Los ataques del Rector de la Universidad de Sevilla contra el profesorado aseguran un septiembre conflictivo

La Junta de Andalucía, a petición del Rector de la Universidad, ha impuesto al profesorado unos servicios mínimos del 100 por 100 de los exámenes. Estos servicios mínimos abusivos son equivalentes a los de la huelga de septiembre de 2017, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló y declaró contrarios a derecho en febrero de este año.

La Asamblea ha acudido a los tribunales en defensa de su derecho e impugnó las resoluciones de la Junta de Andalucía y del Rector de la Universidad. Ayer, 12 de julio, se celebró la vista para acordar la suspensión cautelar de la resolución rectoral. En defensa del Equipo de Gobierno de la US ha acudido una abogada del bufete “MAIO Martínez Escribano”, un prestigioso despacho laboralista que suele actuar para patronales y gobiernos conservadores. Vemos por tanto que el Rector está usando dinero del presupuesto de la Universidad para actuar en juicio contra su propia plantilla.

En la vista, la abogada de la Universidad ha argumentado que la resolución rectoral es impecable. Según la letrada, el colectivo en huelga tendría que haber interpuesto la demanda directamente contra los Directores y Directoras de Departamento, en cuyas manos el Rector ha dejado la responsabilidad de concretar y notificar nominalmente el personal indispensable para cubrir los servicios mínimos. Una vez más el Rector actúa contra la plantilla, enfrentando a los Directores de Departamento con el profesorado en huelga y dejando a los pies de los caballos a los Directores, a quienes está responsabilizando de cualquier violación del derecho de huelga. El Rector, por el contrario, se lava las manos.

Por otra parte, se tiene constancia de la voluntad del Rector de aprobar en el próximo Consejo de Gobierno una norma para regular un procedimiento para el seguimiento del ejercicio del derecho de huelga en la Universidad de Sevilla. El profesorado estará muy atento porque, vistos los antecedentes, probablemente esta norma incurrirá en nuevas violaciones del derecho a la huelga. Resulta también curioso el momento elegido por el Rector para regular este procedimiento: cuando se está a la espera de que el juzgado resuelva sobre las medidas cautelares pedidas, que se prevén para antes de agosto.

Todo ello evidencia que el Rector es consciente de que sus decisiones pasadas son contrarias a Derecho y se intenta preparar para un septiembre conflictivo en la Universidad de Sevilla.