Redacción •  Vivienda •  29/06/2023

El PSOE suprime la congelación de los precios del alquiler levantando críticas desde Sumar y sindicatos en defensa de una vivienda digna

  • Sindicatos de inquilinos e inquilinas advierten de la medida aumentará el precio de las rentas y los desahucios, teniendo en cuenta que las CCAA gobernadas por PP/Vox no tienen intención de declarar zonas tensionadas y controlar los precios.
  • Lo que sí se mantiene es la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.
El PSOE suprime la congelación de los precios del alquiler levantando críticas desde Sumar y sindicatos en defensa de una vivienda digna

El PSOE ha suprimido la prórroga automática de los contratos que se puso en marcha en el paquete de medidas anticrisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, en diciembre de 2022 por un plazo de seis meses.

Otras medidas puestas en marcha en el mismo paquete anticrisis, como el IVA reducido del precio de los alimentos si se mantienen a partir del 1 de julio.

En diciembre de 2022, el Gobierno de coalición aprobó “una prórroga extraordinaria del plazo de los contratos de arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor”. Seis meses que acaban este 30 de junio.

Esto no afecta al tope del 2% (3% en 2024) para la revisión de rentas, que se mantiene en virtud de la Ley de Vivienda recientemente aprobada.

La medida unilateral aprobada por el PSOE ha sido criticada por la nueva responsable del área de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, que advierte de sus duras consecuencias;

En este contexto, la socialista Meritxell Batet ha sido criticada por sus declaraciones de ayer: «La mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler»;

Críticas desde los sindicatos de inquilinos e inquilinas

Sindicatos de inquilinos e inquilinas avisan que es de prever que se disparen las rentas de quienes tienen que firmar un nuevo contrato se desahucie a quienes no pueden pagar las nuevas condiciones que exijan sus caseros.

La prórroga de los contratos era una de las medidas que reclamaban los sindicatos de inquilinos e inquilinas, sobre todo porque las comunidades autónomas gobernadas por las derechas no tienen intención de declarar zonas tensionadas, el vehículo necesario para aplicar controles de precios ahí donde estos están más disparados.

El Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid llama a organizarse y convoca a una asamblea el 30 de junio a las 18:30 en el Ateneo La Maliciosa, a fin de consensuar estrategias.

“Esta medida fue aprobada como una forma de congelar los alquileres hasta la puesta en marcha de la regulación de precios. A pesar de que la Ley de vivienda está en vigor, la regulación de precios aún no ha entrado en vigor en las comunidades autónomas”, apunta el Sindicat de Llogateres. “Esto significa que, debido a los trámites necesarios, la regulación de alquileres no será una realidad hasta dentro de unos meses. Además sólo Catalunya ha declarado que la va a aplicar y muchas otras comunidades se están negando a hacerlo”.

Y sigue; “se va a producir una oleada de expulsiones. Caseros y fondos que no quieran renovar contratos de alquiler van a poder subir el precio antes de que la regulación sea efectiva. Por lo tanto, veremos una subida en el precio de los alquileres y más desahucios en pleno julio, precisamente lo que pretende combatir la Ley de Vivienda”.

Además, en un comunicado conjunto, los sindicatos critican que no ven “coherencia legislativa” y que se “ha cedido a la presión por parte de la patronal inmobiliaria para deshacerse de estas medidas y permitir que los caseros sigan especulando sin ningún límite”.

El Secretario General del PCE y candidato nº 1 de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, advirtió de que la medida va a aumentar la carestía, que va a afectar en especial a las familias más vulnerables;

Por su parte, Ada Colau avisó de que se trataba de «una medida fundamental para evitar subidas abusivas», y que «Barcelona es la ciudad más afectada de todo el estado»;

“Ignoro esas críticas”, ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No ha habido ese tipo de propuestas” durante la tramitación, ha asegurado.

“Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre y desasosiego porque se han tomado medidas, como la Ley de Vivienda que irá desplegando sus efectos”, ha indicado Calviño. También ha apuntado que la Ley ya pone topes a las revisiones de rentas, del 2% este año, del 3% en 2024 y, a partir de 2025, en función de un índice que aún tiene que elaborar el Instituto Nacional de Estadística. También, ha justificado que la nueva legislación ya contempla que las personas en situación de vulnerabilidad puedan prorrogar sus contratos por un año.

Se mantiene la suspensión del procedimiento de desahucio

Desde julio se mantiene que no puede haber desahucios en el caso de personas en situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Esta medida también está recogida en la Ley de Vivienda pero, según ha argumentado Calviño, se ha incluido en el paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros porque las comunidades autónomas “no han dispuesto de tiempo suficiente para poner en marcha mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas” habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad.


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