PT de Brasil rechaza prisión domiciliaria para delator de Lula

En septiembre de 2016, Palocci fue condenado por el exjuez Sérgio Moro, quien capitaneaba los procesos de la operación anticorrupción Lava Jato en Curitiba, estado de Paraná, a 12 años, dos meses y 20 días de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Sin embargo su condena, por decisión mayoritaria, fue reducida la víspera a nueve años y 10 días en arresto domiciliario y con tobillera electrónica.

Dos de los tres jueces que analizaron su apelación en un tribunal de Porto Alegre, capital del estado Río Grande del Sur, votaron a favor. Solo el magistrado Víctor Laus se pronunció en contra.

Al respecto, Hoffmanns dijo: ‘Es lo que ha ocurrido, los bandidos confesos mienten para conseguir la libertad y quedarse con parte del dinero robado’.

Absurdo completo Palocci ir a casa y Lula seguir preso, esa es la obra del Moro. Dónde está la justicia, cuántos ladrones Moro ya liberó, recalcó.

La senadora lo resumió en una frase: ‘obra de Moro’, en referencia al exmagistrado y futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno electo de Jair Bolsonaro.

A una semana de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, Moro sacó a la luz pública el secreto de la delación de Palocci en la que él hace acusaciones contra Lula, preso desde hace siete meses por supuestos actos de corrupción, y la depuesta presidenta Dilma Rousseff.

Palocci emergió como uno de los ministros más influyentes durante el primer Gobierno de Lula (2003-2010) hasta que renunció por un escándalo de corrupción. Luego volvió al poder como arquitecto de la campaña que llevó a Dilma a la presidencia y se convirtió en jefe de Gabinete.

Después presentó su dimisión tras la oposición acusarlo de haberse enriquecido ilícitamente a través del tráfico de influencias cuando dirigió, entre 2006 y 2008, la empresa Projecto, que ofrecía asesoría a firmas privadas.

Investigadores indican que el exfuncionario fue hallado culpable de haber acordado ‘sobornos entre el grupo empresarial Odebrecht y agentes del PT’, y participó del pago ilegal y posterior lavado de más de 10 millones de dólares para financiar campañas políticas.

En abril llegó a un acuerdo de cooperación con la Policía Federal y su testimonio podría alimentar nuevas investigaciones y conducir a arrestos en el caso Lava Jato.

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