México. Informe destaca que gobierno de Peña Nieto fue “brutal” para la protesta social
La administración de Enrique Peña Nieto fue “brutal” para la protesta social por la represión, el hostigamientos, las detenciones arbitrarias y la violencia en general contra quienes ejercieron su derecho a la libre manifestación, destacó el informe “La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018”, elaborado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
Entre las principales agresiones que documenta el informe se encuentran el uso arbitrario del sistema penal, uso de armas letales y no letales (balas de gomas y gases lacrimógenos), detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, amenazas e intimidaciones.
Durante la presentación del documento, once representantes de organizaciones que integran el Frente destacaron que tan sólo de julio de 2015 a noviembre de 2018 se registraron 175 casos de represión por parte de policías estatales, federales y/o elementos de las fuerzas armadas contra quienes protestaban en varias entidades del país.
De los casos de represión documentados, 57 se dieron en la Ciudad de México, 17 en el estado de México, 17 más en Oaxaca y 14 en Michoacán. Dos de los casos más emblemáticos son: Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, y Tiripetío, Michoacán, en 2017.
En 98 casos, quienes ejercieron la represión fueron policías estatales, mientras que en 20 fue la policía federal, en 17 agentes estatales y federales y en seis policías en combinación con miembros de las fuerzas armadas.
Recordaron que desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 se reprimió a los que se manifestaron por su llegada a la presidencia, lo que calificaron de “un pinto de partida simbólica y reprobable, que nos mostró lo que vendría en los siguientes seis años”.
Por último, alertaron que durante el gobierno de Peña Nieto en 15 estados del país se aprobaron legislaciones que criminalizan la protesta social, con normas ambiguas que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o restringen el uso del espacio público.
Por ello, el Frente exigió al nuevo gobierno derogar las leyes que fomentan la represión y terminar con la impunidad de los agentes de Estado, incluida la cadena de mando que participa en los actos de criminalización.
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