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Parlamento legisle una prestación de ingresos mínimos dirigida a las personas sin ingresos o con ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza. “Espero, estoy convencido, que los partidos políticos no harán oídos sordos a esta demanda, que no dejarán tirados a 6 millones de personas que viven en la pobreza extrema”, ha declarado Toxo ante varios cientos de sindicalistas que han apoyado con su presencia el acto de entrega de firmas.

Centenares de delegados y delegadas sindicales han acompañado a los secre tarios generales de CCOO y UGT durante la entrega y registro (en el Congreso y Junta Electoral Central) de las más de 700.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por los sindicatos, que pide una renta míni ma para cerca de dos millones de per sonas sin ningún tipo de ingresos y que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Con esta ILP, CCOO y UGT quieren dar una nueva oportunidad al Parlamento, a los partidos políticos para que, tras las elecciones del 26J, cambien el rumbo a las políticas de recortes impuesta en los últimos años, que junto a la crisis han provocado un aumento insostenible del paro, la pobreza y la exclusión social: hay cerca de cinco millones de personas en paro, con una tasa de cobertura por desempleo que solo alcanza al 53% de los parados, y más de dos millones de personas que no perciben ningún tipo de prestación.

Tampoco hay que olvidar que casi 3 de cada 10 personas (el 28,6%) se encuen tran en riesgo de exclusión social, según la encuesta de condiciones de vida pu blicada por el Instituto Nacional de Esta dística (INE), y que hay más de 719.000 hogares sin ingresos salariales.

Es a esta cruda realidad a la que CCOO y UGT quieren dar respuesta con esta ILP, reforzando la protección social, mediante el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima, cuya cuantía sería de 426 € mensuales, para aquellas personas que se encuentren sin empleo ni recursos , y que debería com plementarse en función de las cargas familiares.

Se trataría de un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social (financia do vía Presupuestos Generales del Esta do), que resuelva el gravísimo problema de pobreza y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país. Se calcula que cerca de 2.000.000 de hogares (en los que viven 6 millones de personas, de ellos 2 millones son niños) se beneficiarían de esta prestación.