«Urgen las ayudas al transporte público para las personas más vulnerables»

El pasado miércoles 22 de enero la mayoría del Congreso de los Diputados votó en contra del real decreto ómnibus que recogía un buen número de medidas sociales, entre ellas algunas directamente vinculadas con el apoyo al transporte público. Ecologistas en Acción quiere denunciar la falta de sensibilidad social y ambiental de los grupos políticos de derecha y extrema derecha que tumbaron esta norma, pero también la falta de previsión y de medidas permanentes impulsadas por el Gobierno central en relación a estos temas, que provocan estas situaciones claramente indeseables.

El transporte es el sector de la economía española que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, por encima del 30 %. Una de las mejores maneras de disminuir estas emisiones es reducir la necesidad de movilidad y evitar la realización de viajes en automóvil privado, el medio de transporte más emisor, fomentando que los desplazamientos se hagan por métodos activos y no motorizados (andar o bicicleta) o en transporte público.

Por otra parte, el transporte público resulta imprescindible para acceder a numerosos bienes y servicios y a las relaciones con otras personas para amplios sectores de la sociedad y es, además, el único que garantiza la accesibilidad universal.

Las actuales ayudas al transporte público empezaron en septiembre de 2022 y, desde entonces, un gran número de personas se han beneficiado de estas subvenciones. Abonos gratuitos de cercanías o de autobuses para viajeros/as recurrentes y descuentos del 50 % en los sistemas de transporte metropolitano han tenido una gran aceptación, si bien también se han dado algunos problemas de saturación por cuanto las rebajas en las tarifas no han ido acompañadas de incrementos y mejoras de los servicios.

Ante la grave situación creada por la derogación de la prórroga de estas medidas, que en todo caso solo estaban prorrogadas hasta finales de junio, Ecologistas en Acción reclama:

1. Justicia social. El sistema más justo de ayudas tiene que tener muy presente la vulnerabilidad social y económica en relación al transporte, mientras se aborda una estrategia global de movilidad sostenible en todos los municipios. Es decir, se debe garantizar de manera permanente que las personas con menos recursos puedan ejercer su derecho a la movilidad, teniendo en cuenta la renta, de la edad, de sus características físicas, pero también otros factores como la calidad, cantidad y accesibilidad al transporte público. Se trata de hacer del transporte público el medio más eficiente para movernos.

2. Eliminar la precariedad en el transporte. Este tipo de precariedad no viene solo por la falta de recursos económicos, sino también por la falta de opciones de transporte, por la falta de accesibilidad, por la pobreza de tiempo si resulta necesario emplear demasiado tiempo para los desplazamientos o por las inadecuadas condiciones de viaje.

3. Título único de transporte. Una de las mejoras que se deberían incorporar de forma urgente para mejorar el uso del transporte público y colectivo es la creación de un título único de transporte que cubra la totalidad del territorio español, como ya ocurre con gran éxito en otros países europeos.

El Gobierno ha anunciado que se van a iniciar los trabajos para ponerlo en marcha antes de que termine 2026, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que una medida así debería estar vigente. Este billete debería tener un coste diferencial según los estándares de vulnerabilidad social y en relación al transporte ya mencionados, a través de abonos sociales o mecanismos similares.

4. Aprender de lo ocurrido. Los más de dos años de importantes rebajas en el transporte público han sido un experimento inédito y del que debería sacarse todo el provecho e información posible, investigando cómo ha modificado los patrones de movilidad de la población, para ser más eficaces en las medidas que se planteen en un futuro.

Entre otras cuestiones, es necesario conocer si se ha reducido el uso del coche a favor del transporte público, si esto ha variado según los niveles de renta o si en algunos casos la reducción de precios del transporte público ha reducido la movilidad activa en detrimento de la motorizada.

Por tanto, es imprescindible la realización de estudios completos, de forma pública y transparente, de modo que sus conclusiones sirvan para intervenir de la forma más sostenible y justa socialmente en el sistema de transporte público a todos los niveles de la Administración.

5. Más transporte público, menos emisiones (menos coches y aviones). Todas estas medidas se deben combinar con mejoras en el transporte público (frecuencias, recuperación de los trenes nocturnos, mejoras en la calidad y fiabilidad del servicio y sistemas a demanda en zonas rurales) al tiempo que se sigue una política de restricción al uso del automóvil y de limitaciones al avión, los dos medios de transporte con mayor impacto ambiental. Las soluciones que se adopten no deben olvidar que estamos en una situación de emergencia climática.

Se puede reducir el uso del coche con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones exigentes, poniendo límite a los aparcamientos solo para residentes o con la creación de Consorcios o Autoridades de Transporte en aquellas zonas metropolitanas que carecen de este instrumento de gestión, entre otras muchas opciones.

En el ámbito aéreo, se deben prohibir los vuelos con alternativa terrestre de menos de cuatro horas, cobrar el IVA en los billetes de avión, poner impuestos al queroseno, o crear una Tasa a los Vuelos Frecuentes, entre otras medidas.