Italia hace cuarenta años, el fin de la “escala móvil”

Un largo ciclo de luchas desencadenado por el llamado “otoño caliente” cuando, de septiembre a diciembre de 1969, expiraron muchos importantes convenios colectivos de categorías, relacionados con 4 millones y medio de trabajadores (metalúrgicos, químicos, de la construcción, de hospitales, de transporte, etcetera), y se se produjo una ola de protestas. Una ola que, desde el “otoño caliente”, ha agregado a otros sectores sociales – empezando por los estudiantes, las mujeres, los marginados -, en un bloque social anticapitalista, empujando el choque de clases hacia una demanda de poder cada vez más apremiante. Sin mediaciones.

Partiendo del ámbito laboral, se puso en entredicho el equilibrio de poder de un país bajo el paraguas de la OTAN, fuertemente condicionado por los deseos de Washington, bien representados sobre todo en el partido de la Democracia Cristiana. Esa clase obrera, convencida y enfadada, habiendo puesto el listón tan alto, produjo resultados que hoy parecen inimaginables en términos de derechos básicos y civiles, pero que en su momento parecían insuficientes para una extrema izquierda que tenía como horizonte el comunismo y la abolición del trabajo asalariado. 

En 1970, se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. En 1975, se perfeciona el mecanismo de la “escala móbil”, introducido en 1945 (después de la liberación del nazi-fascismo), tras un acuerdo entre la Confederación General de la Industria Italiana y la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). El objetivo era garantizar un salario mínimo que pudiera hacer frente a la alta inflación de la posguerra. Un mecanismo de ajuste automático del poder adquisitivo de los salarios, los cuales se modificaban de acuerdo con los incrementos de precios de una canasta básica, evaluados por un índice de precios al consumidor. Los trabajadores arrebataban así a las empresas una parte de plusvalía. Sin embargo, la “escala móbil” no fue la causa de la inflación, como dicieron los patrones en su momento, sino que fue la respuesta a la inflación, impuesta por la fuerza de los trabajadores frente al deterioro de su poder adquisitivo. 

De hecho, el ajuste salarial se producía sólo seis meses después de la subida de los precios, y con un aumento de los ingresos únicamente nominal, porque la cantidad total de bienes que las familias podían adquirir seguía siendo la misma. La alta inflación fue más bien favorecida por la política monetaria y por esa parte de los empresarios que pedían la devaluación de la lira para ser más competitivos en el exterior. 

La burguesía italiana logró “resolver” ese conflicto en 1983. Con la mediación del gobierno, las confederaciones sindicales firmaron un acuerdo inicial con las organizaciones patronales para frenar los efectos de la indexación salarial. Al año siguiente, el gobierno del “socialista” Bettino Craxi aprobó un decreto para cortar la “escala móbil”, que fue convertido en ley, a pesar de la oposición popular. Una situación de no retorno, que hoy muestra los efectos más dramáticos en un país donde los salarios son los más bajo de Europa. 

Hoy, en ausencia de conflictos sociales tendientes a recuperar la plusvalía, hay más bien una inflación debida a la ganancias, como se ve en la incidencia del costo del trabajo sobre el aumento de los precios y sobre el de la inflación. Resulta que el aumento del costo de la mano de obra contribuye en promedio un 10% al aumento de los precios, mientras que el aumento de las ganancias contribuyen a la inflación en un 33-35%. Hay por tanto una espiral de precios y ganancias, no de precios y salarios, exacerbada por los Bancos Centrales, que no permiten recuperaciones salariales frente al crecimiento de precios.

 Cuarenta años después del acuerdo por el fin de la “escala móbil”, se ha incrementado la desigual distribución de los salarios hacia las ganancias, pero el sistema industrial no se ha fortalecido en absoluto, al contrario ha alimentado las finanzas y la especulación, que cada vez divergen más de la economía real. Tanto es así que, en 2013, se introdujo un impuesto muy pequeño a las transacciones financieras de “alta frecuencia”, propias de los especuladores, que incluso realizan miles de transacciones por hora para ganar con fluctuaciones ínfimas de precios. 

La evasión fiscal supera los ochenta mil millones de euros cada año, los trabajadores y pensionistas pagan el 40% de los impuestos, mientras que las rentas tributan al 20%. El gasto militar europeo ha crecido un 13%, el mayor aumento anual desde la caída de la URSS.

Hoy, el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni ha recortado el monto de la “renta mínima vital”, adoptado políticas fiscales a favor de los sectores más ricos, rechazado por completo el salario mínimo, empeorando aún más las condiciones de los sectores populares, que empiezan de nuevo a hablar de “escala móvil”. El Centro Studi Investimenti Sociali (Censis), en un informe presentado al Senado en febrero, declaró que alrededor del 87% de las personas en Italia están a favor de indexar los salarios a los aumentos de precios. Las manifestaciones se han reanudado, aunque de forma fragmentada, y también ha vuelto la consigna: “La crisis la paguen los patrones!”.